México, D F, 13 de marzo (apro)- Diputados de PAN, PRI, PVEM, Nueva Alianza y Alternativa exoneraron a Juan Camilo Mouriño de los señalamientos sobre vulneración de normas cuando fungió como servidor público al mismo tiempo que era proveedor del gobierno federal En un extenso documento de 69 cuartillas, los legisladores federales concluyeron que los convenios firmados por Mouriño --en representación de la empresa Transportes Especializados Ivancar con Pemex-Refinación-- "son legales", que no hubo "tráfico de influencias" y, por si fuera poco, consideraron que Mouriño en ese entonces era "un simple apoderado", un empleado de la empresa familiar Sobre su calidad de funcionario público, los diputados concluyeron que sí, efectivamente, era servidor público cuando se firmaron los convenios, pero que no lo era de Pemex-Refinación, y por lo tanto no era él quien disponía del presupuesto de la paraestatal Y finalmente los legisladores aceptaron que, a pesar que el actual secretario de Gobernación ya no era accionista de Ivancar cuando firmó los convenios a la vez que era funcionario federal, sí lo era de la empresa controladora Grupo Energético del Sureste (del que forma parte Ivancar) pero, alegaron, la ley no incluye la prohibición a sociedades controladoras sino a una empresa en particular: "?El señor Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de mero apoderado legal de Teisa (Ivancar), no formaba parte de la sociedad en las fecha de celebración de los convenios con Pemex-Refinación "Para arribar a la conclusión anterior, esta comisión no pasó inadvertido el hecho de que en algunas de las fechas de celebración de los convenios con Pemex-Refinación, el señor Juan Camilo Mouriño Terrazo era accionista de GES (Grupo Energético del Sureste) que, como se ha dicho, es la sociedad controladora de Teisa", se reconoce en el documento para luego pasar al siguiente análisis y con ello pretender justificar la no aplicación de la ley al titular de Gobernación: "Sin embargo, la prohibición que establece el artículo 50, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no abarca a las demás empresas que forman parte del mismo grupo empresarial, por lo que no impide que Pemex-Refinación celebre contratos con sociedades controladas o una sociedad controladora de la que formen parte servidores públicos federales" La comisión de legisladores que fue creada para indagar "la legalidad" de los contratos entre Ivancar, propiedad de la familia Mouriño, y Pemex-Refinación, entregó hoy sus conclusiones a la Junta de Coordinación Política (JCP) Durante los trabajos de la comisión, efectuados del 25 de marzo al 12 de mayo, no participaron los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), que aglutina a PRD, PT y Convergencia En realidad la comisión fue creada para frenar el escándalo mediático que generó la difusión de los contratos en los que Mouriño ocupa las dos posiciones: de servidor público y proveedor del gobierno federal Cabe destacar que los convenios fueron dados a conocer por la revista Contralínea el 16 de febrero y después fueron retomados por el llamado "presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador, en su mitin del 17 de febrero en el Zócalo capitalino El malestar que generó entre la población el caso, pues éste se ventiló en todos los medios, incluyendo los electrónicos, obligó a diputados de todos los partidos, excepto el PAN, a demandar la creación de una comisión especial En un principio PRI, Panal, PVEM y Alternativa respaldaron la petición del FAP (PRD, PT y Convergencia), sin embargo, después de un mes de negociación con los panistas, estas fuerzas aceptaron crear la comisión especial pero en forma limitada Esto última maniobra fue argumento del FAP para no participar en ella La comisión que encabezó el diputado del Verde Ecologista, Xavier López Adame, arrancó su investigación llamando a comparecer al director de Pemex-Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis; al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y al director de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Tirso Martínez Estos alegaron que los contratos fueron legales y que la adjudicación directa --parte del motivo de inconformidad-- se justificaba porque a la paraestatal le sale más barato entregar los contratos de manera directa que mediante licitación; los diputados hicieron suyos estos argumentos pero nunca pidieron un estudio que respaldara tales afirmaciones Después se centraron en si existió el probable tráfico de influencias, pues cuando Mouriño firmó los contratos, fungió en un primer momento como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, en un segundo tiempo, como funcionario de la Secretaría de Energía (Sener) Para ello recurrieron a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y según su peculiar interpretación, ésta no es aplicable al caso, primero porque los cargos de Mouriño no tenían que ver con el área del gobierno (Pemex-Refinación) que asignó los contratos Además, en su calidad de servidor público, él no tenía el manejo de los recursos de la paraestatal, pues no era funcionario de Pemex Pero no paró ahí todo Los diputados aseguraron que los convenios, motivo de la indagatoria, se firmaron de 2000 a 2003, y que para entonces Mouriño ya había entregado las acciones que tenía en la empresa familiar a su padre, Carlos Mouriño Atanes, y que el hoy secretario de Gobernación sólo se desempeñaba como "apoderado legal" de Ivancar Y sobre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su artículo 50 establece que un funcionario no puede ser contratista del gobierno federal, los legisladores consideraron también que él ya no era accionista: "Si bien el señor Juan Camilo Mouriño actuó como apoderado legal de la empresa en la firma de los convenios, no por ello puede considerársele legalmente como parte de la empresa Teisa, aun a partir de una interpretación extensiva del artículo 50, fracción II, de la Ley de Adquisiciones y de las disposiciones correspondientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles "En efecto, si bien el apoderado legal tiene una relación con la sociedad, no forma parte de ella, ya que la representación que ostenta deriva de una relación contractual" (es decir, era "un simple apoderado") Y más: "Así, el solo hecho de que el señor Juan Camilo Mouriño Terrazo haya suscrito los convenios en su carácter de apoderado legal de Teisa, no genera su ilegalidad conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos" Así, los diputados de PAN, PRI, PVEM, Panal y Alternativa concluyeron: "No se encontró evidencia alguna que permita afirmar que el señor Juan Camilo Mouriño Terrazo haya aprovechado la posición que sus cargos públicos federales le conferían para inducir a los servidores públicos de Pemex-Refinación a celebrar los convenios con Teisa" Los miembros de la comisión incluyeron en su informe una carta que la noche del 12 de mayo les envió el secretario de Gobernación, y que no es sino la misma justificación que a fines de febrero ofreció y en la que sostuvo que: "No hubo conflicto de interés alguno en mi actuación como servidor público, puesto que los convenios no los suscribí en ejercicio de mis cargos públicos sino como apoderado de Teisa Además, mis atribuciones no estaban relacionadas con la operación comercial de Pemex-Refinación, ni mucho menos con las cuestiones de transporte Nunca intervine como servidor público en acto alguno que representara un beneficio económico para mí o para mi familia "No incurrí en tráfico de influencias, puesto que jamás induje a funcionario alguno de Pemex-Refinación para obtener beneficios o privilegios indebidos Como he dicho, las condiciones de contratación a las que accedió Teisa fueron idénticas a las de cualquier afiliado a la Canacar", argumentó en la misiva Luego de conocer el informe de la comisión especial, el PRD --a través del diputado Alejandro Sánchez Camacho-- puso en tela de juicio "la ética" de los legisladores que virtualmente exoneraron al titular de Gobernación; incluso los acusó de haber actuado como "tapadera de los actos ilegales" cometidos por Juan Camilo Mouriño Además, informó que el FAP "se reserva el derecho de presentar denuncias ante la PGR y constituir un Tribunal Ciudadano con intelectuales, juristas y población para enjuiciar públicamente al hoy secretario de Gobernación" Los legisladores de PRD, PT y Convergencia respaldaron la conformación de dicho tribunal en el artículo 20 de la Constitución, fracción VI: "Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación"