* Deberán explicar la exención del IVA a Telefónica Movistar y el eventual reembolso de tres mil mdp a UNEFON México, D F, 11 de junio (apro)- La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que preside el diputado perredista Antonio Ortega Martínez, citará a comparecer a los secretarios de Hacienda y del Trabajo, Agustín Carstens y Javier Lozano Alarcón, para que expliquen la decisión de exentar del IVA a Telefónica Movistar y el caso del eventual reembolso de tres mil millones de pesos a UNEFON Durante una reunión de la mesa directiva de esa comisión, se acordó invitar también al exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, para que informe sobre estos mismos temas La reunión se realizará fuera de la Cámara de Diputado, por no tener el exsecretario un cargo de funcionario en la actualidad El próximo martes, la comisión acordará el día y lugar donde se realizará el encuentro con Gil Díaz "Las razones para invitar a Carstens y a Gil Díaz son muy claras: son actores involucrados en estos temas", señaló Ortega Martínez "Carstens, supongo, tiene claro un punto de vista sobre el asunto de las concesiones de UNEFON y el posible daño al erario, y suponemos que la Secretaría de Hacienda debe estar haciendo algo, y queremos saber qué hace", añadió Dijo que Carstens "debe tener también una opinión sobre la discrecionalidad con la que actuó el SAT Tiene que dar una explicación sobre la exención del pago del IVA" En entrevista, Ortega Martínez dijo que esperarán la información para tener un panorama lo más completo posible Añadió que, a partir de ahí, con base en fundamentos legales, determinar responsabilidades y ver qué procede, pero inicialmente lo que se quiere, dijo, antes de presentar denuncias, es conocer el punto de vista de las partes involucradas Al término de la reunión, Ortega Martínez explicó que en 1989 la Cofetel hizo una convocatoria para licitar concesiones de telefonía de banda ancha, la cual fue ganada por UNEFON Sin embargo, dijo, la empresa no cubrió el monto de la concesión en el plazo establecido, aproximadamente 2,300 millones de pesos en un lapso de 180 días, y la Coetel, con opinión de las secretarías de Hacienda y Comunicaciones y Transportes, otorgó una prórroga para el pago Además, indicó, estableció a la empresa el pago de intereses por 538 millones de pesos Dijo que impugnó esa decisión ante un tribunal de última instancia, que le dio la razón y se los devolvieron "Lo delicado es que la Cuenta Pública arrojó datos sobre un segundo juicio para la actualización de los 538 millones de pesos, que significarían que el gobierno tendría que disponer de más de tres mil millones de pesos para UNEFON", añadió Esto, dijo, generaría un grave daño al erario, pues con ese dinero, señaló, se podrían equipar cuatro mil aulas multimedia; se becaría a más de 15 mil jóvenes mexicanos para hacer maestrías y doctorados en el extranjero, y más de mil 500 comunidades marginadas tendrían acceso a tractores y a métodos técnicos más modernos Sobre el caso de Telefónica Movistar, Ortega Martínez dijo que la revisión de la Cuenta Pública 2006 arrojó una decisión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de exentar del pago del IVA el roaming internacional de ésta empresa, por lo que también se invitará a Gil Díaz para que aclare este asunto Señaló que se deben conocer las medidas sobre la discrecionalidad con la que actuó el SAT "Es urgente elaborar la corrida financiera para conocer el monto de esa exención y, a partir de ahí, establecer el daño al erario, aunque estoy plenamente seguro de que el SAT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben conocer el monto del IVA no pagado por más de un año" Lo extraño, abundó, es que Gil Díaz dejó la Secretaría de Hacienda, y a los pocos días fue nombrado presidente del Consejo de Administración de la empresa "No sólo violó la norma que establece que ningún funcionario público de alto nivel puede ser contratado en el transcurso de los dos siguientes años por una empresa privada, bajo el supuesto de que podría haber hecho uso de información privilegiada y que significara una especie de conflicto de intereses", afirmó Sobre las consecuencias para Gil Díaz, el diputado señaló que "el hecho de que ya no sea funcionario público, no lo salva El que adquiera la calidad de funcionario privado no lo blinda de las responsabilidades que pudo haber tenido cuando era funcionario público" Indicó que con el poder que tuvo como secretario de Hacienda, "debe estar interesado en que su imagen pública no se ligue a la corrupción, tráfico de influencias y denuncias El hecho de que deje de ser funcionario no lo exime de responsabilidades Hay fundamentos legales para iniciar procedimientos y responsabilidades que las autoridades tendrán que esclarecer"