Firman acuerdo nacional por la justicia

viernes, 22 de agosto de 2008
Alejandro Martí exige a las autoridades renunciar si no pueden con el cargo; Ebrard acepta el reto MÉXICO, D F, 21 de agosto (apro)- El gobierno federal, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como gobernadores de todos los estados y la sociedad civil suscribieron el Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad, que incluye 75 puntos básicos para frenar el avance del crimen organizado en el país y crear una cultura de la legalidad Para lograrlo, el gobierno de Felipe Calderón se trazó plazos que van desde los tres meses hasta los dos años, a fin de construir todo un sistema de reformas, depuración policíaca, actualización de bases de datos, entre otros aspectos, para detener la oleada de violencia que azota al país y que, se asegura, "genera miedo entre la sociedad" "Que se cumpla, esperemos que ahora sí se cumpla la palabra empeñada, de lo contrario renuncien a sus cargos", dijo el empresario Alejandro Martí, quien tomó la palabra a nombre de la sociedad civil "Si no pueden, renuncien, allá afuera hay muchos jóvenes que no tienen trabajo y que sí tienen ganas de hacer las cosas", insistió Ante este duro cuestionamiento, que emplaza al gobierno de Calderón a cumplir el acuerdo, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, le respondió a Martí: "Yo le tomo la palabra", al tiempo que expuso la necesidad de que "el gobierno en su conjunto adopte a una generación, la que tiene entre 12 y 20 años, a fin de salvarla de las redes de las drogas y de la delincuencia" En el papel, lo que el gobierno de Felipe Calderón plantea es otro país en materia de legalidad que, a juicio del investigador Edgardo Buscaglia, tiene 20 años de atraso y apenas el gobierno reacciona ante una añeja demanda social El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, leyó los puntos básicos del acuerdo, que incluye la depuración y homologación de todas las policías del país, registro de delincuentes, actualización de bases de datos y registro de usuarios de teléfonos celulares, a fin de que, mediante un sofisticado sistema tecnológico, se puedan localizar llamadas y ubicar geográficamente en tiempo real a los delincuentes El acuerdo, según dijo Genaro García, secretario de Seguridad Pública, va encaminado a crear una cultura de la legalidad e incrementar entre la sociedad la confianza para denunciar delitos, lo que hasta ahora no ocurre por falta de confianza en las autoridades Para afrontar estos otros males, el gobierno de Felipe Calderón se comprometió a construir dos penales de alta seguridad con áreas específicas para secuestradores No es todo: se promoverán reformas para evitar que los plagiarios, y quienes cometan delitos mediante la violencia, no puedan alcanzar los beneficios de la preliberación En cada una de las entidades federativas se crearán unidades antisecuestros y se hará un seguimiento puntual de la depuración de más de mil 600 cuerpos de policía, tanto estatales como municipales mediante un "observatorio social" De acuerdo con el diagnóstico que leyó García Luna, en el país existen varias regiones ?municipios, grandes y pequeñas poblaciones? que están dominadas por el crimen organizado Esto se traduce ?expuso-- en que estos grupos criminales (narcotraficantes, secuestradores, entre otros) ejercen influencia incluso política, por lo que el gobierno se comprometió a rescatar, en un lapso de un año, más de mil espacios públicos que están en manos de la delincuencia García Luna se refirió, con cifras, al incremento de los secuestros en el país: dijo que el aumento es explosivo, pues en el año 2005 hubo 472 secuestros y dos años después, en 2007, se cometieron 785 plagios A esto hay que sumar los secuestros que no se denunciaron Otros rubros del acuerdo son: unificar a las policías federales para que operan de manera conjunta; crear un sistema para lograr una verdadera readaptación de los presos, lo que hasta ahora no ocurre, así como establecer mejores y más rigurosos controles dentro de las prisiones En el país habrá una Ley de Extinción de Dominio, para disponer de las propiedades de los delincuentes El gobierno federal también enfocó sus baterías contra las finanzas de las organizaciones criminales y para ello habrá mayores controles en el sistema financiero para impedir el lavado de dinero Esto implicará que se estarán monitoreando las transacciones de dinero de grandes y pequeñas sumas que se depositan en los bancos Entre los meses de septiembre y octubre de este año, se enviarán al Congreso de la Unión dos iniciativas de ley para que por fin se legisle en materia de narcomenudeo y se homologue el control, la capacitación y operación de todas las corporaciones del país De igual forma, se creará un sistema para la gente denuncie los delitos y a los delincuentes, por medio de dos números telefónicos Los denunciantes que aporten información veraz y que sirva para capturar a criminales, serán recompensados A nivel de las procuradurías de los estados, se capacitará a los agentes del Ministerio Público, que estará a cargo de la PGR; el Poder Judicial, por su parte, hará lo propio con jueces, magistrados y otros empleados de su sistema Campa Cifrián expuso que, a partir de la firma del acuerdo, la seguridad pública será tratada como "política de Estado", pues dijo que afuera la gente siente miedo y el Estado tiene que responder a esa exigencia social También se implementarán operativos policíacos para proteger a 13 mil 500 escuelas tanto públicas como privadas, a fin de evitar la venta de drogas y otras sustancias prohibidas Se reforzarán los programas para atender los problemas de adicción, y para ello, se abrirán más centros de tratamiento en el país, a fin de rescatar de las drogas a millones de jóvenes, entre 12 y 20 años, que están atrapados en el consumo de estupefacientes El acuerdo incluye un punto polémico: que los medios de comunicación se sumen erradicando la práctica de hacer apologías del delito y coadyuvando en la instalación de una cultura de la legalidad

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