México, D F, 12 de junio (apro)- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Instituto Federal Electoral (IFE), como el resto de los órganos autónomos, carece de facultades para interponer una controversia constitucional En una votación dividida de seis a cinco, el pleno de ministros dio por bueno el recurso de reclamación presentado por la Cámara de Diputados por la decisión previa de la propia Corte de admitir la controversia planteada por el IFE en contra del órgano legislativo La SCJN dedicó dos sesiones para resolver en contra del Instituto, que se había inconformado por la decisión de los diputados de recortarle 720 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de 2007, pero con la advertencia de no reducir las prerrogativas de los partidos para este año El IFE consideró que con esta prohibición el Legislativo invadió sus atribuciones, por lo que presentó su solicitud de controversia constitucional El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo admitió la petición, pero en febrero pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño, presentó el recurso de reclamación La resolución en favor de la Cámara de Diputados se decidió por un cambio en el sentido de voto de la ministra Margarita Luna Ramos, quien en una discusión en la Segunda Sala de la Corte sobre el mismo tema, a fines del año pasado, favoreció que el máximo tribunal aceptara las controversias Pero en su intervención de este martes, aclaró que con esa posición pretendía que el tema se discutiera en el pleno del máximo tribunal y no se resolviera a nivel de las salas de la Suprema Corte En contra del IFE también votaron los ministros Sergio Salvador Aguirre, Fernando Franco, Mariano Azuela, Sergio Valls y el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia Esos ministros rechazaron el proyecto de su colega Genaro Góngora Pimentel, quien favorecía darle a los órganos autónomos establecidos en la Constitución, como el IFE, la facultad de presentar controversias constitucionales Apeló a un concepto moderno del Estado en lugar de la división clásica de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para establecer que entidades como el IFE, el Banco Central y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que están establecidos en la Constitución deben ser consideradas como poderes Al darles esa categoría cumplirían el requisito establecido en el artículo 105 de la Constitución, en el que se establece quiénes pueden recurrir a las controversias constitucionales: los tres poderes a nivel federal y estatal, los municipios y los órganos de gobierno del Distrito Federal Los ministros opuestos al proyecto señalaron que esa interpretación equivalía a legislar Incluso, Ortiz Mayagoitia, señaló que aceptarla provocaría "un desajuste al diseño constitucional" En el artículo 105 de la Constitución, explicó, se indican quiénes pueden presentar controversias y quiénes acciones de inconstitucionalidad, pero en ningún caso una entidad está facultada para presentar los dos recursos Rechazó que exista un "vacío constitucional" en el tema, como dijo el ministro Juan Silva Meza, sino que hay una voluntad del Legislativo de no darle la facultad de controversias constitucionales a los órganos constitucionales autónomos En el caso de la CNDH se ha establecido que sí puede presentar acciones de inconstitucionalidad e incluso actualmente hay una iniciativa de reforma constitucional para que el IFE pueda promover acciones de inconstitucionalidad, pero no controversias constitucionales Si la Corte le da al IFE esa facultad, añadió, se crea una norma constitucional "donde no hay vacío" legal En la sesión del lunes, los ministros contrarios al proyecto dijeron que de admitir el recurso del IFE la Corte iría más allá de sus facultades, se convertiría en un "poder supremo modernizador" e incluso haría una reforma del Estado "por la puerta falsa" De haberle dado esa facultad al IFE, los tribunales agrarios y contenciosos, las universidades públicas y el INEGI ?que están reconocidos en la Constitución cono entes autónomos? habrían sido habilitados también para promover controversias constitucionales