EPR insta a Comisión de Mediación a retomar actividades

lunes, 14 de diciembre de 2009

MÉXICO D.F.,14 de diciembre (apro).- La Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (EPR) exhortó este lunes a los integrantes de la Comisión de Mediación (Codeme) a reanudar sus esfuerzos para la localización de los miembros de ese grupo insurgente, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y sugirió que para esa tarea se apoyen en personajes que se asuman como luchadores sociales.
En un comunicado, firmado también por el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), el EPR señala que hacen tal planteamiento toda vez que el presidente Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, han manifestado voluntad política para “dialogar con el pueblo y atender sus demandas”.
La Codeme, que estuvo integrada por la senadora Rosario Ibarra de Piedra, el escritor Carlos Montemayor, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el obispo Samuel Ruiz y el abogado José Enrique González Ruiz, entre otros, fue desintegrada en abril pasado por los propios miembros al considerar que el gobierno de Calderón Hinojosa no mostró voluntad política para localizar a los milicianos desaparecidos en 2007 en Oaxaca.
    En el documento difundido este lunes, el grupo armado pide a los miembros de la  Codeme que “retome la función que con tanto acierto y esfuerzo sobrehumano venía desempeñando” para localizar a Reyes Amaya y Cruz Sánchez,  y les sugiere que busque “la ayuda de otros esfuerzos de quienes como los que la conforman tienen la autoridad moral para sumarse a ésta”.
    Conscientes, dicen los miembros del EPR en su documento, de las “múltiples ocupaciones de las personalidades de la Codeme”, el grupo armado pidió a los integrantes reconsiderar y reactivar su función mediadora, y lanzaron un llamado a “todo aquél que se considere un luchador social” se sume a apoyar a la Codeme.
    De aceptar los integrantes de la comisión mediadora reactivarla, el grupo armado daría a conocer los nuevos nombres que se integrarían a los trabajos de búsqueda de los guerrilleros desaparecidos.
    De acuerdo al documento, el EPR decidió insistir en la mediación de las personalidades, en respuesta a “los dichos del señor Calderón y el señor Fernando Gómez Mont de que tienen la voluntad de dialogar con el pueblo y atender todas sus demandas”, así como porque la situación de sus compañeros representa una continuidad del delito de lesa humanidad de desaparición forzada y asesinatos de luchadores sociales como política de Estado”.
    Según el grupo armado, sus compañeros Reyes Amaya y Cruz Sánchez  y otros “detenidos desaparecidos” se encuentran detenidos ilegalmente en las instalaciones del Campo Militar Número Uno, y asegura tener información que serán trasladados al “búnker de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPF)” ubicado cerca del Archivo General de la Nación.
    En su comunicado, el EPR criticó la nula actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la investigación de la desaparición de sus compañeros, al asegurar que sus funcionarios comprobaron “los obstáculos que pusieron las autoridades locales de Oaxaca y los federales” y tuvieron acceso a “los testimonios de personas que los vieron muy golpeados, graves, por las torturas que les infringieron” quienes los habrían entregado al miembros del Ejército Mexicano.
     Por lo anterior, indica el grupo insurgente, el organismo  no sólo carece de  autonomía y de facultades vinculatorias al emitir recomendaciones, sino que “en lugar de que se dedicara a defender los derechos humanos de la sociedad se dedicó a defender la impunidad de los gobernantes y funcionaros que los violaron”.
    El grupo armado hace un reconocimiento al informe de Amnistía Internacional (AI) sobre violaciones a derechos humanos cometidos por miembros del Ejército Mexicano durante la llamada guerra contra el narcotráfico, y consideró que la labor castrense también está enfocada a ubicar a luchadores sociales, pacíficos y armados,  para exterminarlos.
    Como ejemplos de lo anterior, ponen reciente asesinato del denominado comandante Ramiro, Omar Guerrero, guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), así como de otros crímenes ocurridos en Puebla, Chiapas, Chihuahua y Morelos.

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