México, D F, 6 de abril (apro)- A cinco años de la expropiación de 27 ingenios azucareros por el gobierno panista de Vicente Fox, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha detectado no sólo quebrantos millonarios a la nación, sino que, además, no ha podido verificar la comercialización de cientos de toneladas de azúcar De acuerdo con el informe de la revisión de la Cuenta Pública de 2005, en la que el auditor superior, Arturo González de Aragón, realizó un análisis especial del proceso --a petición de los legisladores de PRI y PRD, dentro del millonario coto fiscal que tendrá para los mexicanos el proceso de expropiación--, destacan dos mil 368 millones de pesos, los cuales fueron a parar a un nuevo organismo encargado de la operación de los ingenios y comercialización del producto Este organismo, Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) creó, a su vez, dos organismos más: la Promotora Azucarera Sociedad Anónima (PROASA) y el Fideicomiso Comercializador (FICO), encargados de operar los 27 ingenios expropiados, comercializar las más de 800 mi toneladas de azúcar que estaban en bodegas de los ingenios al momento de ser expropiados por el gobierno, y vender toda la producción de las zafras a partir de 2001 y hasta la de 2005 Pero el auditor superior no pudo revisar las cuentas de estas empresas durante los años 2001 y 2002, ya que el gobierno federal se negó a entregarles la documentación argumentando ser organismos que no dependían del gobierno o fueron registrados como "fideicomisos privados" A pesar de que dichas empresas se formaron con recursos federales y administraron recursos del gobierno federal, se prohibió a auditor revisar sus cuentas El problema es que el FICO no sólo se encargó de comercializar las 800 toneladas que había en los ingenios y las de las subsiguientes zafras, sino que tiene entre sus facultades "encomendar a terceras personas" la venta del producto Los cañeros del país, agrupados en la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA) perteneciente a la Confederación Nacional Campesina (CNC), desconocen dónde quedaron las 800 toneladas de azúcar, en cuánto se vendió y quiénes comercializaron las toneladas de las nuevas zafras Lo anterior no fue registrado por González de Aragón en la revisión de la Cuenta Pública de 2005, ya que sólo analiza la operación de los ingenios, sus pérdidas y lo que le costará a la nación todo el proceso Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública de 2003, el auditor sí hace notar que la conformación de FICO, el fideicomiso comercializador, "se ha utilizado de manera indebida para comercializar el azúcar" Apunta: "El FICO y los ingenios expropiados han efectuado la comercialización del azúcar al margen de las normas que rigen al sector público, asignando contratos de comercialización sin ajustarse a la ley, fijando precios de azúcar de manera discrecional" La expropiación a los 27 ingenios se realizó el 3 de septiembre de 2001 Sin embargo, entre 2004 y 2006 el gobierno federal tuvo que regresar 14 ingenios a sus dueños originales e, incluso, indemnizarlos, ya que las autoridades judiciales determinaron que la expropiación no cumplió su principal objetivo: "la utilidad pública" Pero antes de que esto ocurriera, el gobierno de Fox decidió a quién y en cuánto vender el azúcar, pero además le dio a un tercero la autoridad para realizar las ventas Estas operaciones son justamente a las que no hace referencia la ASF, por lo que los cañeros desconocen quién y en cuánto se vendió el producto La sospecha siempre ha recaído en Lino Korrodi, el amigo de Fox y ligado al corporativo Continental, que posee la franquicia de la Coca Cola en México José Cruz, asesor de la UNPCA, dijo que los cañeros han sospechado siempre que la expropiación se realizó para beneficiar a los grandes corporativos refresqueros, pues curiosamente los dos ingenios que tiene Continental no fueron expropiados La conclusión en 2003 del auditor fue que el fideicomiso comercializador asignó contratos de venta que no se apegaron a las leyes y fijó precios de manera "discrecional" Además, sostiene que el FICO "se ha utilizado de manera indebida para comercializar el azúcar"