MÉXICO, D F, 17 de septiembre (apro)- A casi diez años de que la entonces presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, María Rojo, presentara una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la cultura, la Comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura aprobó, por unanimidad, reformar el artículo 4º de la Carta Magna para otorgarlo El dictamen, aprobado el pasado 10 de septiembre, modifica también el artículo 73 que otorga facultades "expresas a la Cámara baja" para legislar en materia de derechos de autor y expedir leyes de coordinación entre los tres niveles de gobierno y los sectores social y privado El tema del derecho a la cultura ha sido objeto de distintos debates, pues mientras para algunos especialistas ya está considerado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente desde 1976 y al cual México está adherido, otros consideran necesario dejarlo plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Las propuestas de reforma dejarían el noveno párrafo del artículo 4º como sigue: "Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural" En cuanto al artículo 73, referente a las facultades del Congreso, se modifica la fracción XXV, que habla de legislar sobre vestigios patrimoniales y culturales y del ejercicio de la función educativa, y se le añade la facultad "para legislar en materia de derecho de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma" Y también la fracción XXIX, a la cual se añade la fracción XXIX-O, que dice, igualmente sobre las facultades del Congreso: "Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo Así mismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4º de esta Constitución" En el comunicado en el que se dan a conocer estas propuestas de reforma, el diputado del PRD Emilio Ulloa Pérez, presidente de la Comisión de Cultura, llama a sus pares a votar por "esta histórica decisión" que --dice--permitirá abrir un abanico de posibilidades jurídicas y materiales a fin de que todos los habitantes del país "tengan acceso justo e igualitario a todos los bienes tangibles e intangibles que identifican y desarrollan nuestra cultura nacional" Antecedentes Antes de llegar a esta propuesta, hubo diversas iniciativas Desde aquella presentada por María Rojo el 9 de diciembre de 1999, aunque contemplaba, al establecer el derecho a la cultura, modificar la fracción V del Artículo 3º Constitucional, para que quedara así: "Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior El desarrollo cultural de la nación mexicana es una actividad prioritaria del Estado La ley protegerá, promoverá e incentivará a las industrias culturales y toda manifestación cultural, en especial las relacionadas con el arte y las ciencias, y garantizará el libre acceso de todo individuo a las mismas" Vinieron luego propuestas de otros diputados, entre ellas las de José Manuel Correa Ceseña, del PRI, en 2002; Verónica Sada Pérez, del PAN, en el mismo año; Luis Miguel Barbosa Huerta, del PRD, en 2003; Inti Muñoz Santini, del PRD, en 2004; Carla Rochín Nieto, del PAN, también en 2004, y José Alfonso Suárez del Real, del PRD, en 2007 Tras haber revisado estas propuestas y documentos de organismos distintos, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o la Convención para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, se elaboró una nueva propuesta Además, se consideró un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado en 2004, en el cual se indica que la política cultural mexicana "es discontinua, padece ausencias legales y en ella predomina un esquema de carácter estatista" Según las consideraciones de la Comisión de Cultura, este informe dice también que hay discriminación en diversos sectores sociales, programas educativos ineficientes y falta de mecanismos para impulsar las industrias culturales Y señala que la Constitución no establece el principio general de acceso, participación y disfrute de los bienes y servicios culturales Discusión sin fin Sin embargo, especialistas en legislación cultural han señalado que, aunque la Constitución incluyera el derecho a la cultura en cualquiera de sus artículos 3º o 4º, no garantiza el acceso real de todos los mexicanos a los bienes y servicios culturales, como no garantiza su libertad de ejercer y desarrollar su propia cultura Para muestra está el artículo 3º, que establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación preescolar primaria y secundaria de manera obligatoria, lo cual en la práctica no es real y todavía existen en el país millones de analfabetos y buena parte de la población con sus estudios básicos truncos Datos del propio Instituto Nacional para la Educación de los Adultos aceptan la existencia de 33 millones de personas con "rezago educativo" Entrevistado por la agencia apro en septiembre de 2005, Bolfy Cottom, antropólogo y legista, además de especialista en legislación cultural y del patrimonio, advirtió que en México no hay aún los fundamentos legales para garantizar el acceso a la cultura: "Se debe estar abierto a este tipo de planteamientos, pero tampoco hay que ser ingenuos y creer que una disposición constitucional va a garantizar el gran acceso a la cultura Eso tiene que ver con problemas de carácter estructural La gente a veces tiene condiciones hasta de marginación y no es un problema de las leyes de cultura, sino de la conducta cultural, de la estructura social, es un problema de carácter económico que no se va a solucionar con la legislación del patrimonio cultural o de la cultura, son problemas que tocan otras vertientes de la vida nacional" En un ensayo titulado La legislación mexicana del patrimonio cultural nacional Un panorama incierto, realizado como investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el antropólogo recuerda que hace años se planteó como necesidad dar rango constitucional al derecho a la cultura para luego crear una Ley General de Cultura Cottom señala en su texto el desconocimiento de algunos legisladores en materia cultural y advierte que no siempre los mueve el interés por solucionar algún problema específico, sino que se dejan llevar por lo que ocurre en el ámbito internacional, sin analizar con profundidad la pertinencia de aplicar las mismas medidas en México Cuenta que un legislador (cuyo nombre prefiere omitir) le platicó haber estado en un encuentro sobre cultura en el cual se enteró de las leyes existentes en Colombia y Brasil, y le sorprendía cómo era posible que en México no las hubiera y concluía que debía pensarse en una reforma constitucional y una ley general de cultura "Nada, pero absolutamente nada --escribe el antropólogo-- dijo el señor legislador de la problemática de las instituciones, o de la problemática real de la cultura en nuestro país, le preocupaba hacer leyes, más que resolver problemas que ya son históricos en nuestro país en este aspecto; pero lo peor de sus afirmaciones es que le preocupaba resolver la inquietud de otros colegas suyos a nivel latinoamericano, más que atender nuestras necesidades legislativas "Así se explica, entonces, por qué tanto afán en reformar el texto constitucional para incluir el derecho a la cultura, y de ahí derivar una ley general de cultura que, según dicen, vendrá a poner orden y establecer competencias de la Federación y los estados Prueba de ello es que en las exposiciones de motivos de prácticamente todas las iniciativas de ley, la motivación y fundamentación se caracterizan por los cambios en el contexto internacional y las acciones de otros países, los cuales tristemente se retoman sin el más mínimo espíritu crítico y se copian sin saber si resolverán o no los problemas que, además, da la impresión de que adolecen de un buen sustento científico, político e ideológico" También antropólogo, el investigador Iván Franco advirtió hace años que no podía legislarse el "derecho a la cultura" sin una discusión amplia y diversa, pues no es lo mismo que "derechos culturales", como lo establece la UNESCO "Cultura todos tenemos, es derecho en sí mismo Sería más bien derechos culturales Entonces, esa discusión tiene que darse en un diagnóstico para que quede muy claro cómo tiene que plasmarse en uno o dos artículos en una propuesta legislativa Y eso es lo que no se ha dado, es en lo que no hay claridad" El dictamen con las reformas constitucionales ya fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales Falta ahora su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados, para ser enviado a la Cámara de Senadores para su "eventual aprobación", así como a los poderes legislativos de las entidades federativas