Boletas electorales: Mantiene la CIDH medidas cautelares a favorde Proceso
MEXICO, D F, 31 de octubre (apro)- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió mantener vigentes las medidas cautelares otorgadas en favor de Proceso, para evitar que el gobierno de Felipe Calderón destruya las boletas de la elección presidencial de 2006
El secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, notificó este viernes la medida al director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, quien, en una denuncia interpuesta ante esa instancia interamericana, asegura que el Estado mexicano violó su derecho de acceso a la información al negarle el acceso a las boletas
"Cumplo con informarles que la CIDH consideró la solicitud del Estado de México de dejar sin efecto las medidas cautelares otorgadas el 3 de julio de 2008, y decidió mantener su vigencia", señala la notificación fechada en Washington, sede de la Comisión
El gobierno de Felipe Calderón, en efecto, había impugnado las medidas cautelares otorgadas a la revista
Su argumento fue que la información contenida en las boletas ya se había hecho pública a través de las actas electorales que, según el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le dieron el triunfo al propio Calderón
Incluso, le dijo a la Comisión Interamericana que su solicitud de medidas cautelares era excesiva, parcial y desproporcionada; además de considerar que la revista no había agotado todos los recursos internos para su defensa
El pasado 23 de octubre, los comisionados de la CIDH escucharon los argumentos de Proceso para que mantuvieran las medidas cautelares
Las medidas evitan la destrucción de las boletas, aunque el gobierno de Calderón está en su derecho de atender o no la petición de la CIDH
La adopción de medidas precautorias es independiente de la decisión de la Comisión de darle entrada o rechazar el juicio interpuesto por Rodríguez Castañeda
Por lo pronto, el gobierno de Calderón ya envío un informe a la CIDH, en el que le pide rechazar la demanda en contra del Estado mexicano