MEXICO, D F, 30 de octubre (apro)- El Centro de Derechos Miguel Agustín Pro (Prodh) dio a conocer el informe "Asedio a los derechos humanos, seguridad pública y justicia penal en México", en el que advierte que la política anticrimen del presidente Felipe Calderón está sustentada en el uso de la "mano dura" y la indiscriminado presencia del Ejército En conferencia de prensa, el organismo sostuvo que esa situación conlleva un serio riesgo para los mexicanos: la sistemática violación de los derechos humanos Según el informe, se trata, en términos generales, de la implantación y el reforzamiento de "una política disfuncional de seguridad pública", en el país, por medio de la aplicación de un falso esquema que privilegia medidas de corte represivo, que son justificadas como necesarias para mantener el orden público Advirtió que "mediante la conformación de alianzas estrechas y muestras públicas de apoyo", las Fuerzas Armadas "siguen creciendo en poder en la vida política mexicana en los últimos años" De acuerdo con el documento, "esas estrategias de mano dura no han provocado la disminución de la violencia criminal" Por el contrario, agregó, "la cifra promedio de muertos atribuibles al crimen organizado en México se ha más que duplicado de 2005 a 2008, mientras el gobierno sigue desplegando decenas de miles de soldados en operativos militarizados en diversas entidades federativas" Además, el Prodh afirmó que el presidente Calderón "ha seguido ampliando sus políticas de mano dura, promoviendo el papel de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad pública nacional y abogando por reformas regresivas en materia de justicia penal, incluidas medidas que violan las garantías básicas del debido proceso" Dijo que, con esta estrategia, "busca justificar sus acciones, respaldando una falsa dicotomía entre la seguridad y los derechos humanos, que coloca a éstos como obstáculos en la lucha contra el crimen" Según el informe, existen tres fenómenos interrelacionados que deben ser revisados: "El despliegue de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas policiales; las recientes reformas a la Constitución para legalizar violaciones a los derechos procesales de las personas detenidas bajo el sistema de justicia penal, y el problema endémico del uso excesivo de la fuerza por funcionarios mexicanos encargados de hacer cumplir la ley" En texto recuerda algunos casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares durante las operaciones contra el narcotráfico, particularmente en retenes y puestos revisión, donde han ocurrido al menos seis hechos violentos, en los que civiles fueron acribillados por no hacer alto cuando se les ordenó Por ello, afirmó que "los operativos militarizados de seguridad impulsados por el gobierno federal representan de facto una medida de naturaleza excepcional que implica restricciones a los derechos humanos en general"