Arrecia campaña de la IP contra la inseguridad

martes, 12 de agosto de 2008 · 01:00
MEXICO, D F, 11 de agosto (apro)- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó hoy que el Estado no está cumpliendo su obligación de garantizar la seguridad de sus gobernados Al señalar que la impunidad es el principal enemigo del estado de derecho, el CCE indicó que en México 95% de los delitos son del fuero común y el resto del fuero federal Añadió que sólo 07% de esos delitos recibe sentencias condenatorias, por lo que el 933% restante queda impune Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llamó a crear un "pacto de Estado en seguridad pública", alejado de un mero discurso mediático, capaz de "encontrar soluciones y recobrar la tranquilidad social" Para el organismo que preside José Luis Soberanes, la convocatoria presidencial para la participación de distintos órdenes de gobierno y de la sociedad civil en la lucha contra la delincuencia, ha establecido una serie de consideraciones y propuestas que subrayan la importancia de establecer "verdaderos acuerdos de Estado plenamente coordinados entre el gobierno federal, los gobierno estatales y municipales" que permitan combatir dicho flagelo La CNDH afirma que el incremento de las penas e, incluso, la propuesta de la pena de muerte, lejos de acabar con los índices de delincuencia e impunidad, limitan abordar de raíz la falta de resultados en materia de seguridad y tampoco contribuyen a restablecer la confianza social en las instituciones Ante ello, señala que "es fundamental la rendición de cuentas que explique por qué los índices delictivos presentan una tendencia constante hacia el incremento durante los últimos 20 años" En sendos desplegados aparecidos en diarios de circulación nacional, el CCE y la CNDH coinciden en que las acciones y penas aplicables, por más altas que sean, no tendrán un impacto real en el nivel de inseguridad que enfrenta el país, mientras nos sean acompañadas de acciones afectivas El CCE sugiere el reclutamiento de policías y custodios bien pagados y mejor capacitados; una transformación de las agencias del Ministerio Público para desburocratizar la presentación de denuncias; otorgar la autonomía constitucional al Ministerio Público, y precisar y articular las facultades de prevención e investigación del delito para evitar la duplicidad de acciones y el entorpecimiento de las instituciones involucradas La cúpula empresarial subraya que México no avanzará mientras el Estado no asuma su principal responsabilidad y sea capaz de garantizar a su población seguridad física, jurídica y patrimonial A su vez, la CNDH advierte que seguir invocando la aplicación de la pena de muerte, limita el análisis del hecho principal que afecta y aqueja a la seguridad pública, que es la falta de resultados y la desconfianza social generalizada por los altos índices de impunidad Al fijar su posición sobre la pena de muerte y la convocatoria para la construcción de un amplio frente nacional contra la delincuencia y el crimen organizado, el organismo afirma que el problema de la inseguridad pública tiene enormes dimensiones y la impunidad es una de sus principales características, ya que alcanza cifras hasta de 99 por ciento Subraya que también hay una irreductible desconfianza social hacia las corporaciones policíacas, hecho que propicia que sólo 10 por ciento de los delitos cometidos en el país se denuncie ante la autoridad judicial Además, dice, hay una sabida ineficiencia en la mayoría de las investigaciones, sentencias condenatorias en menos de uno por ciento de los casos que llegan a los tribunales y sistemas penitenciarios rebasados por la corrupción La CNDH considera que, con los altos índices delincuenciales, que han resultado imbatibles con las medidas hasta ahora puestas en vigor, México vive hoy el "resurgimiento de una subcultura de la impunidad", una de cuyas características es que los integrantes de las corporaciones de seguridad pública suelen estar implicados con las organizaciones criminales, situación que agravia aún más a la sociedad Las bandas organizadas y pertrechadas apuestan a la ineficiencia y falta de coordinación institucional como la mejor garantía de que sus integrantes no serán detenidos y mucho menos sometidos a un proceso penal, señala en su desplegado

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