TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis , 5 de noviembre (apro)- El Congreso local aprobó el pasado 31 de octubre, en sesión extraordinaria, una iniciativa promovida por la diputada perredista, Martha Grajales Burguete, que garantiza al gobernador Juan Sabines el derecho de contar con escoltas hasta el 2022 no obstante que su mandato constitucional concluye en 2012
         A pesar de que el costo de la medida será financiada por los chiapanecos, ese beneficio alcanza también a los titulares y extitulares del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública
         De acuerdo con la ley, todos ellos, incluidos los exgobernadores, tendrán los elementos policiacos "necesarios para su seguridad personal por el tiempo que reste del término de diez años señalados, contando a partir de la conclusión de su encargo"
En esta situación se encuentran Roberto Albores Guillén y Pablo Salazar Mendiguchía; el primero contará con el resguardo policiaco por un año, ya que terminó su periodo en el 2000, y el segundo por siete años, tomando en cuenta que concluyó su gestión en el 2006
Los elementos de seguridad, pagados con el erario, estarán al servicio de los exmandatarios tanto dentro del territorio chiapaneco como fuera de él
El pasado 23 de septiembre, al tratar de justificar la propuesta, Grajales Burguete dijo que "no se busca impunidad sino protección, aun cuando los exgobernadores, a partir del actual, no se queden a residir en Chiapas"
"La decisión de presentar la iniciativa es resultado de los múltiples intereses que afecta un gobernador durante su mandato que, al final, se convierten en un riesgo a su persona y familia, de ahí la importancia de su protección", argumentó la legisladora