Comisiones de derechos humanos de todo el país rechazan la reforma judicial

sábado, 1 de marzo de 2008
Colima, Col , 29 de febrero (apro)- Las reformas constitucionales al sistema de justicia penal de México "pueden derivar en violaciones a los derechos fundamentales de una ciudadanía cada vez más vulnerable a la inseguridad, advirtió hoy la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Defensa de los Derechos Humanos El organismo, que aglutina a todas las 33 instancias gubernamentales del país encargadas de procurar el respeto a los derechos humanos, consideró también que las reformas "pueden significar un paso atrás" en la observancia de las garantías fundamentales de los mexicanos En un documento firmado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, Enrique García González, vocero de la Federación, el organismo señaló su preocupación porque se haya elevado a rango constitucional la figura del arraigo Indicó que con las nuevas disposiciones legales también "se reducen peligrosamente" los requisitos para librar una orden de aprehensión No obstante, aunque el ombudsman estatal estimó que con las reformas aprobadas recientemente por la Cámara de Diputados "persisten algunos excesos", consideró que éstos "podrían ser subsanados, o al menos moderados, mediante la modificación de leyes penales secundarias" García González comentó que los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos del país comparten la preocupación de la sociedad mexicana por los elevados niveles de inseguridad que han sometido la paz, tranquilidad y seguridad pública en México Sin embargo, precisó que además de acompañar la demanda social que exige a las autoridades el cumplimiento del derecho a la seguridad de las personas y sus bienes, los organismos humanitarios manifiestan también su inquietud por que las medidas que se adopten para enfrentar el crimen, en especial las legislativas, sean en todo momento apegadas al respeto a los derechos humanos "Las comisiones y procuradurías de derechos humanos del país ?dijo Enrique García? están convencidas de que el Estado mexicano debe combatir los hechos que afrentan la tranquilidad social y que constituyen una amenaza y un desafío para la seguridad de la población, con medidas eficaces y de absoluto respeto a los derechos humanos" Añadió que la federación comparte plenamente la demanda de muchos mexicanos por una reforma penal que equilibre por una parte el legítimo deseo de mayor eficacia en el combate a la criminalidad y por la otra el derecho a la paz social con la debida protección a los derechos humanos Lo que no se puede aceptar, concluyó, es que para resolver el problema de la inseguridad se adopten medidas que pueden traer como consecuencia la comisión de atropellos contra los ciudadanos

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