ONG presentarán a la CIDH informe sobre derechos de los inmigrantes

viernes, 13 de abril de 2007
México, D F, 12 de abril (apro)- Organismos civiles presentarán al relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en México, Valentín Meléndez, un informe sobre la situación de las garantías fundamentales de los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados en el país El informe presenta una visión de lo que actualmente acontece con el fenómeno migratorio, cuya política está a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) Dice el texto que aunque la normatividad establece que en las estaciones migratorias se respetarán los derechos humanos, la organización Sin Fronteras reportó diversas irregularidades en las condiciones de aseguramiento en la estación del Distrito Federal, tales como el hacinamiento; separación de familias; malas condiciones de limpieza e higiene; y, mala atención médica En Tapachula se reporta una situación similar Además, ahí no cuentan con personal de trabajo social, lo cual es apremiante, pues con el cambio de procedimiento en las deportaciones los adolescentes no acompañados son llevados a dicha estación migratoria Se identificó violencia psicológica, verbal y sexual en contra de los inmigrantes detenidos En Tapachula un adolescente denunció que fue violado por un policía auxiliar; otros afirmaron que fueron víctimas de robo, extorsión y abuso de autoridad durante la verificación migratoria y la detención Desde el año pasado las autoridades migratorias dieron a conocer la propuesta de reformar las normas que rigen las estaciones Dicha propuesta restringe el trabajo de las organizaciones en monitoreo o representación legal La justificación que han sostenido el INM y la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos es que "existen personas que ingresan a las estaciones que se aprovechan de los inmigrantes" Desde finales de 2006 la organización Sin Fronteras y el equipo de abogados de la Clínica de Internes Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) han tenido dificultad para ingresar a la estación migratoria del Distrito Federal, además de que como requisito de entrada se les han tomado fotografías y huellas dactilares, sin que eso esté establecido en las normas vigentes El informe denuncia que las autoridades que administran las estaciones migratorias ejercen sus funciones con estándares mucho más bajos de respeto a los derechos humanos que aquellos que operan en los penales de máxima seguridad, particularmente en relación al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y el derecho al debido proceso, por lo que demandan la armonización legislativa y estándares internacionales Sostienen que los extranjeros asegurados desconocen los motivos por los que se produce el aseguramiento; el tiempo que durará el procedimiento; el tipo de procedimiento que se les sigue y los motivos para el mismo; el motivo por el que se les toman fotografías, el uso o destino de las mismas; y, los derechos con los que cuentan durante el procedimiento El informe igualmente puntualiza que en el momento de la detención las personas no son informadas sobre su derecho a la protección consular, y aun cuando los propios inmigrantes tienen conocimiento de ello, no pueden establecer esa comunicación por la falta de sus números telefónicos o por la falta de recursos para adquirir tarjetas telefónicas Denuncia, así mismo, la ausencia de una legislación en materia de asilo, refugiada y apátrida Por todo lo anterior, solicitan a la CIDH sus gestiones ante el gobierno mexicano para actuar con sensibilidad respecto al fenómeno migratorio y derogar totalmente la criminalización de la migración; eliminar las prácticas ilegales que impiden el acceso de las organizaciones de derechos humanos a las estaciones migratorias Así mismo, que cese la actuación de la Policía Estatal Fronteriza y se verifique que no invada esferas de competencia de autoridades estatales ni federales; aprobar la legislación en materia de trata de personas para que las autoridades tengan la facultad de investigación de los delitos y se asuman medidas de prevención y protección para las victimas, y estudiar la posibilidad de tener una ley especial en materia de asilo que le permita estar separada de la legislación migratoria para brindar certeza y legalidad a las actuaciones que versan sobre el reconocimiento de la condición de refugiado y propicie soluciones duraderas a su favor

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