* Intimidación luego de la exhibición de la película ?Verdades que matan?, se acusa México, D F, 16 de junio (apro-cimac)- Karla Michel Salas, representante legal de Marisela Ortiz y Marilú Andrade, informó hoy que la semana pasada interpuso una denuncia en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) contra quien resulte responsable de las amenazas de muerte recibidas por ambas activistas de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, luego de la exhibición de la película Verdades que matan (Bordertown) En entrevista telefónica, la abogada señaló que pidieron a la fiscal Guadalupe Morfín una investigación exhaustiva de las amenazas contra las activistas, peritajes, así como "mecanismos de reacción inmediata" que se refieren a que, cuando se les requiera, las autoridades locales y federales actúen eficazmente Anunció que esta semana viajará a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se reunirá con autoridades federales y de la entidad para conocer el estado de las investigaciones Michel Salas también informó que el Estado mexicano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se concedan medidas cautelares para las integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa La abogada señaló que la CIDH le notificó de esta solicitud el martes anterior, por lo que están a la espera de información sobre si se concedieron o no las medidas Marisela Ortiz sostuvo, también en entrevista telefónica, que las intimidaciones en contra de las activistas de la organización que preside han continuado, por lo que hizo un llamado a la Fevimtra a brindarles protección lo más pronto posible Recordó que, aunque no es la primera vez que integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa reciben amenazas, éstas resurgieron a raíz de la promoción de la película Verdades que matan y del apoyo a los eventos que Amnistía Internacional (AI) ha realizado Para Marisela Ortiz "es difícil que tengamos confianza y nada nos hace sentir seguras Si ya vivir en Juárez no es seguro por la violencia cotidiana, la actividad que realizamos redobla el riesgo para nosotras y nuestros familiares" Sin embargo enfatizó que pese a estas "advertencias" no se limitarán en su trabajo de activismo que realizan desde 2001, y aseguró que aunque han tenido que abandonar sus oficinas, continuarán trabajando con los familiares de las mujeres asesinadas y desaparecidas Hizo un llamado a las feministas, a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil a estar pendientes de lo que sucede en Juárez y a no minimizar la violencia que se sigue ejerciendo en contra de las mujeres de esta entidad fronteriza con Estados Unidos Pese a la ley general, insistió en que el problema de la violencia contra las mujeres no ha terminado y la violación a sus derechos humanos tampoco, dijo "Ha habido avances y los reconocemos, así como la apertura de estas autoridades, pero la meta aún no se cumple porque queremos hacer de Juárez un lugar donde se nos respete, donde podamos desplazarnos libremente sin el temor a ser agredidas", concluyó Casos en la CIDH Cabe recordar que actualmente se encuentran en la CIDH dos casos de feminicidio admitidos en marzo de 2006: el de Silvia Arce, desaparecida en 1998, y el de Paloma Angélica Escobar, asesinada en Chihuahua en marzo de 2002 Además existen dos peticiones individuales en la misma instancia: el caso de Lilia Alejandra Andrade y de Silvia Elena Rivera, presentadas en 2002 ante la CIDH y que están en espera de ser admitidas Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) admitió, en noviembre pasado, el primer caso de feminicidio relacionado con tres casos de mujeres que fueron encontradas asesinadas en el área conocida como "campo algodonero" de Ciudad Juárez Todos ellos fueron llevados ante ess instancia por Karla Michel Salas y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y representantes legales de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa