Niegan amparo al SME contra decretazo; anuncia apelación

viernes, 11 de diciembre de 2009

MÉXICO D.F., 11 de diciembre (apro).- La juez primera de distrito de la Primera Región Auxiliar, Guillermina Coutiño, negó hoy en definitiva el amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
    Según la impartidora de justicia, el decreto presidencial no violenta las garantías de los trabajadores.
    Luego de enterarse de la resolución, el abogado del SME, Raúl Carrancá, anunció que la próxima semana interpondrá un recurso de apelación en el Cuarto Tribunal Colegiado.
    En su resolución, la juez Coutiño tampoco concedió el amparo contra el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 1992, en vigor, al cual los trabajadores del SME consideraban inconstitucional.
Coutiño argumentó que el Poder Legislativo, al emitir esta normatividad, "no estaba obligado a establecer un procedimiento en que se escuche en su defensa a los empleados del organismo público que se pretende desincorporar por extinción".
Agregó que la extinción de una entidad "no tiene como finalidad directa e inmediata privarles de su fuente de empleo, sino que se trata de un medio para evitar que siga funcionando una entidad pública que no cumple de manera eficiente con el objetivo de interés público y social para el que fue creada".
Asimismo, subrayó que "los empleados no tienen derecho a que un organismo descentralizado cuya operación no beneficia a la población y perjudica las finanzas públicas siga subsistiendo, con el propósito de que conserven la fuente de su empleo".
En su argumentación legal, la impartidora de justicia expuso que se negó el amparo al SME en contra del decreto que extinguió LFC, debido a que se deben ponderar los derechos colectivos sobre los particulares.
En este sentido, señaló que se debe priorizar la prestación de un servicio público en un área prioritaria para la economía y desarrollo nacional, y concluyó que en su recurso, el SME se refería a derechos individuales que deben ceder frente a los derechos de la Nación en su conjunto.
Coutiño Mata sostuvo que en el propio decreto emitido por el gobierno federal se garantizan los derechos de los trabajadores, derivados del tiempo que prestaron su servicio a dicho organismo.
En otros aspectos, en el juicio de garantías resultó improcedente el reclamo sobre el supuesto despido de facto de los trabajadores de LFC por parte de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, así como del comisionado de la Policía Federal.
También del secretario del Trabajo y Previsión Social, del director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues no se acreditó que dichas autoridades hubieran despedido a los quejosos.
Asimismo, el amparo también se declaró improcedente en casos en que los quejosos no demostraron ser trabajadores de LFC, el mensaje a la nación, las conferencias de prensa y declaraciones del presidente Felipe Calderón y otros funcionarios, pues se limitaron a informar a la sociedad sobre la extinción del organismo.
Los trabajadores electricistas tienen diez días para interponer un recurso de revisión del fallo emitido por la jueza Coutiño Mata ante un tribunal colegiado, que en su caso confirmará, modificará o revocará la sentencia y eventualmente podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

SME prepara apelación

Luego de conocer el fallo de la juez Guillermina Coutiño, el dirigente del SME, Martín Esparza, anunció que a la brevedad interpondrá un recurso de revisión ante un tribunal colegiado.
En conferencia de prensa, advirtió que el SME continuará con “acciones pacíficas pero con mucha contundencia” con el fin de levantar un movimiento social de resistencia a los actos gubernamentales.
A la par de la movilización en las calles -“cada viernes en la ciudad de México, por ejemplo”-, el sindicato aseguró que mantiene la confianza en la negociación política con el gobierno.
Según reportes radiofónicos, Esparza sostuvo que la resolución de la juez Coutiño fue tomada “a la ligera”.
El líder sindical añadió que atrás del decreto de extinción de LFC “están los 763 permisos que han otorgado a transnacionales por parte de la comisión reguladora de energía, atrás están los permisos que le dieron a la familia de (Juan Camilo) Mouriño, atrás están los permisos que le han dado a la iniciativa privada nacional y extranjera y atrás está la privatización de la industria eléctrica, el control de las telecomunicaciones, el Impuesto al Valor Agregado que las facturas van a llegar del mes que viene”.
El sindicato advirtió que la juez no definió de fondo el asunto y, en cambio, actuó de manera contradictoria al reconocer la personalidad jurídica del SME pero no la de sus agremiados.
Los electricistas advirtieron que mientras el asunto no se resuelva de fondo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no puede decretar la terminación de las relaciones laborales entre el SME y LFC.
Los trabajadores tienen diez días para interponer un recurso de revisión del fallo emitido por la jueza Coutiño Mata ante un tribunal colegiado, que en su caso confirmará, modificará o revocará la sentencia y eventualmente podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Carlos de Buen, uno de los abogados del SME, refirió que este conflicto “va a terminar resolviéndose en la SCJN”, y aseguró que “sin duda hubo mano negra: queda claro que la juez se dejó presionar por sus superiores del Consejo de la Judicatura Federal”.
Previamente, otro de los abogados del SME, Raúl Carrancá, aseguró que existe una contradicción en la resolución de la juez Guillermina Coutiño pues se reconoce el interés jurídico del sindicato, más no el interés jurídico de los trabajadores.
"Vemos una contradicción muy fuerte a nuestro entender porque cómo es posible que haya sindicato sin trabajador y trabajador sin sindicato.
"Si el sindicato tiene interés jurídico y lo está reconociendo la juez, por consecuencia lógica el trabajador tiene o debe tener interés jurídico", dijo.
Al salir del recinto judicial, Carrancá informó a un grupo de agremiados que esperaba su salida que la próxima semana utilizarán el recurso de revisión ante un tribunal colegiado.
"No se ha perdido más que la mitad, pero todo sigue entero, nos vamos inmediatamente a la revisión que interpondremos a mediados de la semana que entra ante un tribunal colegiado", agregó.
Asimismo pidió a los agremiados tener solidaridad y apoyo para el grupo de litigantes del gremio, de igual manera con el que muestran apoyo a sus dirigentes sindicales.
"Por favor, no pierdan la fe ni la confianza, tenemos la certidumbre de que se rectificará esta contradicción", finalizó.

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