* No serán objeto de persecución por parte del gobierno mexicano México, D F, 5 de marzo (apro)- Las personas y organizaciones que auxilien a inmigrantes extranjeros indocumentados no podrán ser objeto de persecución por parte del Estado mexicano, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN La decisión fue tomada por la Primera Sala del máximo tribunal, luego de resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de Chiapas frente a la interpretación del artículo 138 de la Ley General de Población Por unanimidad, los cinco ministros integrantes de la Sala resolvieron que el delito de tráfico de personas es cometido sólo por aquellos que albergan o transportan indocumentados con fines de lucro, lo cual no se le puede atribuir a las organizaciones humanitarias Bajo ese criterio, la Corte sentó jurisprudencia que deberá ser aplicada por todos los juzgados del país, en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie algún proceso en contra de personas y ONG que de buena fe ayuden a inmigrantes que hayan entrado al país de forma indocumentada, como ocurre repetidamente con ciudadanos de Centroamérica El tráfico de personas, en el que participan incluso representantes de la autoridad, es un fenómeno creciente y, de acuerdo con datos oficiales, cada año la PGR consigna unos mil 500 casos La Suprema Corte informó también que a propuesta de su ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, México se integró a la Comisión Iberoamericana de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad El representante será el magistrado César Esquinca Muñoa, quien por unanimidad fue elegido en la 14 Cumbre Judicial Iberoamericana que tiene lugar en Brasilia, Brasil, y en la que participan presidentes de los máximos tribunales de Iberoamérica Esquinca, quien es director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, tendrá entre sus tareas la de recomendar a los países miembros la adopción y fortalecimiento de políticas para el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia por parte de las personas en condiciones de vulnerabilidad