MÉXICO, D F, 9 de diciembre (apro)- En medio de la guerra contra el narcotráfico, representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos en la frontera norte del país denunciaron amenazas de muerte por apoyar a familiares de desaparecidos Miguel García Leyva, abogado de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y Contra la Impunidad, con sede en Mexicali, Baja California, presentó una queja formal ante la Procuraduría General de Justicia de esa entidad por "amenazas e intimidación" En tanto, la directora de la Asociación Civil de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, ubicada en el municipio de Ascención, Chihuahua, tuvo que cerrar las oficinas de la agrupación, debido a que empezó a recibir amenazas de muerte tras el asesinato de su hijo García Leyva ha participado en la defensa de mil 500 casos de desapariciones, ocurridas a partir de 2001, así como en la creación de una fiscalía especializada para atender esos asuntos, hasta ahora impunes Desde Mexicali, el abogado de la Asociación Esperanza informó que empezó a recibir llamadas anónimas hace diez días "Me decían que dejara de hacer ruido, que ya no siguiera con mis denuncias, que sabían que yo pertenecía a la Asociación Esperanza, que buscaba desaparecidos, y que ya no continuara porque sino el próximo iba a ser yo o un miembro de mi familia" Además, el activista denunció que después de recibir esas llamadas amenazantes, le exigían un pago de entre 30 mil y 50 mil dólares para no hacerle daño El lunes 8 de diciembre, García Leyva interpuso una queja formal (AP 6/08/120) por amenazas e intimidación "En la procuraduría me ofrecieron protección, pero no la acepté, porque prevalece una fundada desconfianza en los cuerpos policiacos", señaló el abogado, quien abundó que "88% de los agentes judiciales no pasaron las pruebas de confianza, por lo que son más peligrosos que los delincuentes" A los agentes investigadores, añadió, "exigí medidas preventivas en la investigación y que me permitieran estar al pendiente del trabajo que realicen" El fin de semana pasado, Alicia Saláiz denunció que el 31 de octubre fue emboscado su hijo, Paz Alberto Rodríguez Saláiz, de 36 años, junto con un adolescente, cuando conducía su automóvil al norte de la capital Ambos murieron en el ataque A partir de esa fecha, Saláiz cerró la oficina de la Asociación Civil de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, pero las amenazas continuaron En el último año, la organización de Saláiz, con una trayectoria de 18 años en el municipio de Ascensión, atendió quejas de personas de Puerto Palomas y otras localidades del noroeste del estado, quienes han sufrido la desaparición de algún familiar Incluso en últimas fechas acompañó hasta Ciudad Juárez a familiares de levantados para buscar información en las delegaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) De acuerdo con información publicada en El Diario de Ciudad Juárez, el último amago que recibió Saláiz fue la semana pasada, cuando acudió a las instalaciones del Ministerio Público para acompañar a un menonita que iba a presentar una queja Mientras esperaba en la dependencia, su marido recibió una llamada en el teléfono celular en la que le exigían que Alicia Saláiz dejara de trabajar con la población de la región y que "se saliera de (la Dirección de Averiguaciones Previas) o si no la matarían a ella y a toda su familia" Ante la amenaza, la directora de la Asociación Civil de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes solicitó en ese momento el resguardo de militares, quienes la escoltaron hasta su casa, y desde la semana pasada cuenta con vigilancia de efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) Sobre la muerte de su hijo, la activista dijo que está a la espera de que culminen las investigaciones, y anunció que no continuará más con su labor en defensa de los derechos humanos por el temor de que ella o algún otro miembro de su familia sean agredidos