Los planes del Instituto Nacional de Salud Pública de construir unos laboratorios para apoyar a investigadores y profesionistas del ramo se quedaron truncos: durante la obra se incurrió en anomalías de planeación y construcción que hacen suponer el desvío de recursos Todo salió a la luz en una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control dependiente de la Secretaría de la Función Pública y en denuncias de los constructores afectados Curiosamente, los malos manejos se realizaron poco después del ascenso del exdirector del INSP a subsecretario de Salud federal l año pasado, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ?dirigido entonces por el actual subsecretario de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud, Mauricio Hernández Ávila? incurrió en numerosas irregularidades, entre otras un presunto desvío millonario de recursos en la construcción de los laboratorios del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINS) de Cuernavaca, Morelos El INSP es un organismo destinado a la investigación, y también a la preparación de académicos y profesionistas para prevenir y controlar enfermedades Cuenta con un campus en Cuernavaca y otro en el Distrito Federal Su Junta de Gobierno está compuesta por los titulares de la Secretaría de Salud ?en este sexenio José Ángel Córdova Villalobos?; y de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en este gobierno Julio Sotelo Morales; el director general de los Institutos Nacionales de Salud, actualmente Alberto Lifshitz Guinzberg; el director de Administración y Finanzas del INSP, en estos momentos Raúl Contreras Alcántara, y por el director del INSP, en la actualidad Mario Henry Rodríguez López, entre otros Su patronato lo integran presidentes y directores de empresas, como El Universal, Banco Nacional de México, Grupo Empresarial Olmeca, Editorial Diana, TV Azteca y Hoteles Misión Según el Informe de Rendición de Cuentas 2006 del INSP, los laboratorios se planearon con la finalidad de proporcionar "servicios analíticos y de soporte de calidad" a los investigadores y evitar concentraciones excesivas de materiales, equipos y personal Sin embargo, de acuerdo con una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control de la dependencia, los trabajos están inconclusos y durante su desarrollo han presentado fallas que hacen presumir el desvío de recursos La auditoría, avalada por el titular del Órgano Interno de Control, Gustavo Ávila García; la representante de la Auditoría Interna, Olga Sámano Botello, y el auditor interno Rafael Vargas, incluye 23 observaciones y recomendaciones sobre irregularidades encontradas en la construcción de los laboratorios del CINS desde junio de 2006 hasta el inicio del presente año Entre esas anomalías están la inexistencia del proyecto definitivo de la obra, errores de planeación y ejecución, violaciones a la Ley y el Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados, subcontrataciones ilegales, irregularidades en el contrato de adjudicación directa, incumplimiento de los convenios modificatorios y desvío de recursos Todo en menos de un año, durante el período en que se amplió el plazo y el monto del contrato Mala planeación El Informe de Rendición de Cuentas del INSP destaca que en mayo de 2006 se realizó una licitación pública nacional para la supervisión y la construcción de la unidad de Laboratorios del centro de investigación En lo que se refiere a la primera tarea se contrató a la empresa Supervisores Técnicos, SA de CV, por 639 mil 768 pesos, para el período del 18 de mayo al 18 de noviembre del mismo año Sin embargo, en la auditoría se documenta que la obra tuvo deficiencias de planeación, entre otras la falta de un proyecto ejecutivo Esto provocó un exceso de pagos extraordinarios del INSP que no fueron debidamente notificados al Órgano Interno de Control, así como la ampliación del plazo del contrato en 45 días porque no se concluía la obra También se detectó la carencia de varios permisos, como licencia de construcción, constancia de no afectación arbórea, autorización en materia de impacto ambiental, el texto donde se nombre al residente de la obra y solicitudes a la Coordinadora del Sector sobre los proyectos de la obra Estas lagunas documentales podrían derivar en sanciones a los responsables "por iniciar trabajos de obra sin contar con los permisos y licencias correspondientes", se dice en el texto de los auditores Y en lo que toca a la construcción de los laboratorios, entre el 29 de mayo y el 7 de noviembre se contó con los servicios de Grupo Inmobiliario Sinergia, SA de CV (GIS), por 28 millones 616 mil 642 pesos Según el documento, durante la obra también se incurrió en anomalías, como la aprobación de tres "estimaciones" por 1 millón 307 mil 430 pesos y otras seis por 3 millones 765 mil 550 pesos, así como 18 estimaciones extraordinarias por 24 millones 589 mil 850 pesos, todas las cuales "se incluyeron indebidamente como pasivos al cierre del ejercicio, señalando que no se encuentran efectivamente devengadas" El INSP también contravino la Ley de Obras Públicas al adjudicar directamente cuatro contratos por un monto total de 3 millones 573 mil pesos sin que ello estuviera autorizado en su Oficio de Inversión de 2006 Dichos contratos se firmaron para realizar la instalación hidráulica, drenaje en camino vehicular, guarnición y banquetas; para la acometida, desconexión y reubicación de un transformador de 500 KVA (kilovolts-amperes); adecuar y ampliar el "proyecto ejecutivo" de la obra, y para construir el contenedor de residuos CRETIB (corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológicos-infecciosos) "Esto ?se dice en la auditoría? derivado del derrumbe de un contenedor, del cual no se cuenta con los permisos correspondientes" El caso es que la ausencia de estos documentos nunca fue aclarada por el INSP y por ello se presume desvío de recursos Roberto Bracamontes, secretario técnico de GIS, dice en entrevista que el contenedor fue destruido porque la construcción era más grande de lo calculado en los planos y, como ya estaba avanzada, no pudieron modificar el proyecto Al final volvieron a construir el contenedor 20 metros más adelante A ello hay que agregar que, de acuerdo con la auditoría, el 30 de octubre el instituto adjudicó directamente a la constructora Textor el contrato DAF/FED/061/2006, por 1 millón 958 mil 335 pesos, para construir una bodega en las instalaciones, cantidad que rebasa el monto autorizado para ese fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación Así mismo, se realizaron los convenios modificatorios DAF/FED/MOD/042/2006 y DAF/FED/000/06 para que la empresa contratada continuara la construcción de la obra, pero se contrató a otras empresas para lo mismo Además, el proyecto y los términos de licitación de los nuevos convenios no reúnen los requisitos necesarios para aplicarse, ni se reporta en ellos qué modificaciones se hicieron al proyecto original Ampliación sospechosa La auditoría establece también que ya en 2007 se celebró un convenio de ampliación con la empresa Sistemas y Proyectos Anáhuac, pero no existen los documentos que lo justifiquen, no se describe el objeto de la ampliación que se realizó "y no hay evidencias de haberse sometido (el convenio) al Comité de Obras Públicas" En este caso, la auditoría señala un posible desvío de recursos por 10 millones 941 mil 195 pesos y advierte que tal vez se trata de un convenio no justificado Se cita, de la misma forma, el caso de Juan Montes de Oca y Violeta Echenique, responsables de la obra, quienes fueron contratados para actividades de "soporte técnico" de la Dirección de Administración y Finanzas del INSP, pero su trabajo difirió del descrito en sus contratos Al primero le hicieron siete pagos mensuales de 31 mil 624 pesos y a Echenique 10 de 15 mil 340 pesos La auditoría detalla que, el 3 de noviembre de 2006, GIS solicitó autorización para subcontratar a Textor para instalar muebles, muros, plafones y aire acondicionado, entre otros trabajos, con un costo de 7 millones 339 mil 198 pesos Luego, el 5 de diciembre, el exdirector del INSP Mauricio Hernández Ávila fue nombrado subsecretario de Prevención y Planeación de la Secretaría de Salud; en este contexto, el INSP amplió también el monto económico del contrato La subcontratación se llevó a cabo "con tal de autorizar el convenio modificatorio (para ampliar el plazo de la obra) y con la condición de que 60% del monto ampliado de 9 millones 378 mil 341 pesos se le otorgara a la empresa subcontratada llamada constructora Textor, SA de CV", asegura el ejecutivo de GIS Roberto Bracamontes Seis días después de esta subcontratación, el INSP autorizó prorrogar por 45 días el plazo para terminar la obra, pero al hacerlo violó el acuerdo original, debido a lo cual en la auditoría se presume "un posible desvío de recursos e incumplimiento a lo convenido en contratos" De cualquier forma, para febrero pasado la obra no estaba concluida y, "sin embargo, (ni) la persona que fungió como residente de obra ni la supervisora promovieron acciones para la aplicación de las penas convencionales, ya que contractualmente los trabajos debieron concluir en diciembre de 2006", resalta el documento de los auditores Más todavía, el INSP contrató a Juan Montes de Oca para que asumiera las funciones de residente de obra pero, aparte de no consignarlo por escrito, la auditoría señala que en los primeros meses de 2007 la Dirección de Administración y Finanzas del instituto realizó contrataciones por un total de 1 millón 444 mil 877 pesos a causa de "presuntas irregularidades que tuvo la obra porque Montes de Oca y (Violeta) Echenique no desempeñaron de forma eficiente y efectiva las funciones y actividades del residente" Además, en la bitácora de la obra no se hace referencia al contrato de obra denominado "Construcción de la Unidad de Laboratorios Centro de Nutrición" Por si fuera poco, al analizar ocho contratos de obra de 2006 y dos de 2007, los auditores encontraron desde descuidos y faltas de supervisión hasta incumplimientos de la Ley de Obras Públicas en el proceso de licitación Por su parte, las propuestas de GIS y Supervisores Técnicos evidenciaron "faltas de aspectos y requisitos" solicitados en las bases de licitación Tampoco se elaboró el acta de entrega de los trabajos ni el finiquito de cuatro contratos; de la misma forma, no se reportó el avance físico y financiero del convenio modificatorio en el sistema de la Secretaría de la Función Pública, como marcan las normas Denuncias y amenazas El ejecutivo de GIS Roberto Bracamontes comenta que las irregularidades comenzaron desde la firma del primer contrato para construir los laboratorios (número 12270003-002-06, por 28 millones 616 mil 642 pesos) porque el INSP aplazaba los tiempos de la construcción, y agrega que después sus trabajadores fueron "echados" de la obra sin que mediara ningún diálogo Relata que, el 23 de febrero pasado, el director de Administración del INSP, Raúl Contreras Alcántara, citó a Bracamontes con el pretexto de analizar algunos problemas del contrato y la construcción, pero una vez ahí, en presencia del notario público número 9 de Morelos, José Antonio Acosta Pérez, le notificó que estaban fuera de la obra y sacó a los empleados de GIS Desde entonces ningún representante de esta empresa tiene acceso a la obra y no le pagaron el trabajo realizado que, dice Bracamontes, asciende a 13 millones de pesos Ante esa situación, GIS ha interpuesto diversas quejas y denuncias en el área de responsabilidades del INSP; una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sala Regional Metropolitana; una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SPF), y una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República En esas denuncias, Bracamontes acusa de las irregularidades cometidas en perjuicio de su empresa al actual subsecretario de Salud, Mauricio Hernández Ávila (exdirector general del INSP); a su sucesor en el instituto, Mario Henry Rodríguez López; a Raúl Contreras Alcántara, director de Administración y Finanzas; a Jorge Arturo Morales Palomares, titular del Área Jurídica, y a Violeta Jaquelinne Echenique Magdaleno, adscrita al Departamento de Conservación y Mantenimiento "La obra se licitó sin tener un proyecto ejecutivo Según los planos originales, se trataba de un edificio de laboratorios en tres niveles; ahora es un edificio de dos niveles de oficinas y uno de laboratorios Se construyó una obra en un terreno ejidal sin regularización, pues el INSP carecía de permisos para la tala de árboles y (de otros) documentos legales A la fecha, el predio no está regularizado ni cuenta con licencias de construcción", agrega en la entrevista el secretario técnico de GIS El 1 de febrero pasado, el director general del INSP, Mario Henry Rodríguez, convocó a una junta extraordinaria con los representantes de GIS y Textor Estuvieron presentes, así mismo, los funcionarios responsables del proyecto de construcción de los laboratorios: Raúl Contreras, Jorge Arturo Morales y Violeta Echenique Ahí Rodríguez les pidió a todos que la obra se concluyera antes del 28 de febrero de 2007, y para ello se comprometió a liberar los recursos que se les retenían a las empresas Sin embargo, el abogado de GIS, Pablo Sánchez ?integrante del Jurídico Santri y Asociados?, afirma en entrevista que "hasta el día de hoy (los directivos del INSP) no han pagado un solo peso de esa promesa, a pesar de los múltiples requerimientos que se le hicieron, tomando en cuenta que todas las estimaciones se entregaron, con sus respectivas facturas, desde diciembre de 2006" Tanto el abogado Sánchez como Bracamontes afirman que la contratación de la empresa Sistemas y Proyectos Anáhuac, propiedad de Jesús Torres García ?cuya justificación documental no encontraron los auditores en su análisis?, tiene el objetivo de "limpiar todas las anomalías administrativas de la obra y fabricar pruebas de último momento" El 2 de enero de 2007, mediante el oficio número DAF/0001/2007, el INSP notificó a GIS el inicio del procedimiento administrativo de rescisión de contrato A casi siete meses de iniciado, "el proceso de rescisión no ha concluido", comenta Bracamontes Para Sánchez, "lo preocupante es que a la fecha no ha sido posible concluir la obra, debido principalmente a que el INSP le debe a GIS más de 20 millones de pesos, de los cuales 13 millones 166 mil 204 pesos corresponden a una retención que hasta el momento (el instituto) no ha justificado, contraviniendo la Ley de Obras Públicas y Servicios" El 3 de mayo, GIS recibió una notificación de la SFP para asistir obligatoriamente, junto con el titular del Órgano Interno de Control del INSP, a una audiencia conciliatoria Sin embargo, las partes no se pusieron de acuerdo l