Tuxtla Gutiérrez, Chis , 18 de julio (apro)- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) solicitó hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admita el caso contra el gobierno mexicano, por la muerte de 122 personas producto de la política contrainsurgente instrumentada de 1995 a 1999 en la zona norte de Chiapas, donde operó el grupo paramilitar Paz y Justicia En audiencia transmitida vía internet, ante el presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, los abogados del área jurídica del Frayba, Itzel Silva Monroy y Diego Cadenas Gordillo denunciaron que "muchas de estas ejecuciones fueron cometidas por el grupo paramilitar Paz y Justicia", El 21 de octubre de 2004, el Frayba pidió a la CIDH la apertura de caso en contra del Estado mexicano, al considerar que se violaron derechos contenidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos La petición fue etiquetada con el número 1121-04 Rogelio Jiménez y otros Si bien el Frayba abordó hoy ocho de los casos, el documento da cuenta de 122 personas ejecutadas y otras más desaparecidas por miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, que operó en municipios de la etnia chol y cuyos líderes se encuentran presos en el penal de El Amate sin que a la fecha se les haya dictado sentencia Ante el presidente de la CIDH, y el funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE), Marcelo Vega, como representante del gobierno mexicano, el Frayba insistió en la responsabilidad del Estado mexicano por haber promovido una política contrainsurgente en Chiapas, que ocasionó crímenes de lesa humanidad Según el Frayba, el caso Zona Norte-1121-04 Rogelio Jiménez y otros- incluye seis personas ejecutadas: Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Díaz, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López, Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Pérez Peñate; y dos casos de desaparición forzada: Minerva Guadalupe Pérez Torres y Mateo Arcos Guzmán Afirmó que todos estos crímenes fueron cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia en diversas fechas y lugares de la zona norte de Chiapas, en el contexto de "desplazamientos forzados" Estos ocho casos, son representativos de 122 documentados por este Centro de Derechos Humanos El Frayba demandó a dicha instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), declarar admisible el caso en contra del Estado mexicano, por ser responsable de violaciones a: derecho a la vida; derecho a la integridad personal; derecho a la libertad personal; garantías judiciales; derechos del niño; derecho a la propiedad; igualdad ante la ley, y derecho a la protección judicial En la audiencia, el Frayba documentó la falta de mecanismos eficaces en México para hacer justicia Dijo que respecto de la procuración de justicia, de los 122 casos registrados, sólo existen --hasta donde la información es disponible-- dos causas penales abiertas en etapa de juicio en contra de miembros de Paz y Justicia, por los homicidios de seis personas, tres de las cuales son parte de la petición a la CIDH: Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López y Mateo Arcos Guzmán De acuerdo con información proporcionada por la Fiscal Investigadora en Tuxtla Gutiérrez, Claudia Chacón, aún existen cuatro averiguaciones previas y una más recientemente consignada al juzgado por segunda ocasión, en el caso del homicidio de Héctor Pérez Torres El Frayba expuso que las investigaciones han excedido el tiempo razonable pues, en algunos casos, han transcurrido 11 años "A pesar de que los hechos denunciados son complejos dadas sus características, esto no justifica que las investigaciones se prolonguen tanto tiempo Incluso, no todas las indagatorias han sido turnadas al Poder Judicial, sino que simplemente se han quedado en averiguaciones previas", dijo Itzel Silva Monroy En el ámbito de la administración de justicia, consideró que los jueces han desestimado sistemáticamente el crimen organizado o la asociación delictuosa, lo que "hace imposible evidenciar judicialmente la acción del grupo paramilitar Paz y Justicia y sus vínculos con entidades gubernamentales, incluido el Ejército mexicano: se sigue mostrando negligencia por parte de las autoridades de administración de justicia" Afirmó que, como ejemplo de ello, se espera que en los próximos meses, el juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Walter Constantino Veleeshower, emita sentencia favorable contra algunos inculpados en la causa 110/2004, en la que son procesados algunos de los principales dirigentes de Paz y Justicia: Marcos Albino, Samuel Sánchez, Sabelino Torres y Diego Vásquez "Dentro de este juicio, se aportaron videograbaciones que contienen testimonios de uno de los comandantes de Paz y Justicia, pero el juez Primero no admitió la prueba sin haber motivado debidamente dicha negación", indicó El Frayba señaló que, en ninguno de los 122 casos, el Estado mexicano ha sancionado a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la zona norte de Chiapas pues, ni siquiera, reconoce que existan tales violaciones, ni ha otorgado la reparación de los daños a los familiares de las víctimas Afirmó que el Estado mexicano ha violado también el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas y sus familiares y no ha generado medidas de no repetición de una política contrainsurgente que, como entre 1995 y1999 derivó en desplazamientos, ejecuciones y desapariciones forzadas "En el Estado mexicano no hay un recurso necesario jurídico, rápido y sencillo que pueda garantizar los derechos de una persona en situación de desaparición forzada", dijo, por su parte, Diego Cadenas Gordillo Hizo referencia a un recurso jurídico sobre el cual la CIDH ya ha manifestado su ausencia en México, como lo es el habeas corpus, y que lo más cercano a ello es el juicio de amparo, que no salvaguarda los derechos de la persona desaparecida "En algunos de los ocho casos que consideramos, de los 122 en total, vemos que ya son 12 años de que ocurrieron los crímenes y aún no hay sentencias en ninguno de ellos", dijo Itzel Silva Se refirió a un videotestimonio de un exmiembro de Paz y Justicia, que fue presentado ante la PGR que, a su vez, turnó el caso a la FGE, donde el fiscal Marcelo Vega le tomó su declaración, "peor hasta ahí no ha pasado nada" Marcelo Vegas, fiscal especial de la FGE y representante del Estado mexicano en la audiencia, reconoció: "Hubo una inactividad procesal y eso es responsabilidad del Estado mexicano" Tras evaluar los argumentos del Frayba, en las próximas semanas la CIDH resolverá si declara o no admisible el caso, por medio del cual se podría declarar responsable al Estado mexicano