En una sesión privada, el jueves 23, el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recibió, en una audiencia privada, al director de Proceso y a los abogados de la revista a fin de escuchar sus argumentos en favor de que se mantengan los medidas cautelares que dictó la propia CIDH para que el Estado mexicano no destruya las boletas de la elección presidencial del 2006 La CIDH, que ya dio audiencia a los representantes del gobierno de Felipe Calderón, es el último recurso de Proceso, una vez que tanto los órganos electorales como el sistema judicial mexicanos rechazaron nuestra petición de acceso a las boletas en calidad de documentos de interés público Rafael Rodríguez Castañeda y los abogados Graciela Rodríguez Manzo y Luis Miguel Cano ?con Sergio Aguayo en calidad de testigo con información relevante sobre el caso? hicieron énfasis en "la gravedad, la urgencia y la necesidad de que se preserven las medidas cautelares para hacer valer ante el Estado mexicano nuestro derecho de acceso a la información" J Jesús Esquivel WASHINGTON- En su litigio con el Estado mexicano y ante el riesgo de eventuales daños a su derecho ineludible de acceso a la información, Rafael Rodríguez Castañeda, director Proceso, presentó ante el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su solicitud de que se mantengan vigentes las medidas cautelares que este órgano jurídico dictó para evitar la destrucción de las boletas de la elección presidencial de 2006 En reunión privada con el Pleno de la CIDH de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Rodríguez Castañeda y sus abogados destacaron "la gravedad, la urgencia y la necesidad" de preservar dichas medidas cautelares para hacer valer ante el Estado mexicano su derecho a la información y el de cualquier otro ciudadano Cuando se cumplieron dos años de la elección presidencial, el pasado 2 de julio, la CIDH solicitó al Estado mexicano "suspender la destrucción de las boletas electorales de la elección del 2 de julio de 2006, hasta que la comisión se pronuncie sobre la petición presentada en relación con una presunta violación al derecho de acceso a la información pública contemplado en el artículo 131 de la Convención Americana" (Proceso 1653) En un ambiente de receptividad e interés por parte de los comisionados de la CIDH, el director de este semanario y sus representantes legales argumentaron que las circunstancias en las cuales se dictaron esas medidas no han variado y, por lo tanto, siguen siendo necesarias En opinión de Graciela Rodríguez Manzo y Luis Miguel Cano López, los abogados que presentaron la causa de este semanario de manera oral ante el Pleno de la CIDH, "el levantamiento de las medidas cautelares sería un paso regresivo, en tanto que éstas sientan un precedente positivo para los países de la región al extender el ámbito de su protección a todos los derechos siempre que éstos se encuentren en peligro de sufrir un daño irreparable" Esta semana Proceso publica el discurso de Rodríguez Castañeda en la CIDH y la crónica de la reunión con el pleno de ese organismo internacional