MÉXICO, D F, 29 de septiembre (apro)- El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, reveló que cada año se pagan más de un millón de dólares en el mundo en sobornos Esa cantidad, dijo, equivale a casi 10 veces los flujos de asistencia al desarrollo que los países más ricos del mundo envían a las naciones más pobres En un mensaje videograbado que envió a los asistentes de la conferencia regional latinoamericana: Compromiso y Cooperación en la lucha contra la Corrupción y el Cohecho Internacional, el secretario general de la OCDE recordó, con datos del Informe Global de la Corrupción 2008, que el costo de conexión de los hogares a las redes de agua se estima en 30% Sin embargo, dijo que debido a la corrupción, "el cáncer de las naciones y la principal amenaza al buen gobierno, a los procesos democráticos y a los intercambios comerciales", aumenta en más de 48 mil millones de dólares el costo total necesario para cumplir con una de las metas de desarrollo del milenio, que tiene que ver con agua y saneamiento En su mensaje, Gurría refirió que el progreso económico y social de América Latina se ve frenado y postergado por ese flagelo, al grado que un número importante de ciudadanos ha perdido la confianza en sus instituciones públicas "La corrupción es además el impuesto más regresivo" en tanto que se estima que 53% de los latinoamericanos encuestados por el barómetro global de la corrupción en 2007 considera que este fenómeno va a aumentar en su país en los próximos tres años, expresó No obstante, el funcionario precisó que América Latina puede vencer la corrupción, como lo han hecho otros países, a través no sólo de políticas públicas eficaces, sino de fines prácticos "El desafío que enfrentamos es enorme, pero no hay mayor fuerza que la fuerza combinada de nuestros países aportando sus mejores prácticas, ideas, sus mejores hombres y mujeres, enfocados todos a triunfar en esta crucial tarea" La conferencia es organizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la OCDE, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA)