México, D F, 24 de abril (apro-cimac)- El Foro Laboral del Obrero Campesino AC (FLOC, integrante de la central AFL-CIO) dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó la petición de medidas cautelares, luego del brutal asesinato del sindicalista agrario Santiago Rafael Cruz, ocurrido en Monterrey, Nuevo León, el 9 de abril Por ello la CIDH solicitó al gobierno de Felipe Calderón "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" del personal del FLOC en México, y mantenga informada a la comisión acerca del proceso judicial para investigar y castigar a los culpables del asesinato de Santiago, destacó el foro en un comunicado La carta de aprobación firmada por la oficina del secretario ejecutivo de la CIDH, dirigida a FLOC, estipula que el gobierno mexicano cuenta con siete días para aplicar las medidas a partir del 23 de abril Sin embargo, el FLOC aún espera el contacto del gobierno federal para negociar las medidas cautelares necesarias y que éstas sean aplicadas a la brevedad Insistió en que es urgente que al personal del FLOC en Monterrey le sean otorgadas todas las medidas de seguridad necesarias, y su oficina fortalecida contra cualquier eventual ataque El caso Santiago Rafael El asesinato de Santiago Rafael Cruz ocurrió luego de más de dos años de ataques en los medios, amenazas de deportación, robos e intimidación violenta hacia los miembros del FLOC en Monterrey El FLOC cree que el asesinato fue un ataque político contra el sindicato, ya que en 2004 la organización ganó un histórico convenio con la Asociación de Agricultores de Carolina del Norte para representar a unos 10 mil trabajadores agrícolas que viajan cada año desde México a Carolina del Norte --con visas H2-A de trabajador huésped-- para cosechar tabaco, pepinos, papas dulces y árboles de Navidad El convenio eliminó la corrupción del sistema de reclutamiento de estos trabajadores en México, poniendo en riesgo los intereses económicos de los contratistas corruptos en áreas rurales, quienes abusaban de los trabajadores cobrándoles cientos de dólares para encontrarles trabajos en Estados Unidos Dice el comunicado que Baldemar Velásquez, secretario general del FLOC, insiste en que este nuevo acontecimiento debe ser tomado con precaución: "Aunque aplaudo a la CIDH por obligar al gobierno federal mexicano a que proteja nuestro personal y tome en serio el caso de Santiago, estoy preocupado por los pasos lentos e incompletos por parte de las autoridades de Nuevo León, en cuanto a la averiguación previa "La semana pasada nuestros abogados se reunieron nuevamente con la oficina del secretario de Gobierno de Nuevo León", continuó Velásquez, "y es evidente que las autoridades aún no consideran el móvil económico-político detrás del asesinato de Santiago" Es importante recalcar, finaliza el comunicado, que las organizaciones demandantes de las medidas cautelares seguirán velando para que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones de investigar el asesinato de Santiago, identifique y sancione a los responsables, y adopte las acciones necesarias de no repetición de este tipo de atentados en contra de los defensores de derechos humanos laborales