San Cristóbal de las Casas, Chis , 7 de febrero (apro)- Los obispos Samuel Ruiz, emérito de San Cristóbal, y Raúl Vera López, de Saltillo, reprobaron hoy que con el pretexto de la legalidad y el estado de Derecho se haya criminalizado la protesta social en México A través de una carta, leída a dos turnos, ambos jerarcas recordaron que "la protesta social es un derecho y la represión un delito" Los prelados estuvieron de visita en esta ciudad, de cuya Diócesis fueron titulares, para participar en una campaña nacional impulsada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos" Recordaron que en tan sólo en Chiapas, en menos de un mes distintos hechos dan cuenta de la tendencia que existe criminalizar de la protesta social Denunciaron que desde hace varios años en México se vive un proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales "Esta política se acompaña de un discurso que apela a la legalidad y al Estado de derecho En la actualidad el Estado mexicano frente a las acciones organizadas de protesta social responde de forma represiva, bajo algunas de las siguientes modalidades: cierre de los espacios de diálogo, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida civil y propiamente la criminalización de la protesta social", dijo Ruiz García El obispo ahora retirado en una iglesia de Querétaro, expuso que la criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos "Esta política de criminalización es, en realidad, una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad", señaló Ruiz García explicó que tanto en Chiapas como en México la criminalización de la protesta social se manifiesta en las detenciones arbitrarias, acoso y persecución de defensores; se equipara a luchadores sociales con delincuentes, se agravan las acusaciones imputándoles delitos políticos o contra la seguridad nacional, se decretan ilegales las protestas sociales, se realizan reformas al código penal tipificando nuevos delitos y se comentan faltas al debido proceso legal "Frente a esta política imperante la Red insiste en que la protesta social es la expresión del descontento ciudadano frente a decisiones en las que no han sido consultados, no han estado involucrados o que les desfavorecen y perjudican", dijo Ruiz García Por su parte, el obispo Raúl Vera dijo que "la protesta social es la garantía social de los derechos humanos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos; por lo cual a la protesta social se le reconoce como autotutela de derechos, que son formas de acción en las que los propios titulares emplean vías directas para reclamar o defender un derecho" Los obispos explicaron que la campaña tiene por objetivo aportar elementos para el debate y mostrar que la protesta social es una acción legítima y necesaria en sociedades tan injustas como la de México; y que es, también, una herramienta indispensable en la lucha por hacer que se respeten y cumplan los derechos humanos