Se exige a Calderón cancelar proyecto turístico de Roberto Hernández en Jalisco

martes, 24 de abril de 2007
México, D F, 23 de abril (aparo)- El Consejo para la Defensa de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, en el estado de Jalisco, exigió hoy al presidente Felipe Calderón detener el proyecto turístico que construye la familia del magnate Roberto Hernández en la región con una autorización "ilegal" de Vicente Fox en su último día de gobierno El asesor legal del Consejo para la Defensa de la Biosfera Chamela-Cuixmala, Alberto Székely, demandó que se proceda penalmente contra quienes resulten responsables de la autorización del proyecto que afectará la reserva Como parte de las acciones que el consejo realiza para exigir la cancelación del desarrollo turístico, el próximo miércoles 25, se realizará un recorrido con medios de comunicación al sitio de la reserva y los lugares que están siendo afectados por el proyecto El objetivo, es continuar realizando actos de presión para que se cancelen los proyectos turísticos, IEL La Huerta y Tambora, autorizados por Vicente Fox de "manera ilegal", durante el último día de su gobierno y que aparecen a nombre de la hija del banquero, María de los Ángeles Hernández de Bosoms, y de su marido Luis Bosoms Crexill (Proceso 1589) Las autorizaciones "ilegales", explicó el abogado Alberto Székely, las expidió la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de Ricardo Juárez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), a pesar de que ambos proyectos presentaron Manifestaciones de Impacto Ambiental irregulares Con estas acciones, también se pretende evitar que la actual administración de Felipe Calderón, autorice el proyecto Rancho Don Andrés, mismo que según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), se tiene proyectado ubicar cerca del IEL La Huerta y Tambora, afectando también a la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala Entrevistados por Apro, Los biólogos Álvaro Miranda, coordinador de la fundación Chamela-Cuixmala; el doctor Luis Bojórquez, experto ambientalista; y el biólogo Gerardo Ceballos González, Premio Nacional de Biología, explicaron que desde sus inicios se opusieron a la autorización del proyecto El 20 de julio de ese mismo año, a nombre del Consejo, presentaron un escrito en la DGIRA, en el que con "abundantes argumentos técnicos, científicos y legales", demostraron que la MIA era violatoria de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; del reglamento de la misma en materia de Impacto Ambiental y, del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial vigente en la región Explicaron que la ejecución de los dos proyectos trae consigo impactos que desencadenarán efectos adversos múltiples y simultáneos, directos e indirectos y peligrosos que pueden agruparse en tres tipos: --Ecológico, por la deforestación, pérdida de los servicios ambientales, e impacto en el funcionamiento y estructura del ecosistema y especies asociadas, en especial las endémicas y en riesgo --Social, por el crecimiento poblacional, con sus presiones sociales y ambientales, especialmente hacia la demanda de agua --Salud, por el incremento en residuos sólidos al no existir los rellenos sanitarios adecuados

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