Nuevo León: Descoordinación criminal

domingo, 13 de diciembre de 2009

Mientras los gobiernos federal y estatal de Nuevo León se han visto rebasados por el poder del narcotráfico, más de dos decenas de municipios continúan sin nombrar a sus jefes policiacos. Peor aún, en la muerte de civiles durante los enfrentamientos a balazos que sacuden a la entidad ha jugado un papel preponderante la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, el Ejército y la Armada. El viernes 4, esta última institución, sin notificarlo a 
las demás, decidió actuar por su cuenta en un hecho con desenlace sangriento...

 

MONTERREY, NL.- El poder de fuego del narcotráfico y el nivel de violencia –con varios asesinatos, enfrentamientos y ataques a instalaciones policiacas– se mantienen aquí pese a la captura de los presuntos líderes regionales de esos grupos criminales.

Las balaceras ocurridas el viernes 4 de diciembre, en las que murieron al menos 15 personas, entre ellas dos civiles, fueron una de las acciones más virulentas del año y también una de las más representativas del poder criminal:

 En respuesta al operativo a raíz del cual murió Ricardo Almanza Morales, El Gori 1, un grupo de pistoleros mató a dos agentes federales y liberó a 26 detenidos en una casa de arraigo federal, entre los que se encontraba Juan Carlos Martínez Hernández, alias El Camaleón, presunto jefe de Los Zetas en Guadalupe, el segundo municipio con mayor población de la entidad.

Aunque las estadísticas correspondientes a 2009 registran menos asesinatos relacionados con el narco que los ocurridos en otras zonas del país –oficialmente se calcula que ha habido 70 este año en la entidad–, la espectacularidad de las acciones delictivas, atribuidas principalmente al grupo de Los Zetas, ha desbordado las estrategias de los gobiernos estatal y federal.

Así, el 6 de enero fueron atacadas las instalaciones de Televisa Monterrey, y posteriormente un grupo de pistoleros persiguió a mandos de la Policía Federal que se refugiaron en la sede de la corporación, hasta donde llegaron los sicarios y la rafaguearon; además, los penales de Cadereyta, Monterrey y Apodaca fueron escenarios de confrontaciones provocadas por Los Zetas.

Al siguiente mes, en febrero, contingentes organizados por el narcotráfico tomaron las principales avenidas para protestar contra los operativos del Ejército, y ese mismo mes fue asesinado, en Cancún, el general brigadier Enrique Tello Quiñones, en una acción atribuida a Octavio Almanza, El Gori 4. (Coincidentemente, el asesinato del general brigadier Juan Arturo Esparza García fue atribuido a Ricardo Almanza, El Gori 1.)

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvo en marzo a Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, presunto jefe de Los Zetas en la zona metropolitana, así como a su homólogo de los Beltrán Leyva, Héctor Huerta Ríos, La Burra, la violencia fue reanudada por sus relevos.

Rodolfo López Ibarra, El Nito, fue detenido el 19 de mayo, y Omar Ibarra Lozano, El 34, quedó igualmente privado de su libertad el 26 de junio. Ambos fueron identificados por el Ejército como miembros de la organización de los Beltrán Leyva. A cargo de estas fuerzas habría quedado Héctor Saldaña, quien apareció muerto en la Ciudad de México el 31 de octubre, lo que desató una polémica porque el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, había anunciado este crimen horas antes de que se encontrara su cuerpo.

Por el grupo de Los Zetas, la Sedena detuvo el 9 de agosto a Juan Daniel Carranco Salazar, El Comandante Coloso, e informó que era presunto jefe en la zona y había participado en el ataque al consulado de Estados Unidos y a Televisa Monterrey.

El Comandante Coloso había escapado el 5 de mayo de un operativo militar, con la ayuda de patrulleros de San Nicolás de los Garza que enfrentaron a tiros a los soldados y quienes días después realizaron bloqueos de avenidas para interceptar un convoy militar que había detenido a una policía cómplice del capo. Inclusive, la Sedena le atribuyó participación en el asesinato del político tamaulipeco Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, ocurrido el 29 de noviembre de 2008.

Otro crimen ampliamente difundido y comentado fue el asesinato de la famosa abogada Silvia Raquenel Villanueva Fraustro, perpetrado el domingo 9 de agosto, sobre el que hasta ahora no se han dado a conocer resultados de la investigación ni se ha atribuido a alguna organización criminal.

Por si fuera poco, el 4 de noviembre fue acribillado en García, Nuevo León, el general brigadier Juan Arturo Esparza García, un importante militar retirado que tenía tres días de haber asumido la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio y se convirtió en el segundo brigadier que, inmerso en tareas policiacas, ha sido asesinado en el sexenio de Felipe Calderón.

No fue sino hasta las balaceras del viernes 4 cuando oficiales militares aseguraron que Ricardo Almanza Morales, El Gori 1, era el encargado de Los Zetas en Nuevo León y un cercano colaborador de Heriberto Lazcano.

 

El asalto a La Concordia

 

Cerca del mediodía del viernes 4, un convoy de Infantería de Marina de la Armada de México tomó por asalto la finca La Concordia, ubicada en el sector Bosques de La Silla, en Juárez, Nuevo León.     

Ese municipio, localizado a unos 30 kilómetros de Monterrey y casi completamente inmerso en la zona metropolitana, se halla muy próximo a Cadereyta, región donde, en 1996, fue capturado el capo del cártel del Golfo Juan García Ábrego.

Esa área, por la cual atraviesa la carretera libre a Reynosa, en los últimos meses de 2009 ha sido escenario de enfrentamientos entre militares e integrantes de la mencionada organización criminal, por lo que el Ejército ha tomado las instalaciones de la policía municipal y ha arraigado a agentes policiacos.

El viernes 4, la Armada ubicó el lugar donde aparentemente varios mandos de Los Zetas sostenían una reunión y de inmediato dispuso un operativo. Pero como el cerco que tendió fue insuficiente, se produjo un enfrentamiento a balazos en el cual murieron Ricardo Almanza Morales, El Gori 1 y siete personas más, entre ellas otros dos mandos criminales de la zona metropolitana.

Aunque en la operación se logró capturar a nueve personas, un nutrido contingente de criminales repelió a los marinos a balazos y escapó por la parte trasera de la finca, a bordo de unas 15 camionetas.

Ese convoy se enfiló hacia la carretera libre a Reynosa que atraviesa la mancha urbana. Al llegar al cruce de esa vía y la avenida Bonifacio Salinas, en pleno centro de la cabecera municipal y en hora pico, los delincuentes se toparon con un contingente militar que acudía a apoyar a los marinos.

Con el fin de evadir a los soldados, las camionetas empezaron a dar vuelta a izquierda y derecha, disparando ráfagas de AK-47 en un efecto abanico que cobró la vida de una mujer que acababa de recoger a sus hijos, un niño y una niña, de la escuela. La niña recibió un tiro en la cabeza, y al cierre de esta edición aún se encontraba grave. Además, se informó oficialmente que hubo otros tres civiles heridos, aunque de manera extraoficial se estima un número mayor de lesionados que huyeron del sitio para buscar atención médica.

La refriega se prolongó por casi 20 minutos, en los que hubo igualmente varias detonaciones de granadas. Ahí murieron siete personas más, dos de las cuales pudieron haber sido previamente secuestradas por los sicarios. Tres de esos cuerpos quedaron calcinados en una camioneta que estalló, mientras que otro quedó tendido en el pavimento.

Según el parte oficial de la Sedena, al terminar la balacera fueron capturados seis pistoleros, tres de ellos heridos.

Un oficial militar manifestó a los reporteros que concurrieron al lugar que los civiles caídos fueron baleados por los narcos. Presa de la agitación y con el habla entrecortada, les aseguró que la huida de la mayor parte de los criminales se debió a las maniobras que las fuerzas castrenses debieron realizar para resguardar la vida de los civiles que se encontraban en el sitio.

Cuando uno de los periodistas preguntó al oficial a qué grupo delictivo pertenecían los implicados, respondió: “Eso ni se pregunta, aquí son Los Zetas”.

En efecto, desde hace dos años los mandos policiacos y militares coinciden en señalar que en Nuevo León opera el cártel del Golfo, con su brazo armado Los Zetas, en 52 municipios, salvo en San Pedro Garza García, donde tienen su sede local los hermanos Beltrán Leyva.

Después de la referida confrontación, alrededor de las 15:30 horas, un convoy de sicarios arribó a la casa de arraigo número 2, ubicada en Escobedo, donde se encontraban 26 detenidos –entre ellos 17 policías de García– implicados en la ejecución del general Esparza García.

Los integrantes del grupo enfrentaron a los policías federales que custodiaban el lugar y mataron a los agentes Ricardo Domínguez y Roberto González. Presuntamente, los policías ministeriales Jorge Chávez, Benjamín Rodríguez y Mauro Rivera abandonaron la zona momentos antes del tiroteo, por lo que fueron arraigados el pasado martes 8 y se encuentran bajo investigación.

Entre los liberados por el comando estaba Juan Carlos Martínez Hernández, El Camaleón, uno de los presuntos mandos en la zona metropolitana, detenido el 26 de octubre y quien, según fuentes militares, es el relevo de Almanza Morales, El Gori 1, como jefe de la zona metropolitana para el cártel del Golfo.

 

Desgobierno

 

El operativo realizado por la Infatería de Marina no incluyó a ningún otro cuerpo de seguridad, e inclusive el Ejército destacó en un comunicado que se enteró de la balacera por una denuncia ciudadana y que sólo posteriormente tuvo conocimiento de que la misma se libraba entre delincuentes y efectivos de la Armada.

Aparte de esa falta de coordinación se produjeron contradicciones, pues mientras la Secretaría de Marina informó en un comunicado que sólo resultó herido un marino, la Sedena aseguró oficialmente que los heridos de la Armada fueron tres elementos que recibieron atención en instalaciones del Ejército.

Más aún, cuando al camino de acceso a La Concordia que resguardaban los marinos llegaron varias patrullas de cuerpos policiacos estatales con la instrucción de prestarles apoyo, uno de los guardias de la Armada les espetó: “¡Retírense de aquí, es un operativo de la Infantería de Marina!”, de modo que, tras una breve discusión, los policías se fueron.

Sin embargo, horas después, el procurador de Justicia en la entidad, Alejandro Garza y Garza, afirmó que había sido una acción coordinada entre corporaciones, pero cuando un reportero que atestiguó la escena entre marinos y policías mencionó lo ocurrido, el procurador no atinó a darle respuesta.

A la descoordinación y contradicciones verificadas, se suma el hecho de que durante la primera semana de diciembre al menos 25 municipios del estado aún mantenían acéfalas sus secretarías de Seguridad Pública, incluido Monterrey y otros de la zona metropolitana, a un mes de haber asumido sus puestos los alcaldes recientemente elegidos.

Desde el 18 de noviembre, el mismo gobernador Rodrigo Medina de la Cruz había pedido, ante los insistentes cuestionamientos de los reporteros por las policías acéfalas, que los alcaldes enviaran al secretario de Seguridad Pública estatal las propuestas y currículos de quienes podrían ocupar dichos puestos.

Luego, ante los señalamientos en el sentido de que los nuevos alcaldes se habían retrasado mucho tiempo en hacer los nombramientos de los secretarios de Seguridad Pública municipales, el gobernador se desmarcó:

“Pues ellos fueron elegidos por el pueblo y le tienen que rendir cuentas a la población, a quienes votaron por ellos, y ellos tienen además la facultad de nombrar y remover a sus funcionarios. Así es que, pues sus razones tendrán (para no hacer los nombramientos). Nosotros estamos para apoyarlos.”

Comentarios