MÉXICO, D F, 4 de septiembre (apro)- La presidenta de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, informó que instituciones de educación superior evaluarán los 74 compromisos plasmados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto pasado en Palacio Nacional De acuerdo con Morera, el Tecnológico de Monterrey, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional se encargarán de evaluar la instrumentación de los planes y programas previstos en el acuerdo, no los resultados que se obtengan de ellos "Quiero aclarar que no se va a evaluar que bajen los índices delictivos, porque sería una mentira, una mentira de la sociedad hacia la sociedad, que sería peor, porque esto no se va a lograr ni en un día ni en un año ni probablemente en un corto tiempo", explicó La tarea que realizarán las instituciones de educación superior, públicas y privadas, fue producto de la primera reunión de Observatorio Ciudadano, en el salón Sequeiros del Castillo de Chapultepec, a la que asistieron académicos y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se establece, entre otras cosas, que el Congreso de la Unión estará obligado a impulsar una ley general contra el secuestro, así como otorgar más recursos a estados y municipios en materia de seguridad En tanto, el Poder Judicial deberá hacer más transparente el desempeño de sus órganos, instalar nuevos juzgados y tribunales federales, y establecer juzgados de control con jurisdicción en todo el país para responder rápidamente a peticiones de autoridades en órdenes de cateo o de presentación A su vez, los gobiernos estatales estarán obligados a depurar y fortalecer a las instituciones de seguridad, y los municipios evaluarán al personal de las policías y cárceles locales, además de que sujetarán la permanencia de los uniformados a controles de confianza Por su parte, el gobierno federal fortalecerá a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) con recursos y capacitación en seis meses, lapso durante el cual se formulará también el protocolo de actuación para combatir el lavado de dinero