TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis , 15 de octubre (apro)- El combate a la delincuencia organizada en México no tendrá éxito si no pasa primero por el fortalecimiento del sistema de protección los derechos humanos, afirma la directora general del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Soraya Long Sostiene además que en cuestión de derechos humanos el gobierno mexicano es "líder del doble discurso" Argumenta que en el plano internacional, las autoridades mexicanas promueven programas y acciones en materia de promoción y defensa de derechos humanos que, en lo interno, no respetan o hacen caso omiso Acompañada por los abogados, Vanessa Coria y Luis Diego Obando Peralta, Soraya Long estuvo hace unos días en México, para investigar una serie de denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el país, específicamente en el estado de Chiapas En este último sitio, sostuvieron una serie de encuentros con activistas en materia de derechos humanos y representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes criticaron al gobierno de Felipe Calderón al señalar que, al igual que sus antecesores, ha priorizado el discurso demagógico sobre las acciones concretas para manifestar un real compromiso de promoción, defensa y respeto a los derechos humanos en el país En entrevista con la agencia APRO, Long hace un balance de su paso México: "Lo que podemos advertir es que México no está cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) A pesar del importante rol que juega México en la promoción de reformas para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, no cumple las recomendaciones que se le indican" Prosigue: "México es muy bueno en el doble discurso, en la doble moral Su discurso en materia de derechos humanos a nivel internacional es excelente, pero a nivel práctico, a nivel interno, no vemos avances sustanciales, es decir, su discurso no es acorde con sus acciones, ya que se niega a cumplir recomendaciones" Según la directora del Cejil, la única recomendación que México ha cumplido a medias es la liberación del general José Francisco Gallardo Rodríguez, pero recuerda que nunca reparó el daño ocasionado al militar En el resto de las recomendaciones emitidas por la CIDH, el gobierno de México, dice, ha sido omiso Puso como ejemplo el caso de tres hermanas indígenas que, en enero de 1994, fueron detenidas, violadas y torturadas por elementos del Ejército mexicano delante de su propia madre Long recordó que en ese caso en concreto, el gobierno mexicano se comprometió ante la CIDH a retirar del fuero militar a los militares para que pudieran ser juzgados en el fuero común, pero subrayó que hasta la fecha no ha cumplido su palabra En la entrevista, la directora del Cejil menciona que México ha sido omiso con la recomendación que hizo la CIDH sobre el caso de la desaparición, en mayo de 1993, del militar Miguel Orlando Muñoz, del 26 Batallón de Infantería de Ciudad Juárez, Chihuahua Tampoco cumplió, dice, con la recomendación girada por el caso de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron violadas en febrero y marzo de 2002 por integrantes del Ejército mexicano en una comunidad del estado de Guerrero El pasado 15 de agosto, la CIDH admitió un caso más que, en opinión de Long, exhibe a México como un país proclive a violentar las garantís individuales Cuenta que se trata de un caso ocurrido en agosto de 1998 En ese entonces, Mirey y Vidal Trueba Arciniega, así como Jorge Jiménez García, circulaban en una camioneta pick-up, alrededor de la una de la madrugada, por calles de Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua De pronto, refiere, se toparon con un retén del Ejército, donde los soldados les marcaron el alto Mirey detuvo el vehículo y ante el temor de sufrir una agresión corrió De inmediato, el teniente coronel de Infantería, Luis Raúl Morales Rodríguez, quien comandaba el grupo, disparó por la espalda al muchacho de 20 años Uno de los tiros tocó la arteria femoral izquierda del joven, quien se desangró y murió tres horas después Los dos acompañantes de Mirey fueron golpeados, amenazados de muerte y acusados de delitos contra la salud De entonces a la fecha, Vidal Trueba y Jorge Jiménez recorrieron todos los caminos legales en busca de encontrar justicia, pero no la encontraron Asesorados por una organización no gubernamental y por el Centro por la Justicia finalmente su caso fue admitido hace menos de un mes por la CIDH "Ahora, después de que México aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos casos llegarán hasta allá Pero si México no cumple con las recomendaciones de la Comisión, nada garantiza que pueda llegar a cumplir con las sentencias de la Corte", dice la activista del Cejil Los plazos para México Según Long, en diciembre próximo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sesionará en México, y el gobierno mexicano tiene como plazo hasta esa fecha para reflexionar sobre el papel que ha jugado hasta hoy en materia de promoción y protección de los derechos humanos "También deberá explicar qué hará para, ahora sí, cumplir con las recomendaciones que tiene guardadas en sus archiveros Con base en tales ejemplos, la activista sostiene que en México sigue habiendo violaciones a los derechos humanos que en otros países han sido superadas, sobre todo, aclara, violaciones que son recurrentes a épocas de conflictos internos, a gobiernos con dictaduras, como las desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones arbitrarias y otros abusos policiales Subraya: "Es lamentable que en este país sigamos hablando de ese tipo de violaciones en este siglo" Vanesa Coria tercia en la plática y hace notar que el hecho de que la actual administración haya tardado dos años en dar a conocer su programa de derechos humanos no habla bien del gobierno de Felipe Calderón, y "por más bonito que esté ese programa y se propongan buenos planes, si el gobierno no se compromete realmente, ¿de qué sirve que sea el mejor?" Long y Coria tienen serias dudas respecto del programa de derechos humanos del gobierno mexicano Fundamentan: "Primero, debería proponerse que casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares salieran de la jurisdicción militar y pasaran a manos de las leyes ordinarias, de las leyes comunes que rigen a todos los mexicanos" Recuerdan que la justicia militar no garantiza la aplicación del Derecho y eso, a su juicio, ha quedado demostrado con muchos casos que se han ventilado en los tribunales militares "Por eso es urgente que el gobierno de Calderón, si quiere verse bien ante los organismos nacionales e internacionales, promueva una reforma del Código Militar" Soraya Long sostiene que en México hay una fuerte tendencia a enviar a los militares a las calles para combatir el narcotráfico y a la par se debate sobre la pena de muerte a los criminales Además, dicen, se hacen reformas para imponer sanciones más severas en aras de la seguridad nacional, pero no se ve que haya debates y reformas para garantizar el respeto a los derechos humanos Abundan: "Se pretenden imponer medidas que podrían ser represivas y violatorias de garantías judiciales del debido proceso que ponen en riesgo el derecho a la integridad e, incluso, el derecho a la vida, pero no escuchamos hablar de un mayor presupuesto para la estructura del poder judicial, no escuchamos hablar de un mejoramiento en las técnicas de investigación judicial y criminológica, o tipificar delitos como desaparición forzada" Se habla, insisten, de medidas que eventualmente podrían ser violatorias de derechos humanos, pero poco se hace para poner fin al círculo vicioso de la impunidad Coria coincide con Long en que el tema de la seguridad debe pasar por el respeto a los derechos humanos Subrayan que en México no se debe desplegar una política de combate a la delincuencia organizada sin antes haber fortalecido el sistema de respeto a los derechos humanos De lo contrario, mencionan que lo que va a pasar es que habrá cada vez más casos graves que podrían llegar a parar a la Corte Interamericana