Caso Martí: los enemigos adentro

domingo, 14 de septiembre de 2008
La detención de Lorena González Hernández puso en un predicamento a la Secretaría de Seguridad Pública federal: además de las contradicciones en que incurrieron el subprocurador Facundo Rosas y su jefe, Genaro García Luna, salieron a la luz evidencias de que las corporaciones federales no tienen control alguno sobre sus elementos Muchos de ellos cuentan con la información y la preparación suficientes para cometer delitos de alto impacto Raúl Monge La noche del viernes 22 de agosto, un día después de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia en Palacio Nacional, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recibió en sus oficinas de la Colonia Doctores la llamada telefónica de una persona que no quiso identificarse, pero le dijo: "Ahí les dejamos al que secuestró y mató a Fernando Martí Eso le pasó por cabrón" Con esa pista, Mancera pidió a sus colaboradores que revisaran el parte de incidentes violentos reportados hasta ese momento y, en cuestión de minutos, tuvo en su escritorio la información de que el sujeto aludido era Sergio Humberto Ortiz Juárez Fue lesionado con arma de fuego a bordo de su auto en la Ciudad de Mèxico y se encontraba hospitalizado en la cama 1 del área de terapia intensiva del Hospital General Regional No 2 del IMSS, ubicado en Calzada de las Bombas, delegación Tlalpan Según se desprende de la averiguación previa iniciada por esos hechos, Ortiz Juárez circulaba por las calles de Acoxpa y División del Norte en un Derby gris, cuando un motociclista se le emparejó y le disparó a quemarropa en tres ocasiones Un impacto le dañó la columna vertebral, publica el semanario Proceso en su edición 1663 Auxiliado en un primer momento por los policías preventivos, Miguel Bautista Santiago y Óscar Muñoz Ramírez, y, después, por paramédicos de los servicios de emergencia, Ortiz Juárez fue trasladado en una ambulancia al hospital del IMSS, cuyas instalaciones fueron inauguradas en junio pasado por el presidente Felipe Calderón Al rastrear los antecedentes del baleado, de 63 años, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) descubrió que se trataba de un policía retirado, que había transitado por la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), que dirigió Francisco Sahagún Baca, cuando el general Arturo Durazo Moreno estuvo al frente de la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPyT), así como por las policías Judicial del Distrito Federal (PJDF) y Judicial Federal (PJF)

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