El presidente colombiano Álvaro Uribe anunció una iniciativa de ley que otorgaría estatus político a los paramilitares, responsables de delitos de lesa humanidad y de actividades de narcotráfico Criticada por la opinión pública colombiana y por la comunidad internacional, la iniciativa provocó un enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia En el fondo, Uribe parece ceder a las presiones y chantajes de los principales jefes paramilitares, quienes amenazan con revelar información sobre el presidente que podría "desestabilizar al país" BOGOTÁ- En forma inesperada, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, propuso tramitar una ley para otorgar el estatus de "delincuentes políticos" a 18 mil paramilitares que se sometieron al proceso de paz iniciado en 2005 El anuncio de tal iniciativa desencadenó una tormenta política y provocó incluso un enfrentamiento entre Uribe y la Corte Suprema de Justicia, la cual en los últimos tres meses ordenó el encarcelamiento de 15 legisladores afectos al gobierno debido a sus vínculos con los grupos paramilitares de las autollamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y tiene en la mira a otros 10 congresistas De abrirse paso el planteamiento presidencial, los paramilitares ?incluidos unos 12 poderosos jefes del narcotráfico? no sólo recibirían penas de prisión de entre dos y seis años, sino que tendrían la opción de ser beneficiados por un indulto o una amnistía y, de paso, la posibilidad de participar en política Aliado Esta crisis institucional se inició el pasado 11 de julio, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ?organismo que lidera las investigaciones sobre la llamada parapolítica? rechazó la petición del paramilitar Orlando César Caballero para cambiar la calificación del delito por el que era procesado: de "concierto para delinquir" al de "sedición" o "delincuente político" En su dictamen, la Sala Penal de la Corte argumentó que el Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política "El fin que persigue la delincuencia común organizada, particularmente a través de la violencia narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables si se opone a sus proditorios (alevosos) designios", apuntó el fallo La decisión de la corte desencadenó la quinta crisis en el proceso de paz con los paramilitares desde 2005 La razón: Los principales comandantes de las AUC ?recluidos en las cárceles de Itaguí en Antioquia y La Picota en Bogotá? anunciaron que suspenderían su colaboración con la justicia, que no acudirían a las audiencias de confesión sobre sus delitos en la fiscalía y que congelarían la entrega de bienes ?tales como fincas, autos y ganado? de los que se apropiaron ilegalmente, despojando a campesinos a los que también desplazaron, o que obtuvieron a través de operaciones de narcotráfico En un comunicado de cuatro páginas emitido el pasado 25 de julio, 24 jefes paramilitares se quejaron del "flagrante incumplimiento del Estado colombiano, cuya Corte Suprema de Justicia no sólo desconoció de tajo y sorpresivamente el espíritu que inspiró el marco jurídico del proceso de paz, sino que impuso sobre la marcha de nuestros procesos judiciales nuevas y onerosas consideraciones" Casi de inmediato, los paramilitares encontraron un aliado: el presidente de la República, quien no dudó en criticar el fallo de la Corte Suprema, porque ?afirmó? tenía un "claro sesgo político" a favor de la guerrilla En los siguientes días, Uribe ?que, según las encuestas, goza de 735% de popularidad? defendió en diversos escenarios públicos la tesis de que era necesario otorgar estatus político a los paramilitares o de lo contrario el proceso de paz con ellos se hundiría de manera inevitable Las explicaciones del mandatario, quien tampoco ahorró esfuerzos para ofrecer entrevistas con las principales cadenas de radio, fueron reforzadas por el ministro del Interior, Carlos Holguín; el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y el asesor presidencial José Obdulio Gaviria Uribe se la jugó aún más a fondo el 25 de julio en un foro de la Universidad Santo Tomás, donde anunció que presentaría un proyecto de ley para reformar el Código Penal con el fin de calificar a los paramilitares como delincuentes políticos Declaró: "Si había razones para considerar que los guerrilleros cometían delitos políticos, las mismas razones había que considerarlas para aceptar que los paramilitares cometían delitos políticos Si las razones eran para negarles a los paramilitares el delito político, también esas razones se deberían invocar para negarles a los guerrilleros el delito político" Un día después, el sitio en internet de la Presidencia de la República de Colombia publicó el texto del proyecto de ley para que la ciudadanía expresara sus opiniones Los paramilitares ?satisfechos por la reacción de Uribe? anunciaron casi enseguida la reanudación del proceso de paz y la continuación de las audiencias programadas en la fiscalía Sin embargo, nada garantiza que el Congreso apruebe el proyecto de ley a favor de los paramilitares Y es que algunos de los más importantes legisladores de la bancada uribista no están de acuerdo en otorgar estatus político a los paramilitares El escepticismo es mayor porque en la votación de esa iniciativa de ley participarían los suplentes de los 15 congresistas que están en la cárcel por sus vínculos con las AUC Mensajes El gobierno dijo que tenía la intención de presentar el proyecto de ley el pasado 1 de agosto, pero hasta el jueves 6 no lo había hecho debido a que en la consulta que la presidencia abrió en su sitio en internet hubo una avalancha de opiniones en contra de esa iniciativa, según reveló a Proceso una fuente del Palacio Presidencial Además, el pasado jueves 6, Uribe y el ministro del Interior, Carlos Holguín, discreparon en sus opiniones ante la prensa sobre el período de vigencia de la nueva ley El presidente sostuvo que ésta debe definir un plazo para que los delincuentes no se beneficien de la norma en cualquier momento "Que se le ponga un párrafo o un inciso en el cual el beneficio de sedición a integrantes de grupos paramilitares tenga una fecha límite, que puede ser la fecha de la desmovilización, esto es, una fecha anterior", explicó Pero Holguín se mostró en desacuerdo con el presidente Argumentó: "Tratándose de una norma del Código Penal, debe tener vigencia permanente No debe haber normas penales, dice la doctrina, que tengan vigencia restringida, hasta cuando la sociedad disponga que la conducta tipificada deje de ser delito" De esta controversia no han estado ajenos varios de los más influyentes columnistas del país El pasado 30 de julio, la reconocida columnista Claudia López escribió en el diario El Tiempo que "al fin el presidente reconoció lo que era evidente: que les prometió a los paramilitares tratamiento de políticos y la impunidad que ese tratamiento conlleva Y sigue en una cruzada personal por cumplirles, así tenga que enfrentarse a las cortes, a sectores nacionales e internacionales, desconocer a las víctimas, cambiar la jurisprudencia y obstruir la justicia" Ese mismo día, el expresidente Humberto de la Calle escribió en su columna de El Espectador que Uribe incurre en una grave incoherencia y que debería proponer la eliminación de la categoría de delincuentes políticos tanto para paramilitares como para los guerrilleros "Creo que ese presidente estaría más cerca de aquel que elegimos y reelegimos que este otro, el que sale a pregonar que, aunque detesta la figura del delito político, ahora quiere ampliarla a quienes por esencia no la merecen" No menos duro fue el prestigioso jurista Ramiro Bejarano, quien también el 30 de julio aseguró en su columna del diario El Espectador: "Por el tortuoso sendero de reformar las leyes para dejar sin piso los fallos judiciales, se está desmoronando el precario estado de derecho Cuando Uribe deje el poder ?si se atreve?, el país será una republiqueta sometida a unos multimillonarios paramilitares legalizados, que además tendrán voz y voto en las corporaciones y en los empleos públicos" En el mismo sentido escribió el leído Felipe Zuleta en su columna del diario El Espectador: "Millones de ciudadanos, atraídos por las promesas incumplidas de acabar con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lo eligieron presidente sin saber que este personaje traía una agenda secreta para salvarles el pescuezo a sus amigos paramilitares, a quienes él siempre ha visto con afecto y gratitud: sí, el mismo afecto y la gratitud que les tiene a la familia de Pablo Escobar y a los (narcotraficantes) Ochoa Vásquez ()" En la polémica terciaron los demás órganos judiciales del país, que el martes 31 de julio expidieron un duro pronunciamiento contra la manera en que el presidente Uribe plantea desconocer la autonomía de los jueces En tal sentido, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y la fiscalía reprocharon que el mandatario "pretenda tejer un manto de duda sobre los magistrados que impidieron que se aplique la sedición a los paramilitares" y consideraron inadmisibles las expresiones según las cuales los magistrados actuaron bajo un sesgo ideológico Con el fin de neutralizar la andanada de críticas, Uribe ha intentado precisar los alcances de su iniciativa: "El anteproyecto que estamos proponiendo busca que la sedición se pueda aplicar como delito político a estos paramilitares desmovilizados, con una salvedad: no es para los responsables de delitos atroces, ni delitos de lesa humanidad, ésos están en la cárcel Esos, si dicen la verdad, entregan los bienes para reparar a las víctimas, tienen derecho a una condena reducida, pero están en la cárcel" Sin embargo, en diversos sectores de opinión existe la certeza de que el comportamiento del gobierno y en particular del presidente se debe a que ha empezado a ceder a una especie de chantaje al que desde 2005 es sometido por los paramilitares, que de vez en cuando le envían mensajes en los que amenazan con contar algunas cosas en la fiscalía que podrían afectarlo El reportero conoció que uno de los últimos mensajes amenazantes se produjo el pasado 8 de mayo, cuando el congresista Miguel de la Espriella, detenido días después por sus nexos con las AUC, visitó al presidente Álvaro Uribe y le dijo que el comandante paramilitar Salvatore Mancuso se sentía engañado porque el gobierno no había cumplido los compromisos adquiridos con la organización y que estaba dispuesto a revelar episodios que podrían desestabilizar al país Pocos días después, durante un interrogatorio ante la fiscalía, Mancuso pronunció una enigmática frase que los analistas interpretaron como un mensaje para el presidente Cuando se le preguntó por la hacienda El Ubérrimo, propiedad de Uribe y situada muy cerca del área de influencia de los paramilitares en el departamento de Córdoba, Mancuso se limitó a decir: "cuando pasamos por ahí preferimos mirar para otro lado" Coincidencia o no, amenaza o no, lo cierto es que el pasado 27 de mayo, después del mensaje de Mancuso y de su frase sobre la propiedad del presidente, el abogado Abelardo de la Espriella, defensor de varios congresistas detenidos por la llamada parapolítica, llevó al palacio presidencial un documento de 25 páginas en el que propuso convertir en delincuentes políticos a los paramilitares y a los demás detenidos por sus vínculos con las AUC Como si fuera poco, el jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, reveló que desde noviembre de 2002 el comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, se comprometió a reconocer el carácter político de los integrantes de los grupos paramilitares El pasado 2 de agosto, en entrevista con una estación de radio, en su celda de la cárcel de alta seguridad de Itaguí, Ernesto Báez sostuvo que "desde que nos sentamos con el alto comisionado (para la Paz) hablamos del carácter político de los miembros de las autodefensas porque realizaban una lucha contra las guerrillas marxistas"