México, D F, 29 de abril (apro-cimac)- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Bárbara Italia interpusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en contra del Estado mexicano por el caso de las 11 mujeres presuntamente violadas durante los operativos policíacos de San Salvador Atenco, ocurridos en mayo de 2006 Los denunciantes confiaron en que esperan que por esta vía las mujeres presuntamente agraviadas, entre ellas varias extranjeras, encuentren por fin la justicia En conferencia de prensa, Jacqueline Sáenz y Diana Martínez Medrano, abogadas del Prodh, informaron que Luis Arriaga Valenzuela, director del Prodh, y Bárbara Italia, una de las víctimas de violación, así como representantes del Cejil, se encuentran en la sede de la CIDH en Washington, como peticionarios para que éste organismo admita el caso de 11 de las mujeres que fueron presuntamente violadas y torturadas sexualmente Señalaron que hoy se denunció ante la CIDH que "el Estado mexicano es responsable por haber violado derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, de acceso a la justicia, a la igualdad y no discriminación" Además, informaron que en la petición se incluyeron los testimonios de las 11 mujeres y los peritajes realizados por el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR) Las abogadas del Prodh manifestaron que lo que esperan de esta instancia internacional de derechos humanos con estatus consultivo ante la OEA, es una recomendación al Estado mexicano para que haya justicia y se repare el daño a las víctimas no sólo en el aspecto económico, sino en sus proyectos de vida El Prodh hizo hoy también un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad e integridad de las mujeres que denunciaron violación, tortura sexual y psicológica ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) en 2006 Jacqueline Sáenz y Diana Martínez afirmaron que, "a dos años de los hechos violentos en San Salvador Atenco y Texcoco, el 3 y 4 de mayo de 2006, donde más de 200 personas fueron detenidas, de las que 49 fueron mujeres y 26 de ellas violadas sexualmente por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del estado de México, algunas mujeres que han obtenido su libertad continúan sufriendo hostigamiento" Añadieron que, de acuerdo con testimonios de 11 de las mujeres que interpusieron denuncia ante la Fevim, éstas "han sido acosadas y hostigadas vía telefónica, ya sea a través de llamadas o mensajes vía celular, donde les preguntan por otras de sus compañeras que denunciaron" El Centro Prodh no descartó que, quienes perpetraron los abusos sexuales contra las mujeres de Atenco, "sean los mismos que están haciendo estas llamadas", ya que, dijo, durante su traslado al penal, las mujeres fueron interrogadas acerca de sus datos personales como nombre, dirección y teléfono Son varios los organismos internacionales que se han pronunciado para que, quienes ejercieron la tortura sexual contra las 26 mujeres, reciban castigo y para reparar el daño a las víctimas A cinco meses de los operativos de 2006, el Comité Contra la Tortura (CAT) responsabilizó al Estado mexicano de los actos de tortura, por lo que afirmó que era su "obligación" reparar el daño de las víctimas y sus familias Los informes de la CNDH y de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), realizados en junio de 2006, señalaron contundentemente la existencia de tortura durante los operativos, al tiempo que hicieron una serie de recomendaciones El Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), Amnistía Internacional (AI), la ONU y organismos internacionales de derechos humanos, han pedido al Estado mexicano castigo a los responsables y justicia para las mujeres Además, expertas del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reunidas en agosto de 2006, exigieron al gobierno mexicano otorgar a la Fevim la facultad para procesar y castigar a los culpables de los hechos en Atenco A dos años de los hechos, de las 26 mujeres que presuntamente fueron agredidas sexualmente por los cuerpos policíacos, al mando del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora y ahora procurador General de la República, sólo 14 decidieron denunciar ante la Fevim De éstas, tres desistieron el proceso, y 11 continúan en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables, ahora a través de la vía internacional