El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador en México, Tony Garza, y del zar antidrogas John P Walters, considera el ataque a su consulado en Monterrey como un desafío y le ofrece a la delincuencia organizada dos opciones: la cárcel o la muerte La sede diplomática se convierte así en un importante núcleo de la guerra de los dos países contra los cárteles del narcotráfico La administración de Natividad González Parás intenta presentar dicho atentado como "un incidente menor" Luciano Campos Garza MONTERREY, NL- El atentado a balazos y con una granada al consulado de Estados Unidos en Monterrey, la madrugada del domingo 12, evidenció la libertad de que gozan los pistoleros en Nuevo León y la falta de confianza entre las corporaciones policiacas de la entidad Sin que el gobierno mexicano hiciera un pronunciamiento oficial, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y abrió la averiguación previa 3048/D/2008 La sede de una misión diplomática en el país nunca había sido objeto de un ataque como este, según el diputado local Fernando Kuri Guirado, en declaraciones que publica esta semana la revista Proceso El miércoles 15, el embajador de Estados Unidos en México, Antonio O Garza, afirmó que los culpables del tiroteo no quedarán impunes Pero no bien había difundido su amenaza, el jueves 16 se reportó que la supuesta persecución de un grupo de narcotraficantes por efectivos del Ejército Mexicano desató una balacera cerca del consulado, lo que ocasionó que Garza ordenara suspender las actividades en la oficina diplomática hasta que se analizara bien la situación Esa noche el gobierno de Nuevo León comunicó que no había evidencia de un intercambio de disparos y que, por lo tanto, fue una falsa alarma Sin embargo, el viernes 17, una fuente oficial de la representación estadunidense confirmó: "Todavía no hay un reporte oficial Todo está pasando muy rápido Hubo disparos cerca del consulado, pero no sabemos si los disparos estaban dirigidos al consulado o no"