México, D F, 26 de febrero (apro)- Momentos antes de que la Cámara de Diputados decidiera suprimir de la reforma de justicia y seguridad los allanamientos sin orden judicial, el ombudsman José Luis Soberanes ya se había resignado a esa modificación atentatoria contra la Constitución y propuesta por el gobierno de Felipe Calderón "¿Quién nos defenderá de las reformas?", dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al ser cuestionado por la prensa sobre los efectos de la reforma en los derechos humanos Luego de leer su informe anual ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Soberanes declaró que la reducción de las garantías individuales no sólo tiene que ver con los cateos sin orden de un juez, sino también con la reducción de los requisitos para detener, sin pruebas, a una persona Este último sí fue aprobado en la reforma judicial que afecta los artículos de la Constitución que garantizan las garantías individuales El titular de la CNDH pidió a la Cámara de Diputados pensar no consumar "este atraco a la nación" Con su informe ante la Suprema Corte, Soberanes terminó con la presentación de los tres Poderes de la Unión Desde mayo del año pasado, Soberanes presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de aumentar las causas de despenalización del aborto en la capital del país A pesar del amplio rechazo social padecido por la Corte en el caso Lydia Cacho, Soberanes dijo que la SCJN no ha rehuido los temas políticamente riesgosos La Corte tiene abiertas dos investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2006 durante los disturbios sociales en San Miguel Atenco, estado de México, y Oaxaca Según sus propias resoluciones en ambos casos, la Corte tendrá que identificar a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de tales violaciones En su informe, el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM aseguró que, para afrontar los riesgos que presenta la agenda de los derechos humanos, "seguramente será cada vez más necesaria la intervención de la SCJN"