* Culpa al gobierno de Calderón por la desaparición de una treintena de activistas México, D F, 15 de enero (apro)- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) anunció que proseguirá con sus acciones militares y responsabilizó al gobierno de Felipe Calderón de la desaparición de una treintena de activistas En su primer comunicado del año, el grupo insurgente precisó que de ahora en adelante antes de emprender alguna acción armada alertará a la población civil para que no salga afectada y reclamó la presentación con vida de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez Y en respuesta a las críticas del gobierno federal, el EPR aclaró que no son delincuentes, sino un grupo de luchadores sociales que se ha visto obligado a la autodefensa Con base en ese argumento, demandó a las autoridades federales que se le reconozca como un "Ejército beligerante", de acuerdo con las leyes de Ginebra, para que sus militantes capturados reciban el trato de "presos militares" En el comunicado, el EPR reiteró que mantendrá la campaña de hostigamiento que desató desde el pasado 5 de julio, en demanda de la aparición de sus dos compañeros Reyes Amaya y Cruz Sánchez Destacó que continuará actuando para que cese la impunidad con la que el gobierno viene actuando contra los derechos humanos de luchadores sociales Volvió a demandar se decrete una ley de amnistía que excarcele a "todas y todos los presos políticos y de conciencia del país" El grupo guerrillero reveló que después del 25 de mayo pasado, cuando desaparecieron sus dos compañeros, también se produjeron otras capturas de luchadores sociales, entre ellos Gilberto Romero Vázquez, Baltasar López Pita y Rafael Ramírez Bautista, en Guerrero, así como la detención de Roberto Paredes Nieto en el Estado de México Así mismo, el 26 de septiembre desaparecieron Francisco Paredes Ruiz y posteriormente David e Hilario Vega Zamarripa El EPR recordó que en Guerrero han desaparecido 28 luchadores sociales y sostuvo que ese hecho representa "una ofensiva" del gobierno federal De manera más amplia, el EPR señaló que Calderón Hinojosa prosigue con la "guerra sucia" en contra del pueblo desde el mismo momento en que cerró la posibilidad de que el expresidente Luis Echeverría Álvarez fuera juzgado por la matanza de Tlatelolco y el "Halconazo" "Desde el momento en que dio libertad a exgeneral Arturo Acosta Chaparro; desde que no se actuó con justicia en el caso de la periodista Lydia Cacho y se censuró a Carmen Aristegui" Consideró que la "guerra sucia no es un eufemismo", sino que constituye "un componente activo de la guerra de baja intensidad que su gobierno ha venido desarrollando, desde el momento en que cobija con la impunidad a los gobernadores del Estado de México, Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca en contubernio con la vergonzante Suprema Corte de Justicia de la Nación" Advirtió que Calderón y el Legislativo avalaron una ley que ubica a la protesta social en la categoría de delincuencia organizada, y por ello "los luchadores sociales son tratados como delincuentes" Desmintió la promesa del michoacano en el sentido de que en su gobierno no habría "criminalización" de la protesta social "Su propuesta de reforma judicial lo único que intenta es legalizar todas las violaciones que se continúan cometiendo, sobre todo en contra de los luchadores sociales" Insistió en que al criminalizarse "la protesta social, se anulan de facto los derechos plasmados en nuestra Constitución, al intentar legitimarse acciones policiaco-militares que violan flagrantemente los derechos constitucionales" El EPR también anunció que se unirá al movimiento que rechaza la apertura del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) Instruyó finalmente a sus combatientes "en las montañas o en las ciudades" a continuar su preparación político militar "para responder adecuadamente ante cualquier represión"