MÉXICO, DF, 15 de septiembre (apro-cimac) - El reconocimiento legal de paternidad, para las organizaciones feministas, implica que los padres asuman las obligaciones económicas, de cuidado, asistencia escolar, salud, aseo, alimentación, que las madres atienden solas ante la ausencia o irresponsabilidad de ellos Las obligaciones de la crianza deben compartirse entre ambos sexos, pues los efectos emocionales de una figura paterna ausente reproducen modelos y patrones culturales que perpetúan el fenómeno, explica Rosario Martínez García, directora del Centro de Prevención y Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar (Cepavif) de Zacatecas El reconocimiento de la paternidad se sostuvo durante siglos en la palabra de los progenitores, quienes la aceptaban o no En ocasiones se acudía a demostraciones empíricas, como el parecido físico de la hija o hijo con quien lo engendró Pero la ciencia aportó las pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADN), a través del análisis de los genes, como evidencia irrecusable de que una persona había sido engendrada por otra Ante la negativa de algunos hombres a realizarse la prueba de ADN, bajo el pretexto de que viola sus garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, que se refieren al derecho a la integridad corporal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el derecho que tienen niñas y niños a la identidad les garantiza tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nacen, así como una nacionalidad y conocer su filiación y origen Es también un derecho consignado en la Declaración de los Derechos del Niño, de la que el Estado mexicano es signatario Y tiene que ver con las leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Sin embargo, para miles de mujeres que demandan el reconocimiento, los procesos legales resultan no sólo prolongados sino costosos, y dependen en muchas ocasiones de que los jueces tengan una visión de género Además, las pruebas de ADN tienen aún altos costos que las hacen inaccesibles para la mayoría Puebla y Zacatecas En Puebla desde el año pasado las leyes locales reconocen como válida la prueba de ADN y, en los últimos cinco años, aumentaron las demandas de reconocimiento de paternidad en los juzgados familiares Aunque el demandado se oponga a la prueba, el artículo 293 del Código Civil local establece que la negativa se presumirá, salvo prueba en contrario, como testimonio de ascendencia biológica Existe un promedio de 12 mil expedientes y, desde 2003, la estadística no registra menos de 10 mil casos en la zona centro y capital del estado En lo que va del año, la Procuraduría del Ciudadano ha iniciado seis demandas de Juicios de Paternidad que presentaron pruebas de ADN para que padres reconozcan a sus hijos Lo mismo sucede en Zacatecas, donde de cada mil mujeres atendidas en el Centro de Prevención y Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar (Cepavif), la mitad busca la protección paterna para sus hijos, destaca la directora de esa institución Pero la mayor parte de esos juicios fracasa por excesivos trámites y diligencias, así como por la ausencia de laboratorios para la prueba de ADN, que es requisito legal, pero cuyo costo alcanza los 10 mil pesos Isabel y Albertina En Puebla, Isabel Fuentes de María Huitrón demandó al rotario y empresario Fernando García Limón, como consta en el expediente 387/05 en el juzgado quinto de lo familiar, para que reconociera a su hijo Isabel olvidó el "qué dirán" y apoyada por Bárbara Ganime, presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso local, expuso su caso en el Centro Estatal de Mediación y en el juzgado primero de lo familiar, bajo el expediente 1271/2007, donde las autoridades intentaron una "conciliación" No hubo arreglo, "nunca más se comunicaron conmigo", recuerda Isabel Decidió continuar con el proceso, que involucró a un perito en genética, cuyos honorarios sumaron 8 mil pesos, más 25 mil de la prueba de ADN, 16 mil de laboratorio y mil de la toma de muestra que se realiza frente al juez Hay lentitud, tropiezos y desencuentros en el proceso legal, observa Isabel de 49 años, pero a ella la apoyó la Procuraduría del Ciudadano Sostiene que las mujeres no acuden a los tribunales porque desconocen sus derechos y por el alto costo de la prueba "Quiero que mi hijo sepa que di la pelea, me tardé 14 años en reunir el valor para enfrentar a su padre y a sus relaciones sociales", pero se convenció que "nuestras leyes protegen los derechos de los niños y las mujeres, que no hay nada de indigno y denigrante en defenderse "Enfrenté ?agregó-- mi propia ignorancia, supe por fin que él no podía quitarme a mi hijo --miedo que me paralizó por años--, y que es posible solicitar una pensión alimenticia" Casi al mismo tiempo, pero en Zacatecas, Albertina, empleada del hogar de 32 años, decidió tocar puertas en busca de ayuda para demostrar que Jaime Palacios es el progenitor de su hijo Acudió a la Comisión Estatal de Integración de las Personas con Discapacidad, pues le falta la mano izquierda, a la Dirección de Atención Ciudadana del gobierno del estado, entre otras dependencias, y sólo recibió recomendaciones escritas Luego obtuvo respuesta afirmativa del entonces regidor del ayuntamiento capitalino, Ricardo Téllez, quien le dio respaldo jurídico y económico para instalar el juicio y practicar la prueba de ADN en el Laboratorio Genomelab, de Guadalajara, Jalisco, cuyo costo alcanzó los 14 mil 900 pesos Ese litigio fincó un precedente, pues quedó en evidencia que en la entidad no hay equipos para pruebas de ADN en las instancias judiciales o de atención a problemas sociales de las mujeres Con información de: Kara Castillo, Teresa Morales, Marisol Cruz y Wendy Huerta