México, D F, 26 de junio (apro-cimac)- La nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) promueve la discriminación y la pobreza de las mujeres, dijo la diputada federal perredista Rosario Ortiz, en contra de lo señalado por la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien aseguró recientemente que fue promovida para mejorar las prestaciones de las y los trabajadores y para capitalizar a la institución El 54 por ciento de los cerca de dos millones de trabajadores que laboran para el Estado mexicano son mujeres; es decir aproximadamente 1 millón 300 mil, todas derechohabientes del ISSSTE, y al ser mayoría se genera un impacto mayor en ellas y un proceso de discriminación, añadió Ortiz, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la actual Legislatura Anteriormente, la ley del ISSSTE no establecía una edad mínima para jubilarse La o el trabajador debía cumplir 28 años laborando en la empresa para poder hacerlo, señaló, por su parte, José T Cardoza Olivas, abogado laborista y académico de la Universidad Obrera de México Explicó que la nueva ley establece ahora que las mujeres deben cumplir 58 años de edad para poder jubilarse, lo que implica que si una mujer ingresa a los 18 años a laborar a una entidad, debe esperar hasta cumplir 58 años de edad para poder retirarse; es decir, debe trabajar 12 años más Dijo que la antigua Ley del ISSSTE establecía en su artículo 3 servicios integrales de retiro a pensionados y jubilados y servicios que contribuían a mejorar la calidad de vida del servidor público y sus familiares derechohabientes, que en la nueva ley ya son prestaciones olvidadas Al respecto, Ortiz Magallón señaló que la mitad de las mujeres afiliadas al ISSSTE recibe un salario de entre 3 mil 500 y 4 mil pesos mensuales, por lo que "la aportación que van a poder hacer a través del Pensionissste (nueva empresa encargada de las pensiones) será mínima y el ahorro individual cuando termine su vida laboral, va a ser tan poco que su pensión no va a lograr cubrir los dos salarios mínimos que establecía la antigua Ley del ISSSTE, la cual se encuentra actualmente abrogada (excepto los artículos 16, 21, 25 y 90 BIS B)" Como consecuencia, indicó, hay un problema para las mujeres trabajadoras al servicio del Estado, pues "van a enfrentar un proceso de pobreza durante su jubilación" A lo anterior, señaló, "se suma que la población femenina vive más años que los hombres, lo que implica que, para cubrir los 75 años de vida que tenemos hoy las mujeres, si nos jubilamos a los 58 años de edad como lo establece la actual ley y no a los 28 años laborales como lo sustentaba la antigua ley, tenemos que hacer que nuestros ahorros nos alcancen para vivir 75 ó más años" Ortiz aseguró que la mayoría de las mujeres que trabajan al servicio del Estado están en el área administrativa y como maestras Entonces, dijo, serán ellas las que van a enfrentar de manera más grave su vejez, con un nivel de ingreso por debajo de lo que abarca la actual ley de los salarios mínimos Además, señaló que el punto central de la ley ?que ha generado marchas y protestas-- es que elimina el derecho de la jubilación que, en la realidad, es una obligación del Estado con las y los trabajadores "Esto significaba que yo podía trabajar cumpliendo con lo que marcaba la ley y el gobierno me tenía que pagar mi jubilación hasta que muriera Con esta reforma, el gobierno federal se deslinda de toda responsabilidad de garantizarme como trabajadora o como trabajador mi jubilación" Lo anterior, añadió, implica que ahora, de manera individual, las trabajadoras tendrán que ahorrar sus propias bolsas de pensiones, y cuando terminen su vida laboral, de lo que ahorraron dependerá lo que puedan tener como pensión Es decir, dijo, se pierde un derecho asentado en el artículo 123 de la Constitución, además de que se están violando convenios internacionales que el gobierno ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo, y se modifica a través de una ley secundaria un derecho constitucional que es la jubilación Además, de acuerdo con Cardoza Olivas, la nueva ley viola la fracción XI del Apartado B del artículo 123 Constitucional, pues no incluye: las enfermedades no profesionales; tiendas económicas, centros para vacaciones y para recuperación; habitaciones baratas, en arrendamiento; que el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda, y financiamiento, que permita otorgar a las y los trabajadores crédito barato y suficiente Luego de que la reforma a la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo, el Consejo de la Judicatura Federal tiene registrado en su página de internet 167,327 amparos No obstante, de acuerdo con Alberto García, asesor de Rosario Ortiz en la Cámara de Diputados, se estima que actualmente hay entre 500 y 900 mil amparos, muchos de ellos están hechos por trabajadores de una sola organización Ortiz dijo que la judicatura tiene "muy cerrada la información" sobre el verdadero número de amparos que existen actualmente "No hemos podido acceder a datos desagregados Ni siquiera tenemos datos totales, porque cada amparo lleva un grupo de trabajadores Entonces, 167 mil no reflejan la cantidad de trabajadoras y trabajadores amparados", agregó Explicó que todos los amparos son consecuencia de que, además de lo anteriormente mencionado, se pierden derechos como la salud, pues "en la actual ley hay todo un marco para que se privatice la salud para los trabajadores del Estado" Afirmo que hay un vacío legal, pues las y los trabajadores que entren en el nuevo esquema no está planteado que reciban aguinaldo, ni que cuando haya un incremento salarial, lo reciban también de manera automática sobre su pensión Con estos vacíos que tiene la actual ley, de no pago al aguinaldo y no incremento a las aportaciones, "quiere decir que la bolsa de ahorro individual de las y los trabajadores va a ser mucho menor de lo que estaban obteniendo con la antigua ley del ISSSTE", concluyó