Advierte la ONU incremento de agresiones contra defensores de derechos humanos
MÉXICO, D F, 13 de octubre (apro)- El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), Alberto Brunori, alertó al gobierno de Felipe Calderón de la tendencia creciente de agresiones a defensores de derechos humanos durante la actual administración y emitió recomendaciones para garantizar la labor que realizan
La presentación del informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, congregó a personajes como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia; el aspirante a la presidencia de la CNDH, Emilio Álvarez Icaza; y al secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Edgar Cortez, entre otros
Brunori destacó que la impunidad, el incremento de la violencia y la inseguridad, así como la estigmatización de la labor de defensa de las garantías fundamentales, ponen en riesgo la integridad física de las personas dedicadas a esa labor "importantísima para la consolidación de la democracia"
En el documento se detalla que de enero de 2006 al 31 agosto de 2009, la OACNUDH registró 128 casos de agresiones a defensores y defensoras, de los cuales 10 terminaron en homicidio y tres en desapariciones forzadas Tan sólo en el primersemestre de este año se han contabilizado 27 casos
Entre las denuncias recabadas por la oficina de la ONU, se registraron 35 casos de amenazas; el inicio de 26 procesos penales contra 26 defensores y seis defensoras, por despojo, daños en propiedad ajena, sabotaje, ataques a las vías de comunicación, robo con violencia, motín e inclusive secuestro y homicidio
"Lo preocupante es que detrás de estas acusaciones penales no se estuviera tratando de sancionar el posible delito, sino de frenar el legítimo ejercicio de defensa de derechos humanos", advirtió
Además, se registraron 21 eventos de hostigamiento, de los cuales resalta el caso de los integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem) de Atoyac de Álvarez, Guerrero; 12 injerencias arbitrarias, consistentes en el robo de información y allanamiento de oficinas; así como diez expresiones de funcionarios y medios de comunicación afines al gobierno de descalificación de la labor de los defensores
A pesar de que en 52% de las denuncias, los afectados no pudieron identificar a sus agresores, el documento resalta la acción de "agentes no estatales presuntamente vinculados a cacicazgos locales o grupos con intereses económicos y políticos" A éstos los identifica como presuntos responsables de agresiones físicas y actos de amenazas
Entre los agentes que propiciaron el desprestigio, el informe ubicó a medios de comunicación, funcionarios públicos estatales, así como titulares de organismos públicos de derechos humanos, en tanto que a las autoridades municipales se les encontró como responsables de hostigamientos y amenazas, y a corporaciones policíacas, vinculadas a las injerencias arbitrarias
En cuanto a las entidades donde se registraron la mayor parte de la violaciones a los derechos de los defensores, el informe ubicó en primer lugar a Oaxaca con 26 casos; el Distrito Federal, con 20; Guerrero, 19; Chiapas, 13; Chihuahua, 11, y Jalisco, con 10
De acuerdo con Carlos de la Torre, miembro de la OACNUDH, en el caso del Distrito Federal la cifra se refiere a agresiones de defensores que tienen sus oficinas en la capital pero que su campo de acción está en otras entidades
Durante su intervención, Brunori resaltó que a pesar de que no se tienen registros anteriores a 2006, "hay un riesgo de que las agresiones vayan incrementándose (?) si vemos, sobre todo, que se incrementan los retos, se incrementan las dificultades y, obviamente, se incrementa el tipo de agresiones, sobre todo el tema de inseguridad"
El diplomático de la ONU manifestó su preocupación por la impunidad que envuelve los casos de agresiones, ya que 985% de las violaciones a los derechos de las y los defensores no se han investigado debidamente "El mensaje que la impunidad envía es que alienta la repetición de los crímenes", alertó
Brunori apuntó también que el incremento de la violencia en el país y la inseguridad, ha provocado que la labor de defensa "se vea inhibida"
Así mismo, advirtió que algunos defensores "han sido objeto de estigmatizaciones, descalificaciones generalizadas y acciones que redundan en desprestigio Con ello se tiende a reducir los niveles de solidaridad entre la población, elemento fundamental para el trabajo de defensa de derechos humanos"
Al gobierno de Felipe Calderón, el encargado de la OACNUDH recomendó una "campaña de difusión masiva y sostenida" tendiente a reconocer la legitimidad del trabajo de la defensa de los derechos humanos; la creación de "un mecanismo nacional de protección para defensoras y defensoras", que deberá diseñarse con la participación activa de los beneficiados
Sobre este punto abundó: "Este mecanismo debería contar con competencia para coordinar el trabajo a nivel federal, con criterios claros para guiar sus intervenciones y con un presupuesto adecuado Se trata de construir un mecanismo de comunicación directo y permanente entre las autoridades con poder de decisión y las y los defensores en situación de riesgo"
Así mismo sugirió la creación de programas especializados en atención a defensores en riesgo, dentro de los organismos públicos de derechos humanos, para tomar "medidas efectivas de protección" en cada entidad
A los órganos de procuración de justicia, Brunori recomendó "protocolos especiales" para la investigación de casos de agresiones a defensoras y defensores, a fin de combatir la impunidad; además, cambios legislativos para "la consolidación de espacios institucionales de diálogo entre autoridades y sociedad civil así como el impulso de la comunidad internacional al trabajo de los y las defensores en el ámbito local"
Aunque no dio nombres, también hizo recomendaciones para medios de comunicación que "han dado una cobertura limitada y en algunos casos sesgada a los temas de derechos humanos", para que "aporten mayor claridad sobre la legitimidad de la labor realizada por las y los defensores"
En cuanto al proceso de relevo del ombudsman nacional, Alberto Brunori indicó que "resulta indispensable que el proceso de selección sea transparente abierto participativo e incluyente de todas las fuerzas sociales, especialmente de aquellas de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos"
La presentación del informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, congregó a personajes como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia; el aspirante a la presidencia de la CNDH, Emilio Álvarez Icaza; y al secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Edgar Cortez, entre otros
Brunori destacó que la impunidad, el incremento de la violencia y la inseguridad, así como la estigmatización de la labor de defensa de las garantías fundamentales, ponen en riesgo la integridad física de las personas dedicadas a esa labor "importantísima para la consolidación de la democracia"
En el documento se detalla que de enero de 2006 al 31 agosto de 2009, la OACNUDH registró 128 casos de agresiones a defensores y defensoras, de los cuales 10 terminaron en homicidio y tres en desapariciones forzadas Tan sólo en el primersemestre de este año se han contabilizado 27 casos
Entre las denuncias recabadas por la oficina de la ONU, se registraron 35 casos de amenazas; el inicio de 26 procesos penales contra 26 defensores y seis defensoras, por despojo, daños en propiedad ajena, sabotaje, ataques a las vías de comunicación, robo con violencia, motín e inclusive secuestro y homicidio
"Lo preocupante es que detrás de estas acusaciones penales no se estuviera tratando de sancionar el posible delito, sino de frenar el legítimo ejercicio de defensa de derechos humanos", advirtió
Además, se registraron 21 eventos de hostigamiento, de los cuales resalta el caso de los integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem) de Atoyac de Álvarez, Guerrero; 12 injerencias arbitrarias, consistentes en el robo de información y allanamiento de oficinas; así como diez expresiones de funcionarios y medios de comunicación afines al gobierno de descalificación de la labor de los defensores
A pesar de que en 52% de las denuncias, los afectados no pudieron identificar a sus agresores, el documento resalta la acción de "agentes no estatales presuntamente vinculados a cacicazgos locales o grupos con intereses económicos y políticos" A éstos los identifica como presuntos responsables de agresiones físicas y actos de amenazas
Entre los agentes que propiciaron el desprestigio, el informe ubicó a medios de comunicación, funcionarios públicos estatales, así como titulares de organismos públicos de derechos humanos, en tanto que a las autoridades municipales se les encontró como responsables de hostigamientos y amenazas, y a corporaciones policíacas, vinculadas a las injerencias arbitrarias
En cuanto a las entidades donde se registraron la mayor parte de la violaciones a los derechos de los defensores, el informe ubicó en primer lugar a Oaxaca con 26 casos; el Distrito Federal, con 20; Guerrero, 19; Chiapas, 13; Chihuahua, 11, y Jalisco, con 10
De acuerdo con Carlos de la Torre, miembro de la OACNUDH, en el caso del Distrito Federal la cifra se refiere a agresiones de defensores que tienen sus oficinas en la capital pero que su campo de acción está en otras entidades
Durante su intervención, Brunori resaltó que a pesar de que no se tienen registros anteriores a 2006, "hay un riesgo de que las agresiones vayan incrementándose (?) si vemos, sobre todo, que se incrementan los retos, se incrementan las dificultades y, obviamente, se incrementa el tipo de agresiones, sobre todo el tema de inseguridad"
El diplomático de la ONU manifestó su preocupación por la impunidad que envuelve los casos de agresiones, ya que 985% de las violaciones a los derechos de las y los defensores no se han investigado debidamente "El mensaje que la impunidad envía es que alienta la repetición de los crímenes", alertó
Brunori apuntó también que el incremento de la violencia en el país y la inseguridad, ha provocado que la labor de defensa "se vea inhibida"
Así mismo, advirtió que algunos defensores "han sido objeto de estigmatizaciones, descalificaciones generalizadas y acciones que redundan en desprestigio Con ello se tiende a reducir los niveles de solidaridad entre la población, elemento fundamental para el trabajo de defensa de derechos humanos"
Al gobierno de Felipe Calderón, el encargado de la OACNUDH recomendó una "campaña de difusión masiva y sostenida" tendiente a reconocer la legitimidad del trabajo de la defensa de los derechos humanos; la creación de "un mecanismo nacional de protección para defensoras y defensoras", que deberá diseñarse con la participación activa de los beneficiados
Sobre este punto abundó: "Este mecanismo debería contar con competencia para coordinar el trabajo a nivel federal, con criterios claros para guiar sus intervenciones y con un presupuesto adecuado Se trata de construir un mecanismo de comunicación directo y permanente entre las autoridades con poder de decisión y las y los defensores en situación de riesgo"
Así mismo sugirió la creación de programas especializados en atención a defensores en riesgo, dentro de los organismos públicos de derechos humanos, para tomar "medidas efectivas de protección" en cada entidad
A los órganos de procuración de justicia, Brunori recomendó "protocolos especiales" para la investigación de casos de agresiones a defensoras y defensores, a fin de combatir la impunidad; además, cambios legislativos para "la consolidación de espacios institucionales de diálogo entre autoridades y sociedad civil así como el impulso de la comunidad internacional al trabajo de los y las defensores en el ámbito local"
Aunque no dio nombres, también hizo recomendaciones para medios de comunicación que "han dado una cobertura limitada y en algunos casos sesgada a los temas de derechos humanos", para que "aporten mayor claridad sobre la legitimidad de la labor realizada por las y los defensores"
En cuanto al proceso de relevo del ombudsman nacional, Alberto Brunori indicó que "resulta indispensable que el proceso de selección sea transparente abierto participativo e incluyente de todas las fuerzas sociales, especialmente de aquellas de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos"
