México, D F, 7 de julio (apro)- La autorización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al concierto Mil columnas del tenor Plácido Domingo en la zona arqueológica de Chichén-Itzá, programada para el próximo 4 de octubre, evidencia de nueva cuenta la necesidad de órganos colegiados que eviten decisiones discrecionales, como lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su reciente auditoria al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) A decir de los investigadores y docentes del INAH, organizados en la Delegación Sindical D-II-IA-1, este tipo de espectáculos contraviene lo dispuesto por la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, cuyo artículo 27 indica que estos bienes son propiedad inalienable e imprescriptible de la nación; es decir, subrayan, están fuera de toda actividad comercial Añaden en un comunicado que, por acuerdo presidencial del 31 de diciembre de 1977, estos bienes "no pueden ser utilizados con fines ajenos a su objeto o naturaleza" Y enfatizan que la ley de monumentos considera "de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos", por lo que no hay disposición legal alguna que permita su utilización para la promoción del turismo o espectáculos Es de resaltarse también que la autorización del concierto se dio luego de que el Consejo de Arqueología rechazó su realización mediante un dictamen técnico-académico La función de éste órgano consultivo es emitir recomendaciones "para salvaguardar el patrimonio arqueológico nacional en beneficio de la investigación presente y futura" Parte de sus funciones son también determinar sobre "el otorgamiento de autorizaciones en materia arqueológica a instituciones nacionales y extranjeras" y proponer su aprobación o rechazo a la dirección general del instituto, así como estudiar y analizar "todos los proyectos que se formulen en el INAH sobre materia arqueológica" Sin embargo, el director del INAH, Alfonso de María y Campos, dejó la decisión en manos de la SEP, argumentando que el instituto sólo emite dictámenes y la SEP decide El documento suscrito por la delegación sindical de investigadores del INAH explica que, aunque el titular de la SEP deba firmar, "en última instancia una autorización de este tipo no puede hacer caso omiso de los criterios que emiten los especialistas (del INAH)" El especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom, ha dicho a los medios que el funcionario está renunciando a una capacidad jurídica del instituto --"lo que no ha sucedido en sus 70 años de existencia"--, y en su opinión "es como aceptar que el INAH pierde su autonomía y se concierte en un departamento de la SEP", y por tanto ésta tendría que resolver todo lo referente a la preservación del patrimonio La ley señala que las instancias responsables de esa labor son el INAH, y en patrimonio moderno el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), no la SEP A decir del investigador, la decisión de la SEP está regida por criterios políticos, no académicos ni de preservación Advierte el riesgo de que el turismo cultural ponga a la Secretaría de Turismo por encima de las instituciones culturales Al hablar de la urgencia de trabajar en la elaboración del reglamento a la Ley Orgánica del INAH, el investigador Cuauhtémoc Velasco destacó que, al crearse los consejos académicos que dicha ley establece, se acabarán las decisiones discrecionales Lo cierto es que, aunque por ahora dichos consejos no existen y cuando se creen tendrán un carácter consultivo, la ley de monumentos --subraya Cottom-- es clara en cuanto a la autorización de las actividades que pueden o no llevarse a cabo en las zonas arqueológicas Hay voces que señalan que no sucedería nada si el tenor canta "con respeto" o "sin afectar" los monumentos Ello se provoca cuando las propias autoridades responsables de la aplicación y el respeto de las leyes pasan por encima de las éstas en aras de concesiones, sean comerciales, turísticas o políticas