REYNOSA, Tamps , 15 de julio (apro)- El presidente estatal del PRI, Ricardo Gamundi Rosas, exigió a la Procuraduría General de la República que presenta pruebas sobre las supuestas relaciones que tienen alcaldes de Tamaulipas con el crimen organizado Según informes de la PGR, publicados hoy por la prensa del Distrito Federal, al menos 80 Ayuntamientos del país, la mayor parte de Tamaulipas y Sinaloa, son controlados por el narcotráfico "Pues que presenten denuncia en contra de todos los presidentes municipales que ellos tengan pruebas", reclamó el dirigente y líder del Congreso local "Igualmente, también en contra de todos los generales que ellos tengan pruebas, que vayan y la presenten, así de sencillo y concreto", señaló el dirigente priista Por otra parte, el ayuntamiento de Reynosa, intentó minimizar el auto de formal prisión dictado ayer en contra Juan José Muñiz Salinas, conocido como El Bimbo, quien hasta abril pasado se desempeñó como director de Seguridad Pública municipal Después de una reunión entre el alcalde Oscar Luebbert Gutiérrez y funcionarios municipales, el secretario del Ayuntamiento, Miguel García Ahedo, aclaró que "el licenciado Muñiz todavía no es culpable", ya que el auto de formal prisión implica el inicio de la etapa de pruebas, en donde tanto el procesado, como el Ministerio Público fijarán su postura "Habrá el derecho de audiencia y a que se defienda de los cargos", expresó el funcionario municipal García Ahedo fue el encargado de dar una rueda de prensa para exponer la postura del Ayuntamiento luego de que el juez cuarto de Distrito en Materia Penal Federal encontró elementos suficientes para dictar el auto de formal prisión en contra del exfuncionario policíaco por presuntos nexos con el narcotráfico Muñiz Salinas fue detenido en esta ciudad el pasado 17 de abril, acusado de proteger actividades ilícitas del cártel del Golfo y luego de tres meses de arraigo, las autoridades judiciales encontraron que había elementos para dictarle el auto de formal prisión García Ahedo fue insistente en señalar que el hecho de que se haya decretado la formal prisión no implica aún ninguna responsabilidad penal para el exfuncionario, sino sólo el inicio de un proceso penal "en el que aún no está dicho todo"