Pide AI al Senado revisar la iniciativa de reforma al sistema penal

sábado, 9 de febrero de 2008
* El proyecto tiene elementos que minan los avances en derechos humanos México, D F, 8 de febrero (apro-cimac)- Amnistía Internacional (AI) recomendó al Senado de la República asegurarse que el contenido del proyecto de reforma constitucional en materia de justicia penal que en breve discutirá, se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos, ya que el Estado mexicano está obligado a cumplirlos y respetarlos Aun cuando el organismo reconoció que el proyecto contiene importantes cambios en la materia, consideró que las nuevas disposiciones propuestas para el proyecto de reforma deberán contribuir, si son aprobadas, al fortalecimiento del debido proceso y al respeto de los derechos humanos, tanto del acusado como de la víctima En su comunicado, Amnistía hizo un llamado a las y los legisladores "para que incluyan las medidas necesarias para lograr una rendición eficaz de cuentas de quienes hacen parte del sistema de justicia penal y de seguridad pública"; así como "un sistema de reparaciones" acorde con los estándares aplicables en casos de violación de derechos humanos En este marco, AI señaló como ejemplo positivo, el caso de la inclusión explícita en la Constitución del principio de presunción de inocencia, del principio de igualdad procesal entre las partes y de la nulidad de toda prueba obtenida mediante la violación de derechos fundamentales Sin embargo, detalló que el proyecto también contiene elementos que minan los avances en materia de derechos humanos y garantías, por lo que consideró necesario revisarlos y modificarlos debidamente antes de su aprobación La reforma constitucional en materia de justicia penal fue acordada y aprobada en el Senado al final de 2006 Las y los diputados la aprobaron con dos cambios, lo que ha hecho que vuelva a ser discutida por los senadores en febrero de 2008 Ante esto, Amnistía Internacional ha promovido la adopción de reformas al sistema de justicia para terminar con las violaciones de derechos humanos Arraigo, retroceso AI enfatizó que "la incorporación del arraigo en la Constitución es un claro retroceso", ya que esta forma de detención preventiva ha sido definida como arbitraria por órganos internacionales de derechos humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) y el Comité contra la Tortura (CT), los que, a su vez, han recomendado su eliminación "El hecho de limitar el uso del arraigo a casos de delincuencia organizada no cambia su naturaleza ni el hecho de ser considerada una violación seria a los derechos humanos", subrayó De igual forma el organismo internacional alertó sobre la ambigüedad con la que se ha definido delincuencia organizada y su régimen especial, ya que podrían abrir las puertas para la afectación de uno de los principios esenciales del derecho penal en un régimen constitucional moderno: el principio de legalidad, especialmente en lo relacionado a la certeza de la ley "La definición de esta categoría en la reforma es mucho más amplia que la definición contenida en la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (Convención de Palermo) y además deja abierta la posibilidad de su posterior ampliación a través de la legislación secundaria", señaló El concepto de "delincuencia organizada" incluido en el proyecto de reforma implicará un proceso judicial con garantías limitadas, lo que entre, otros aspectos, podrá dejar un amplio margen para que el Ministerio Público valore las pruebas recabadas dentro de la investigación, sin que necesariamente deba repetirlas ante el juez durante el proceso judicial, señala Abuso de poder Por otro lado, Amnistía Internacional consideró positiva la restricción del concepto de flagrancia, "en tanto se acerque a las normas internacionales de derechos humanos" y confió en que la legislación secundaria en la materia "no la desnaturalice tal como ya ha ocurrido en el pasado" Explicó que la propuesta de que las y los policías puedan ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando esté en juego la vida o la integridad de las personas o en caso de flagrancia, "genera serias preocupaciones" "El abuso de poder por parte de policías para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia por AI, advirtiéndose en no pocas ocasiones que la actuación policial ilegal ha sido disfrazada ante el Ministerio Público o ante el juez mediante el uso de evidencias fabricadas para justificar la actuación de los agentes policiales", agregó El organismo señaló también que el establecimiento de jueces de control puede constituir un mecanismo importante para supervisar la actuación de la policía y del Ministerio Público Sin embargo, consideró necesario señalar expresamente que la función primordial de dichos jueces es garantizar el respeto y cumplimento de los derechos humanos y el debido proceso "La reforma propuesta mejora el derecho a un abogado defensor, lo que en varios aspectos es positivo; pero a la vez es necesario definir el derecho a una defensa adecuada y a la asistencia de un defensor en congruencia con los estándares internacionales de derechos humanos, apuntó Así la reforma supone la actuación de los funcionarios de justicia y seguridad pública conforme a los principios "legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos", sin fortalecer los mecanismos para lograrlo Para AI, la impunidad por las violaciones de estos principios continúa siendo uno de los grandes obstáculos a los avances en materia de justicia y seguridad pública

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