Da entrada el Congreso a la primera de una serie de reformas en materia de seguridad

jueves, 14 de agosto de 2008 · 01:00
MÉXICO, D F, 13 de agosto (apro)- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada formal este miércoles a la iniciativa del presidente Felipe Calderón que propone castigar con cadena perpetua algunas formas de secuestro Además, los legisladores anunciaron que en septiembre próximo el Ejecutivo federal enviará al Congreso otras iniciativas para reformar dos códigos y tres leyes relacionadas con el tema de seguridad En su propuesta, el Ejecutivo pone énfasis en las penas para los secuestradores que sean o hayan sido policías, así como para quienes asesinen a sus víctimas En este caso, la sanción será cadena perpetua No obstante, si un plagiario libera a su víctima en tres días y no cobra ningún rescate, alcanzará de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 300 días multa Y en caso de que el plagiado sea liberado espontáneamente, sin que los responsables hayan obtenido el dinero que solicitaban, la pena será de siete a 20 años de prisión y de 350 a 700 días multa La iniciativa presidencial apunta que a los condenados por secuestro no les serán aplicables los beneficios previstos en la ley en materia de ejecución de sanciones penales Con ello, se busca reformar el Artículo 25 del Código Penal Federal para aumentar a 70 años la pena máxima de prisión, que hoy es de 60, y establecer como límite la cadena perpetua En tanto, las reformas al Artículo 366 del mismo código imponen sanciones que van de 40 años de cárcel a prisión vitalicia a los secuestradores que quiten la vida a la víctima Además, se impondrán penas de 30 años o cadena perpetua a aquellos secuestradores que hayan sido o son integrantes de alguna institución de seguridad pública o se ostenten como tales La misma pena se aplicará a quienes lesionen a sus víctimas o secuestren a menores de 18 años de edad o personas que "se encuentren en inferioridad física o mental respecto de quien ejecuta la privación de la libertad" Entre otras penas, destaca la imposición de 25 años de cárcel o incluso prisión vitalicia cuando la privación de la libertad se efectúe para trasladar a un menor de 18 años fuera del país para "obtener un lucro indebido por la venta o la entrega" De igual manera, se aplicarán de 15 a 40 años de prisión a quienes plagien a personas para obtener rescate, tenerlas en calidad de rehenes y amenazar con privarlas de la vida o con causarles daño Esa misma sanción se impondrá a quienes causen daño al secuestrado o realicen un plagio exprés, independientemente de las demás sanciones que correspondan por otros delitos En su iniciativa, el Ejecutivo aclara que si bien hay quienes consideran que la prisión vitalicia es inhumana, la sanción "no cambia el carácter de la pena de prisión, sino sólo extiende su duración" para asegurar que quien mutile o prive de la vida al plagiado no pueda quedar libre Además, anota, la reinserción del delincuente no constituye la finalidad última de la pena, pues ante las modalidades más graves del secuestro "lo primordial es que la sociedad y la víctima tengan la seguridad de que no volverá a delinquir" Por separado, el gabinete de Seguridad anunció que en el próximo periodo ordinario de sesiones el Ejecutivo enviará al Congreso otras iniciativas para reformar dos códigos y tres leyes relacionadas con el tema de seguridad En la reunión con los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, Santiago Creel y Ruth Zavaleta, respectivamente, los miembros del gabinete de Seguridad señalaron que las propuestas mencionadas se refieren al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a las leyes orgánicas de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación (PJF) El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, resaltó la necesidad de contar con el "acompañamiento" del Poder Legislativo para continuar los cambios legales indispensables para el combate al crimen, a fin de asignar recursos presupuestales suficientes y vigilar mediante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) su correcta aplicación En lo que se refiere al Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, convocado por el presidente Felipe Calderón, Creel y Zavaleta resaltaron la necesidad de que sea de largo alcance y trascienda el periodo de la actual administración e incluya objetivos y compromisos concretos de quienes lo suscriban Los legisladores pusieron énfasis en la necesidad de un mecanismo de evaluación y seguimiento, y que en éste participe la sociedad civil

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