Acusados de delitos de lesa humanidad ante la Audiencia Nacional de España, seis militares y dos civiles guatemaltecos ?incluidos tres expresidentes? recibieron un espaldarazo de la Corte Constitucional de su país, la cual determinó que los cargos que se les imputan son "políticos" y que España no tiene jurisdicción para juzgarlos En los hechos, la Corte canceló la posibilidad de su extradición Pero el magistrado español Santiago Pedraz decidió mantener el proceso legal CIUDAD DE GUATEMALA- Juan Manuel Jerónimo tenía 38 años cuando, el 18 de julio de 1982, más de 200 militares coparon la pequeña comunidad donde vivía ?la aldea Plan de Sánchez, en el Departamento de Rabinal? y asesinaron a 268 de sus habitantes Juan ?catequista durante la guerra civil? se escondió cerca de su choza antes de que los militares llegaran a su casa Pero su madre Julia Jerónimo, su esposa Petronila Xeitumul y sus hijos ?dos niñas de siete y tres años, y dos niños, uno de de cinco años y otro de apenas nueve meses? fueron asesinados Gobernaba Guatemala el general Efraín Ríos Montt Hoy Juan tiene 63 años, pero no ceja en su búsqueda de justicia Los puños y el cuello raído de su camisa blanca delatan su pobreza; sus manos encallecidas, el trabajo en el campo No olvida el olor a carne quemada y los cuerpos calcinados y amontonados de su familia y de otros vecinos que encontró en la casa humeante de su hermana, un día después de la matanza Aún recuerda los gritos de las mujeres, los empujones que presenció desde un escondite cercano, el estallido de granadas lanzadas por los militares contra la población, el pasillo de la casa de su madre, con la puerta abierta, y el trapo con el que su mujer cargaba a su hijo menor, tirado en la apresurada carrera El viernes 1 Juan dejó su pequeña comunidad Llegó a la ciudad de Guatemala y tomó un avión rumbo a Madrid para declarar ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional de España (ANE) "Vamos a declarar lo que nos pasó, a pedir justicia No es justo que el Estado guatemalteco ahora respete los derechos de los militares que nos hicieron eso? ¿Por qué no respetaron nuestros derechos?", dijo a la corresponsal De tribunal a tribunal La comparecencia ante la ANE de Juan Manuel y de otras 16 víctimas de genocidio en Guatemala es resultado de un fallo dictado el pasado 16 de enero por el juez Santiago Pedraz Y es que el magistrado español consideró que no había forma de continuar la investigación en Guatemala ni de tomar declaraciones en ese país a víctimas, testigos y militares acusados de genocidio, terrorismo, torturas, asesinatos y detenciones ilegales cometidos durante la década de los setenta y los ochenta La razón: las autoridades guatemaltecas bloqueaban las gestiones de la ANE y el pasado 11 de diciembre la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala resolvió ?en respuesta a un recurso interpuesto por los abogados del exdictador Efraín Ríos Montt? que la justicia española no tiene jurisdicción para juzgar a militares y civiles guatemaltecos acusados en Madrid de delitos de lesa humanidad La resolución de la CC ?máximo tribunal de Guatemala? cerró la puerta a la indagatoria y persecución en territorio guatemalteco, así como a su eventual extradición a España, de los principales gobernantes guatemaltecos que llegaron al poder por medio de golpes de Estado Ellos son: los expresidentes Efraín Ríos Montt, Óscar Humberto Mejía Víctores y Romeo Lucas García; así como Ángel Aníbal Guevara, exministro de la Defensa; Germán Chupina Barahona, exdirector de la Policía Nacional Guatemalteca; Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército; y los civiles Donaldo Álvarez, exministro de Gobernación, y Pedro García Arredondo, jefe del Comando 6 de la Policía Nacional Todos dirigieron la estrategia contrainsurgente que en 30 años, especialmente en las décadas de los setenta y los ochenta, causó 250 mil asesinatos, mientras que 45 mil personas desaparecieron, hubo más de 1 millón y medio de desplazados internos y 150 mil refugiados en México Así mismo, más de 430 aldeas fueron destruidas y se perpetraron 667 matanzas 83% de las víctimas fueron mayas, recordó Pedraz en su reciente fallo Ante la resolución de la CC, el juez español emitió su sentencia, por medio de la cual suspende todas las gestiones que la ANE tramitaba con las autoridades guatemaltecas, pero reiteró la necesidad de que la justicia española continúe la investigación sobre los crímenes cometidos en el país centroamericano A partir de ello, convocó a víctimas y testigos para que comparezcan en Madrid Así mismo, reprochó a las autoridades guatemaltecas no haber atendido ni una sola de sus peticiones de asistencia judicial para indagar a víctimas, testigos y acusados Apuntó: "El genocidio es un crimen de derecho internacional y su persecución es obligatoria para todos los miembros de la comunidad internacional La Corte de Constitucionalidad de Guatemala en su resolución vino a considerar lo acontecido como un delito político" Con ello, sostuvo Pedraz, el Estado guatemalteco "incumplió con la obligación de todas las naciones civilizadas de prevenir y sancionar el delito de genocidio" Justicia lejana El dictamen del juez Pedraz impone un gran desafío: cómo llevar ante la justicia internacional a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad, dice a Proceso Benito Morales, el abogado de la Fundación Rigoberta Menchú que en 1999 inició ante la ANE el proceso judicial contra los exgobernantes guatemaltecos Explica: "La justicia española no tiene la posibilidad de juzgar en ausencia Para que se pueda cerrar el ciclo y se emita una sentencia, es necesario que alguno de los acusados esté presente en España" "Ese es quizás el tema más complejo Nos tocará encontrar un mecanismo adecuado para llevarlos a la justicia Será complicado, porque está claro que los acusados evitarán al máximo salir de las fronteras de Guatemala El país se convierte en su refugio perfecto", sostiene Además, llama la atención sobre un "tema grave": en su dictamen la CC consideró que delitos como el genocidio y otros de lesa humanidad son de carácter político Ello, señala, "deja la puerta abierta a que todos los acusados por crímenes como desapariciones, masacres, ejecuciones extrajudiciales y torturas puedan ampararse en esa resolución de la Corte" Por lo pronto, la Fundación Menchú apoyó el traslado a España de 17 víctimas de genocidio Éstas viajaron el viernes 1 y el lunes 4 iniciaron sus comparecencias ante la ANE Previamente, el 17 de enero, esta fundación interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Guatemala una denuncia contra la Corte de Constitucionalidad porque, arguyó, su resolución impide ejercer la justicia e incurrió en el delito de "discriminación" debido a que otorgó a los imputados una "preferencia" por "motivos políticos" Unos días después, el juzgado rechazó la denuncia La fundación presentó entonces un recurso de revisión que está en trámite El mismo 17 de enero, Rigoberta Menchú anunció ante reporteros que su fundación recurrirá a otras instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos El dictamen de Pedraz, asegura Morales, "ayuda a mantener la esperanza de que tarde o temprano habrá justicia Confirma además la necesidad de que las víctimas guatemaltecas busquen justicia en otro país debido a la impunidad que prevalece en Guatemala Y dicta un punto muy importante en materia de jurisdicción universal: solicita que los países vecinos de Guatemala, como El Salvador, Belice, Honduras, México y Estados Unidos, puedan recibir declaraciones tanto de testigos como de víctimas, las cuales se canalizarán directamente a la Audiencia Nacional" Carmen Aída Ibarra, directora de la Fundación Myrna Mack ?organización civil de defensa de los derechos humanos? afirma que "los magistrados de la CC optaron por hacer una interpretación cerrada de la ley" Expone que "si bien el fallo es legal porque se apega a una interpretación restrictiva de las leyes guatemaltecas, carece de legitimidad porque excluye tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito Guatemala Además deja fuera una serie de análisis y resoluciones en materia de derecho internacional" En entrevista con la corresponsal, Ibarra señala que los jueces de la Corte tampoco pensaron en que un amplio sector de la población "necesita ver esclarecidos y sancionados una serie de crímenes que se cometieron en el pasado" Ibarra, experta en los temas de seguridad y justicia, considera que la resolución de la CC "consolida la tendencia que existe en Guatemala: denegar justicia en forma sistemática en lo que se refiere a violaciones de los derechos humanos" Abunda: "Existe un patrón cultural e ideológico y un comportamiento político de las instituciones orientados a proteger a violadores de derechos humanos y a legitimar lo que sucedió durante el conflicto armado interno" Así, apunta, la resolución de la CC "cortó una parte fundamental" del proceso judicial contra los represores, pues si bien el juez Pedraz "puede continuarlo en España, no tiene la posibilidad de que los acusados comparezcan en Madrid" Mario Polanco, director de Grupo de Apoyo Mutuo, considera que el fallo de la CC "genera un sentimiento de frustración" en los familiares de las víctimas, las cuales "perciben que no se va a lograr una sentencia condenatoria" contra los acusados "aunque se acuda una y otra vez a los tribunales" guatemaltecos Esta situación ha provocado que su organización ?dedicada a apoyar a víctimas y familiares de la represión?, así como otros grupos civiles, recurran a tribunales internacionales "Sólo el Grupo de Apoyo Mutuo está llevando 75 procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", dice Ibarra plantea: "la gran pregunta es si Rigoberta Menchú y las organizaciones que apoyan a los familiares de las víctimas van a reencausar sus esfuerzos en la justicia local Si dicen tener pruebas contundentes sobre la responsabilidad de estos militares y civiles en actos de genocidio, tienen que hacer todo lo posible para que los órganos de justicia guatemaltecos queden ante el reto de tratar estos casos" "Mano izquierda" Francisco Palomo ?abogado de Ríos Montt y promotor del recurso ante la CC que terminó con las pesquisas de Pedraz en Guatemala? opina sobre este aspecto: "Lo que ha dicho la CC es que el tribunal español no tiene jurisdicción para juzgar los hechos acontecidos en territorio guatemalteco, por lo que ordenó la libertad de los militares que se encontraban detenidos" Así, en la práctica, señala, la ANE "no puede gestionar ni venir a escuchar testigos a Guatemala Puede seguir su investigación en España, pero no podrá ejecutar aquí las sentencias que emita" Sobre la resolución de Pedraz, sostuvo: "Él tiene su forma de pensar Personalmente tengo la lectura de que el juez escribe con la mano izquierda No le habrá causado gracia la resolución" de la Corte Como abogado de Ríos Montt, Polanco sostiene: "No reconocemos que en Guatemala hubo genocidio Lo que aconteció fue un conflicto armado donde murieron combatientes de ambos lados, y en ambos lados había indígenas Pero no hay pruebas de que alguien hubiese decidido exterminar a los mayas"