Se ampara taller sancionado por avionazo
MEXICO, D F, 9 de diciembre (apro)- Jesús Rangel, dueño del taller Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva, ubicado en Toluca, estado de México, que daba mantenimiento al Learjet 45 en el que murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, interpuso un amparo en contra de la suspensión de su taller que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
En el amparo se argumenta que el accidente aéreo, ocurrido el pasado 4 de noviembre, no fue provocado por los malos servicios que el taller le realizó a la aeronave, cuyo último mantenimiento fue efectuado en Houston, Texas
Víctor Montes, el abogado de Rangel que interpuso el amparo, señaló:
"Nosotros no tocamos la aeronave por última vez A ésta se le hizo un servicio de mantenimiento mayor en Houston, Texas, y el avión regresó en óptimas condiciones"
Y agregó que, a fines de 2007, el taller ganó la licitación no sólo para darle mantenimiento al Learjet, sino también para proveer al avión de piloto y copiloto, por lo que fue la misma SCT la que avaló al taller:
"Nos contestaron (en la SCT) que, por lo que hace al mantenimiento de la aeronave, no tenían ningún inconveniente", dijo
Respecto de la posible mala capacitación de los pilotos, Montes argumentó que en este supuesto caso tampoco el taller tiene responsabilidad, puesto que éstos fueron avalados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente de la SCT
"Si a mí los señores llegan y me acreditan con documentos de la SCT que tienen licencia para volar una aeronave de ese tipo, y además me entregan sus certificaciones de una escuela avalada por la misma Secretaría, yo no tengo por qué poner en duda los documentos que ellos entregan", dijo el abogado
Y señaló que la suspensión del taller es ilegal, ya que el artículo 81 de la Ley de Aviación Civil establece que hasta que hayan concluido las investigaciones sobre un accidente, las autoridades aeronáuticas deben sancionar a los responsables
Sin embargo, la DGAC notificó al taller su suspensión el pasado 27 de noviembre, cuando apenas se iniciaba la investigación, la cual durará alrededor de 11 meses, según cálculos de la propia SCT