MÉXICO, D.F., 11 de diciembre (apro).- La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), cuyos integrantes llevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) el caso de tres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en 2001, propuso hoy la creación de una comisión internacional que vigile el cumplimiento de la resolución que obliga al Estado mexicano a indemnizar a los familiares de las víctimas.
    Los abogados Michael Salas Ramírez y David Peña, representantes legales de los familiares de las tres víctimas, celebraron la sentencia de la Coidh que condena al Estado Mexicano a pagar 940 mil dólares como reparación del daño y a proporcionar ayuda médica y psicológica gratuita a todos los afectados.
    Acompañados de Irma Monreal, madre de una de las víctimas y por María de la Luz Estrada, representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, los abogados de la ANAD confiaron en que el gobierno de Felipe Calderón cumpla los puntos resolutivos en los tiempos estipulados por el tribunal interamericano.
    No obstante, para garantizar que se realicen los cambios estipulados, los abogados propusieron la creación de un organismo integrado por agrupaciones nacionales e internacionales para “dar seguimiento a la sentencia de la Corte, porque su cabal cumplimiento no sólo es importante para México, sino para la región”.
    Salas apuntó que ante las versiones de que el gobierno de Felipe Calderón pretende crear una comisión en Ciudad Juárez para atender los feminicidios, “es importante garantizar que sea la sociedad civil la que vigile el cumplimiento de la sentencia, así como que no sigan perpetrándose crímenes contra mujeres, toda vez que la anterior comisión especial no funcionó”.
    La sentencia, dada a conocer ayer por la Corte, impone plazos concretos sobre las acciones que el Estado mexicano está obligado a realizar para investigar los casos del Campo Algodonero, lugar donde fueron asesinadas las tres mujeres cuyos casos conoció la Coidh.
Entre dichas acciones está castigar a los culpables, hacer un reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado mexicano para garantizar la seguridad de las mujeres; así como para la implementación de estándares internacionales en las investigaciones de desapariciones y asesinatos de mujeres en el país, y crear una base de datos nacional con todos los casos de mujeres y niñas desparecidas, entre otras medidas.
    Además, en su sentencia la Corte condenó al Estado mexicano a rendir informes, durante los próximos tres años, sobre los avances en el cumplimiento de cada uno de los puntos de la sentencia.
    Salas Ramírez destacó que el gobierno mexicano está en espera de la emisión de otra sentencia, la correspondiente a la desaparición --durante la llamada “guerra sucia”-- del líder campesino Rosendo Radilla.
En tanto, en los primeros meses del próximo año la Corte Interamericana analizará otros tres casos, también vinculados con la actuación militar, sobre las violaciones sexuales a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como los actos de tortura contra lo campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
    “Con el fallo de los casos del Campo Algodonero, más los que se esperan, el Estado mexicano estará obligado a cambiar sus estructuras para adecuarlas a los estándares internacionales. Esto es una victoria del movimiento de derechos humanos”, dijo.
    David Peña apuntó que después de la sentencia emitida este jueves, “el gobierno mexicano tiene una oportunidad histórica para modificar sus patrones de conducta, ya que no sólo en estos tres casos, sino en cientos más, la impunidad ha sido la norma”.
    Por último, emocionada, Irma Monreal, madre de Esmeralda Herrera, una de las víctimas, destacó: “Valió la pena esperar ocho años para que haya justicia para las mujeres muertas en Ciudad Juárez.”
    Irma, acompañada de su hija Zulema, llegó a la Ciudad de México la noche del jueves: “Ya estaba en espera de la sentencia, pero ayer que me llamaron en la familia nos pusimos muy felices porque tenemos esperanzas de que, tarde o temprano, los culpables del crimen contra mi niña, que entonces tenía 15 años, sean castigados, así como los funcionarios que hicieron todo mal, hasta torturaron a dos personas para que se declararan culpables.”