México, D F, 11 de julio (apro)- Las explosiones en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato y Querétaro, reivindicadas por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), obligaron al gobierno de la ciudad a reforzar medidas de seguridad en instalaciones estratégicas En tanto, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) condenaron los ataques a la paraestatal y los consideraron "una amenaza al Estado mexicano" Durante un recorrido por el Gran Canal, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, se reservó su opinión sobre la presunta presencia de grupos guerrilleros en la capital de la República; pero ante las recientes acciones en Guanajuato y Querétaro dijo que "no hay emergencia" en el Distrito Federal, y ofreció estar atento Entre las instalaciones estratégicas en las que se reforzará la vigilancia están la infraestructura hidráulica y de comunicaciones, así como las sucursales bancarias En tanto, el secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, confirmó que las corporaciones de seguridad de la ciudad están en "alerta" ante eventuales ataques de grupos guerrilleros en el Distrito Federal Al término de una reunión con empresarios interesados en invertir en el Centro Histórico, Ortega confirmó que después de los atentados del EPR en Guanajuato y Querétaro, se estableció comunicación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para reforzar la seguridad de las instalaciones estratégicas de la capital Así mismo, agregó, se estableció contacto con la Procuraduría General de la República (PGR) para coordinarse con la Policía Preventiva, que cuenta con 73 mil 500 elementos, entre agentes especializados en el manejo y desactivación de explosivos Las huellas del EPR El 21 de noviembre de 2006, dos años después de los linchamientos de policías federales en Tláhuac, el propio Joel Ortega responsabilizó de dichas muertes a miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), a pesar de que el entonces jefe de Gobierno, Alejandro Encinas y el exprocurador Bernardo Bátiz, aseguraron que no tenían elementos para secundar al secretario de Seguridad Pública De las investigaciones realizadas por el linchamiento de los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) Víctor Mireles, Cristóbal Bonilla y Edgar Moreno, el 23 de noviembre de 2004 --que derivó en la destitución de Marcelo Ebrard, entonces Secretario de Seguridad Pública, por el presidente Vicente Fox--, surgió una línea de investigación que involucraba a supuestos miembros del EPR asentados en San Juan Ixtayopan, en Tláhuac En las primeras indagaciones del linchamiento, el entonces subprocurador de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, aseguró que tenía evidencias de que desde 1994 grupos subversivos operaban en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco, Álvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Iztapalapa y Gustavo A Madero La ALDF condena los atentados Por otro lado, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), diputados del PRD, PRI y Nueva Alianza, Agustín Guerrero, Jorge Schiaffino y Xiuh Tenorio, condenaron los ataques a las instalaciones de Pemex en Guanajuato y Querétaro, mismos que consideraron "una amenaza para el Estado mexicano" Agustín Guerrero descalificó la violencia como una forma de reclamar la liberación de presos políticos, de confirmarse que detrás de los ataques estaría el EPR Reclamó al gobierno federal la falta de información sobre la operación de grupos armados en el país y sobre las pintas que se registraron cerca de las instalaciones atacadas Xiuh Tenorio ofreció el apoyo de su partido al gobierno de Felipe Calderón en las acciones que decida emprender contra los responsables, en tanto que Schiaffino puntualizó que el gobierno federal "no debe ceder a chantajes" de los grupos armados, y exigió mayor trabajo de los órganos de inteligencia para prevenir más atentados