México, D F, 24 de mayo (apro-cimac)- A pesar de que la procuraduría general de Justicia del estado de Veracruz dio por cerrado el caso de Ernestina Ascencio Rosario, con la conclusión de que murió por causas naturales, Amnistía Internacional (AI) exigió a las autoridades estatales que reabran la investigación para disipar las contradicciones que existen en los resultados entregados por de las diversas instancias que intervinieron en la indagatoria En su informe anual de 2007, el organismo internacional sostuvo que para el organismo el asunto de la indígena náhuatl presuntamente ultrajada por elementos del ejército "no está resuelto" El caso de Ernestina Ascencio ocupa un lugar preponderante en el informe de AI, capítulo México Según Amnistía Internacional, la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo vino a enturbiar la investigación, lo que, en su opinión, puede restarle en cierta medida de credibilidad al organismo "La actuación de la CNDH pareció haber reemplazado la función del Ministerio Público y convalidó la actuación militar Si la CNDH no garantiza su independencia e imparcialidad puede perder credibilidad", indicó Durante la presentación del informe, las diputadas perredistas Maricela Contreras Julián, Valentina Batres Guadarrama y Alliet Bautista, integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, entregaron a AI una carpeta con los resultados de la investigación del caso de la anciana náhuatl que llevaron a cabo, por separado, la procuraduría general de Justicia de Veracruz y la CNDH Según la legisladoras, la carpeta informativa se hará llegar también a al Alto Comisionado de la ONU en Nueva York, Human Right Watch y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) En su calidad de presidenta de AI en México, Liliana Velásquez Ramírez, comentó que esa información la pondría en manos de investigadores de AI en Londres, a fin de que éstos la evalúen y rindan un dictamen Comentó también que los abusos cometidos contra mujeres por parte de los militares, como en el caso de Ernestina, quien presuntamente habría sido ultrajada por elementos del ejército, son responsabilidad del presidente Felipe Calderón porque, en su calidad de Jefe de Estado, está usando y ordenando al Ejército que entre a las comunidades y combata al narcotráfico Indicó, así mismo, que Calderón debe buscar las medidas necesarias que para proteger a las personas potencialmente susceptibles de ser agredidas por los soldados Velásquez Ramírez se pronunció también por un cambio en la legislación castrense para que los miembros de las fuerzas armadas que cometan delitos contra civiles, sean juzgados en los tribunales civiles Con ello, dijo, se daría una muestra de imparcialidad y de que los tribunales militares están abiertos a que sean juzgados cuando cometen abusos de derechos humanos