Llaman a expedir ley federal de justicia para adolescentes
GUANAJUATO, Gto , 2 de octubre (apro)- Al concluir su IX congreso, los procuradores y presidentes de tribunales de Justicia del país acordaron hoy enviar un exhorto al Congreso de la Unión para que expida la ley federal de justicia para adolescentes
Y es que una de las principales preocupaciones expresadas en este encuentro es la incidencia cada vez mayor de jóvenes en delitos relacionados con los grupos de la delincuencia organizada
Al presentar las conclusiones del encuentro, la presidenta del Poder Judicial de Guanajuato, la magistrada Raquel Barajas Monjarás, destacó que "hay preocupación de los tribunales para que esto sea atendido legislativamente, para evitar situaciones de impunidad y se atiendan correctamente"
Mencionó que un consenso planteado entre tribunales estatales y procuradores es que se elabore la ley federal sobre justicia para adolescentes, "para que sean los tribunales de la Federación los que tengan la competencia para este tipo de asuntos"
Por lo pronto, en el evento el subprocurador de la PGR, Juan Miguel Alcántara Soria, informó que la Secretaría de Hacienda prevé una bolsa de 400 millones de pesos para entregarlos a las entidades, para que se apliquen en el nuevo modelo de justicia penal, rubro que fue uno de los reclamos de los tribunales estatales
Pero aclaró que esto forma parte del paquete fiscal, "y la decisión está en manos de los diputados", lo mismo que los recursos que se canalizarán a los estados para las adecuaciones en materia de narcomenudeo y secuestro
"En su momento ?recordó-- informamos a los procuradores que nos reunimos con el secretario de Hacienda (Agustín Carstens), para que los apoyos que el sistema nacional prevé se puedan etiquetar en estos días en el Congreso, porque son los que tienen la última palabra en cuestión de presupuesto"
A propósito del anteproyecto de ley nacional contra el secuestro, éste es ya una iniciativa que fue entregada al área jurídica de la Presidencia de la República, recordó Alcántara Soria Aunque en este encuentro se acordó que los estados enviarán sus propuestas y observaciones para enriquecerlo, dijo
Mientras la magistrada Raquel Barajas subrayó los acuerdos alcanzados para trabajar en un Código modelo en materia de juicios orales; la integración de una comisión que trabaje para aplicar las reformas aprobadas en materia de narcomenudeo, y determinar, entre otras cosas, los recursos financieros que se necesitarán para aplicar la ley, además de definir criterios generales para la competencia en la atención de este delito, así como para la capacitación de personal ministerial, pericial y jueces
Finalmente, procuradores y presidentes de los tribunales de Justicia acordaron impulsar reformas legislativas en materia civil y de las leyes notariales de los estados para combatir el lavado de dinero
Al respecto, el presidente de la Conferencia Nacional de Tribunales (Conatrib), el magistrado José Castillo Ambriz, explicó que una reforma civil en materia de lavado de dinero iría orientada a que las operaciones mayores a los cien mil pesos en efectivo pudieran ser automáticamente sujetas a investigación para verificar si no hay recursos ilícitos involucrados
"Si se rebasa esa cantidad, estamos proponiendo que los pagos se hagan mediante instrumentos bancarios", puntualizó
Y es que una de las principales preocupaciones expresadas en este encuentro es la incidencia cada vez mayor de jóvenes en delitos relacionados con los grupos de la delincuencia organizada
Al presentar las conclusiones del encuentro, la presidenta del Poder Judicial de Guanajuato, la magistrada Raquel Barajas Monjarás, destacó que "hay preocupación de los tribunales para que esto sea atendido legislativamente, para evitar situaciones de impunidad y se atiendan correctamente"
Mencionó que un consenso planteado entre tribunales estatales y procuradores es que se elabore la ley federal sobre justicia para adolescentes, "para que sean los tribunales de la Federación los que tengan la competencia para este tipo de asuntos"
Por lo pronto, en el evento el subprocurador de la PGR, Juan Miguel Alcántara Soria, informó que la Secretaría de Hacienda prevé una bolsa de 400 millones de pesos para entregarlos a las entidades, para que se apliquen en el nuevo modelo de justicia penal, rubro que fue uno de los reclamos de los tribunales estatales
Pero aclaró que esto forma parte del paquete fiscal, "y la decisión está en manos de los diputados", lo mismo que los recursos que se canalizarán a los estados para las adecuaciones en materia de narcomenudeo y secuestro
"En su momento ?recordó-- informamos a los procuradores que nos reunimos con el secretario de Hacienda (Agustín Carstens), para que los apoyos que el sistema nacional prevé se puedan etiquetar en estos días en el Congreso, porque son los que tienen la última palabra en cuestión de presupuesto"
A propósito del anteproyecto de ley nacional contra el secuestro, éste es ya una iniciativa que fue entregada al área jurídica de la Presidencia de la República, recordó Alcántara Soria Aunque en este encuentro se acordó que los estados enviarán sus propuestas y observaciones para enriquecerlo, dijo
Mientras la magistrada Raquel Barajas subrayó los acuerdos alcanzados para trabajar en un Código modelo en materia de juicios orales; la integración de una comisión que trabaje para aplicar las reformas aprobadas en materia de narcomenudeo, y determinar, entre otras cosas, los recursos financieros que se necesitarán para aplicar la ley, además de definir criterios generales para la competencia en la atención de este delito, así como para la capacitación de personal ministerial, pericial y jueces
Finalmente, procuradores y presidentes de los tribunales de Justicia acordaron impulsar reformas legislativas en materia civil y de las leyes notariales de los estados para combatir el lavado de dinero
Al respecto, el presidente de la Conferencia Nacional de Tribunales (Conatrib), el magistrado José Castillo Ambriz, explicó que una reforma civil en materia de lavado de dinero iría orientada a que las operaciones mayores a los cien mil pesos en efectivo pudieran ser automáticamente sujetas a investigación para verificar si no hay recursos ilícitos involucrados
"Si se rebasa esa cantidad, estamos proponiendo que los pagos se hagan mediante instrumentos bancarios", puntualizó