Ineficientes, las instancias de procuración de justicia en México: Prodh

martes, 29 de enero de 2008
* Afirma que prevalece la impunidad en el país México, D F, 28 de enero (apro-cimac)- La querella que interpuso la ciudadana española, Cristina Valls, ante la Audiencia Nacional de su país el pasado fin de semana por la tortura que sufrió durante los operativos realizados en Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006, y la exoneración de 15 policías acusados de abuso de autoridad, "evidencian la inefectividad de las instancias nacionales de procuración de justicia" Así lo señala en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en el que afirma que en Texcoco y Atenco hubo un uso "excesivo e irracional la fuerza pública, lo que trajo como consecuencia graves de violaciones a los derechos humanos: detenciones ilegales; allanamientos de domicilios sin mandato legal; tratos crueles y torturas en contra de los detenidos; agresiones sexuales y violaciones en contra de las mujeres detenidas" Además, dice, cinco extranjeras fueron deportadas de manera irregular del país, incluida la mujer que presentó la querella el pasado 25 de enero, por los "graves atentados contra su integridad física" Añade que la ciudadana española que denuncia ante la Audiencia Española casos de tortura susceptibles de ser conocidos por la justicia de ese país, debido al principio de jurisdicción nacional que prevalece en casos de delitos graves, sancionados por el derecho internacional Pese a la gravedad de los hechos, afirma, la impunidad ha prevalecido "Los nulos resultados de los procesos iniciados en el estado de México muestran que, como lo señalamos desde el inicio, en esa entidad las instancias de procuración y administración de justicia carecen de imparcialidad e independencia, pues permanecen bajo el ámbito de control del Poder Ejecutivo, encabezado por Enrique Peña Nieto" Y en el ámbito federal, continúa, la situación no es distinta Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer (Fevim) no han sido consignadas, pese a que las mujeres denunciantes de agresiones sexuales y violación han aportado elementos suficientes Señala que, en cuanto a la investigación de los hechos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún no ha concluido En el caso Atenco, concluye el Prodh, prevalece la impunidad, pero destaca las iniciativas para analizar otros recursos, aunque lamenta que, como a menudo ocurre en los casos paradigmáticos de las violaciones a derechos humanos que continúan ocurriendo en el país, sin que la situación adquiera la prioridad que el tema debe tener en un Estado democrático de derecho, "las instancias nacionales sean inefectivas para las víctimas que demandan justicia integral" Las demandas de justicia para las víctimas y libertad para las y los presos, añade, no han perdido vigencia a más de un año de ocurridos los hechos "Viola el Ejército los derechos humanos" En otro comunicado sobre el tema de la seguridad pública y los derechos humanos, el Prodh cuestiona la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública, luego de que, el pasado 24 de enero, fue publicado el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 "Su participación en los operativos para combatir a la delincuencia organizada, ha provocado violaciones notables de derechos humanos Su permanencia durante el plazo estimado no contribuye, por otra parte, a la consolidación de las instituciones civiles responsables de la seguridad pública, como corresponde a un Estado democrático de derecho", señala Afirma que la participación militar en los operativos de 2007 ha generado graves violaciones los derechos humanos Explica que la estrategia gubernamental no debe reducirse al combate; también debe atenderse a la profesionalización de los cuerpos policiacos y a la erradicación de la impunidad y la corrupción Señala que, desde inicios de su administración, Felipe Calderón ha recurrido al Ejército como parte de la estrategia para fortalecer las tareas de seguridad pública Añade que el hecho no es nuevo: "en sexenios anteriores se ha empleado la misma fórmula, a pesar de lo cuestionable de los resultados" Indica que, si bien es cierto que el problema del narcotráfico es delicado y urge atenderlo, "la participación de elementos militares en esta tarea no garantiza la efectividad en el combate a los problemas derivados del narcotráfico Al contrario, los riesgos para el respeto a los derechos humanos son altos" Señala que casos como el de la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa, Castaños, Coahuila; los abusos en Nocupétaro, Huetamo, Carácuaro y Apatzingán, Michoacán, y el controvertido caso de Ernestina Ascencio, son una muestra de estos riesgos Refiere que, en diversas ocasiones, instancias internacionales de derechos humanos han señalado la inconveniencia de la participación militar en tareas de seguridad pública Entre otras, de manera contundente, lo ha señalado el Grupo de Alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio "En la acción militar se da preeminencia a la persecución, detención y sanción a los responsables de los delitos a través de la fuerza y de operativos aparatosos que buscan amedrentar y generar miedo en la sociedad, apegados siempre a una concepción rigorista de las leyes y poco acostumbrados a dar cuenta de sus actuaciones a la sociedad, sin que el respeto a los derechos humanos signifique una limitación a sus actos", explica Durante enero de este año, dice, los combates en la zona fronteriza entre diversas corporaciones policiales y el Ejército, por un lado, y presuntos sicarios del narcotráfico, por el otro, evidencian la capacidad de fuego del crimen organizado y la carencia de estrategias adecuadas, más allá del combate frontal, para enfrentar las amenazas derivadas de los grupos delictivos Por ello, añade, es indudable que se debe sancionar a quienes delinquen; sin embargo, en el caso del crimen organizado, la estrategia no debe reducirse al combate Otros factores que deben ser atendidos, según el Prodh, son las deficiencias de los cuerpos policiales (capacitación y salarios); la alianza entre los grupos de poder (regionales, nacionales, trasnacionales) y las organizaciones delictivas; la impunidad como práctica arraigada en amplios sectores de la estructura gubernamental, y la corrupción que favorece la actuación al margen de los procedimientos institucionales Por otra parte, apunta que, al otorgarse ese protagonismo al Ejército en las tareas de seguridad pública, se está renunciando a consolidar soluciones civiles, las cuales son las únicas que tienen cabida en el marco de un Estado democrático de derecho Un ejemplo de esto es el comunicado emitido en Tijuana, Baja California, el pasado 16 de enero, por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que se invita a la población a denunciar cualquier acto criminal ante la dependencia Al actuar así, señala, debilita aún más al Ministerio Público Federal, instancia a la que corresponde exclusivamente esta tarea Al presentar su informe 2007, el Prodh considera que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH", José Luis Soberanes, afirmó que el Ejército debe retirarse de las tareas de seguridad pública, para lo que consideró necesaria la presentación de un calendario de retorno paulatino a los cuarteles, pero la publicación del Programa Sectorial y su aprobación, de ninguna manera contemplan la exigencia común de múltiples organismos y organizaciones de derechos humanos Por esa razón, el Prodh, expresa su desacuerdo con la permanencia del Ejército en las tareas de seguridad pública, e insiste en la necesidad de presentar inmediatamente "un plan gradual de desmilitarización" Señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado, en su informe sobre México (1998), que "la autorización estatal otorgada para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad, se da confundiendo los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional [] El extraordinario crecimiento del delito no puede justificar la intromisión de militares en cuestiones de seguridad interior" Por ello, el Prodh llama al gobierno mexicano a reformular la estrategia de seguridad pública, otorgando prioridad a medidas racionales que preserven en todo momento el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos

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