MÉXICO, D F, 5 de diciembre (apro)- Amnistía Internacional (AI) calificó de lamentable el discurso para justificar el uso de la pena de muerte en México Más aún, reprobó que tanto partidos políticos como representantes de gobierno utilicen de manera irresponsable el tema de la seguridad pública, cuando sugieren que la reimposición de la pena de muerte significará una respuesta efectiva frente a la delincuencia El organismo internacional, defensor de los derechos humanos, manifestó este viernes su preocupación por la iniciativa presentada por el Congreso de Coahuila ante el Congreso de la Unión, en la que solicita una reforma constitucional que permita la reimposición de la pena de muerte Aunque reconoció como legítimo que el clamor de la población por seguridad y paz social sea respondido con alta responsabilidad, AI advirtió que las propuestas e iniciativas que buscan una salida fácil a la situación que vive el país no hacen más que reforzar un clima de venganza social Abundó que con ello se corre el riesgo no sólo de justificar el uso de la pena de muerte, sino la comisión de otras violaciones graves a los derechos humanos, tales como el uso de la tortura, el maltrato, las ejecuciones o las detenciones arbitrarias Y esas medidas, insistió, provocarían, todas ellas, ilegalidad, injusticia e inseguridad En ese sentido, pidió el establecimiento de un verdadero compromiso por parte de las autoridades mexicanas para que, mediante el fortalecimiento del sistema de procuración e impartición de justicia, se haga cumplir el Estado de derecho como vía para garantizar los derechos humanos y la seguridad pública Sostuvo: "La reimplantación de la pena de muerte como método de disuasión de la delincuencia ha sido probada como inútil e ineficaz en una gran diversidad de países y contextos" Así mismo, precisó que las autoridades mexicanas deben considerar, a su vez, que el Estado mexicano, como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "tiene la clara imposibilidad de reincorporar la pena de muerte a su sistema judicial, tal y como el artículo 4 de este mismo tratado internacional lo establece: "No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido" Es esencial, apuntó, que el gobierno demuestre "liderazgo para enfrentar estos propósitos erróneos y peligrosos con el pleno compromiso público de retener la abolición de la pena de muerte"