* Debilitaría independencia de la Oficina de la ONU, afirma el Cejil México, D F, 9 de mayo (apro-cimac)- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) manifestó su preocupación porque la salida de Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, "haya obedecido" a "presiones políticas" A través de un comunicado dirigido al presidente Felipe Calderón, el Cejil considero que la salida de Incalcaterra, si obedeció a presiones políticas, "debilitaría la independencia y mandato" de la Oficina en nuestro país Firmado por Soraya Long Saborío, directora de la región Mesoamérica, el Cejil solicitó a Calderón que, en cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, garantice la independencia de esta Oficina en México, así como el libre ejercicio de su mandato, en especial cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado contra civiles Long le recordó a Calderón Hinojosa que el Cejil, cuya misión es asegurar la plena ejecución de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), trabaja en dos temas fundamentales en México: la tortura y la justicia militar En el último caso, la preocupación del Cejil se ha centrado en las graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares hacia la población civil, particularmente los abusos sexuales contra mujeres por miembros del Ejército Mexicano y otras fuerzas de seguridad del Estado Desde 2007, Cejil representa legalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Inés y Valentina, indígenas tlapanecas violadas por militares en Guerrero, en 2002, cuyos casos fueron presentados ante ese organismo en 2003 y admitidos por éste en 2006 Además, en marzo de este año, el Cejil, junto con otras organizaciones mexicanas, denunció ante la CIDH que el Estado mexicano no ha cumplido con las recomendaciones hechas por dicha Comisión en el caso de las hermanas tzeltales violadas por militares en 1997 en Chiapas, e insistió que éste no ha sido "sacado" de la jurisdicción militar En el comunicado de hoy, Soraya Long también recordó a Calderón que durante las visitas del Cejil a nuestro país, que ya suman 4, ha impulsado reformas legislativas al artículo 57 del Código de Justicia Militar y al artículo 13 constitucional, para garantizar que estas violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean conocidas por tribunales civiles y no militares como actualmente sucede