MEXICO, D F, 18 de septiembre (apro)- El presidente Felipe Calderón abrió un nuevo frente en su guerra contra el crimen organizado, al enviar a la Cámara de Diputados un paquete de reformas, con las que pretende golpear las redes financieras ilegales y, al mismo tiempo, incentivar las denuncias ciudadanas mediante recompensas de dinero en efectivo En esta paquete de reformas, oficialmente llamado "Iniciativa de Miscelánea en Materia de Justicia Penal", se incluyeron también medidas que implicarían dar más poder a las policías para actuar contra presuntos responsables en casos de delitos vinculados con la delincuencia organizada sin contar con autorizaciones de jueces para arraigar personas, realizar detenciones provisionales y encarcelar a personas de manera temporal en penales de máxima seguridad Estas iniciativas fueron presentadas este jueves, un año y ocho meses después de que el gobierno federal lanzó al Ejército a las calles para enfrentar a los cárteles de las drogas y tras el atentado ocurrido en el zócalo de Morelia, Michoacán Una de las propuestas de Calderón consiste dotar al gobierno de una Ley de Extinción de Dominio, que permitiría que instancias como la Procuraduría General de la República (PGR) se apropien de los bienes relacionados o vinculados con el narcotráfico, los secuestros, el lavado de dinero, el robo de vehículos, la trata de personas y el terrorismo o cualquier otro delito federal Según la explicación de Calderón, no importa si estos bienes están a nombre de los presuntos responsables o si usan prestanombres De igual manera serán decomisados Incluso, las policías podrían apropiarse de los bienes de manera preventiva, hasta que concluyan las investigaciones Con estos recursos se constituirá un fideicomiso cuyos fondos serán destinados tanto a la reparación del daño a las víctimas, así como para brindar servicios de apoyo y asistencia a cualquier otra persona que pudiera resultar afectada, de acuerdo con la breve explicación dada por Calderón durante un acto realizado en el salón Manuel Ávila Camacho de la residencia oficial de Los Pinos En su discurso, Calderón no detalló sin estarán incluidas las cuentas bancarias Tampoco definió qué papel tendrían los jueces ni explicó por qué incluir el robo de vehículos cuando se trata de un delito del fuero común, es decir, que pertenece los estados Hasta esta noche, la Presidencia no había enviado las iniciativas a la Cámara de Diputados ni quisieron proporcionar copias a los representantes de los medios de comunicación "El objetivo es golpear de manera contundente a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes, a los ladrones, secuestradores y, en general, a cualquiera que comete un acto criminal que ofende profundamente a la sociedad", dijo Calderón, quien estuvo acompañado por el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien se ausentó de las reuniones del gabinete de seguridad convocadas durante el 15 y 16 de septiembre pasado, tras el atentado ocurrido en Morelia, por razones que aún no son del dominio público "Lo que buscamos es hacer que sus recursos no queden en manos de las propias organizaciones criminales, y que puedan aplicarse lo más pronto posible a combatir el crimen, a resarcir a las víctimas y, en general, a ampliar la capacidad de la justicia", agregó Calderón Otro de los aspectos novedosos consiste en ampliar los términos de las llamadas detenciones "in fraganti" Actualmente, las policías pueden actuar contra cualquier persona en el momento en que cometen un delito De prosperar la propuesta de Calderón, ahora lo podrían hacer "en el momento inmediato posterior a haberlo cometido" Además, los cuerpos policíacos estarán en posibilidad de solicitar al Ministerio Público el arraigo domiciliario de presuntos responsables en caso de delitos relacionados con la delincuencia organizada En su discurso, Calderón no explicó en qué situación quedarán los jueces, quienes actualmente son los encargados de otorgar o negar los arraigos Además, habría medidas especiales para que los presuntos responsables por delincuencia organizada sean enviados a un penal de máxima seguridad "Con estas medidas, evitaremos que los probables responsable puedan escapar o dañar a las personas que los denuncien", justificó En contra parte, la iniciativa contempla que el gobierno deba proporcionar información clara sobre el número de personas y los nombres de quienes hayan sido detenidos Este viernes, en el Diario Oficial de la Federación se publicará el decreto, que incluye el ofrecimiento y pago de recompensas para los ciudadanos que proporcionen datos para el combate a los delitos federales